Sergio Rubin

Mientras se demora la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal y, por consiguiente, se especula con una postergación de la firma del Pacto de Mayo -previsto inicialmente para el próximo sábado en Córdoba, en coincidencia con la conmemoración patria-, la Iglesia no pierde la esperanza -especialmente si su rúbrica se demora- que incluya una mención a la educación como pilar fundamental del desarrollo del ciudadano y del país.

No es un anhelo “in pectore”, sino que los obispos se lo propusieron al presidente de la Nación -junto con otros tópicos como la salud- durante la visita que sus máximas autoridades le efectuaron en marzo para presentarle formalmente sus saludos, pero no lograron que Javier Milei la aceptara porque les dijo que era una declaración sobre cuestiones estrictamente económicas, reseñadas -como se sabe- en diez puntos.

A los obispos la respuesta no les satisfizo porque consideran que la asunción de un nuevo presidente con las consiguientes expectativas que suscita abre la oportunidad para un compromiso multipartidario más amplio en el que el aspecto educativo sería insoslayable, pero además porque la educación es la mejor forma de combatir la pobreza y potenciar con el tiempo el progreso económico de una nación.

La esperanza de los obispos se fortaleció luego de las masivas marchas en Buenos Aires y en el interior en defensa de la universidad pública tras el retaceo de fondos por parte del Gobierno, y la admisión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ante un reclamo del senador radical Maximiliano Abad durante su exposición esta semana en el Senado, de que el aspecto educativo podría incluirse.

Después del Estado, la Iglesia católica es la que mayor presencia tiene en el campo de la educación primaria y secundaria en el país, con escuelas en su mayoría gratuitas o con bajas cuotas -reciben un aporte estatal para sueldos de acuerdo con el nivel de sus aranceles-, que están admitiendo a muchos alumnos de padres que no pueden seguir pagando las cuotas de otros colegios.

El recorte del aporte del Estado -y el tope a los aumentos de las cuotas como ocurrió últimamente en la provincia de Buenos Aires- e incluso la baja de la matrícula por la menor cantidad de nacimientos, colocó a varios colegios católicos en una situación crítica, al punto que no se descartan cierres y, de hecho, ya se produjeron absorciones para hacerlos menos traumáticos.

Si bien lo económico es una urgencia, lo que más preocupa a la Iglesia es la deserción escolar y la pérdida de la calidad de la enseñanza, ya que sólo 13 de cada cien alumnos terminan la secundaria en el tiempo establecido y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática, según el último informe del Observatorio Argentinos por la Educación.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue recientemente elocuente frente a esta problemática. “En la Argentina de hoy siete de cada diez chicos son pobres; pibes con hambre revolviendo la basura, chicos no escolarizados, o con una instrucción demasiado básica, no pudiendo leer de corrido, o interpretar un texto”, afirmó.

Citando una encíclica de Pablo VI, señaló que “el hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de alimentos: un analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, adquirir una formación profesional, es recobrar la confianza en uno mismo y descubrir que se puede progresar al mismo tiempo que los demás”.

García Cuerva lo dijo en la homilía de la misa con motivo de los 50 años del asesinato del padre Carlos Mugica -un sacerdote de gran preocupación social-, ocasión en la que pareció hablarle al presidente, al subrayar -siempre citando el texto de Pablo VI- que “la educación básica es el primer objetivo de un plan de desarrollo”.

En rigor, hace algunos años que la Iglesia argentina está impulsando un pacto educativo -inspirado en el llamado del Papa Francisco a un Pacto Educativo Global- y a tal fin realizó hasta ahora ocho encuentros en varias provincias para lograr consensos en torno a medidas en pos de una educación inclusiva y de calidad.

Ya el año pasado, en el inicio de la campaña electoral, la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Justicia y Paz -integrada por personalidades laicas- había propuesto a los candidatos diez pautas para la construcción de consensos, entre las que se contaba la cuestión educativa.

En el punto cuatro se establecía la premisa de “fortalecer y extender la educación para todos los habitantes, a todos los niveles, respetando la pluralidad y los valores humanistas de nuestra cultura, libres de toda ideología reductiva y propiciando el desarrollo de la formación en oficios”.

La mención del respeto a “la pluralidad y los valores humanistas de nuestra cultura, libres de toda ideología reductiva” refleja la preocupación de la Iglesia por contenidos de la educación sexual (ESI) con perspectiva de género que se imparten en algunas jurisdicciones con las que no están de acuerdo.

Particularmente, los obispos están en desacuerdo con los cuadernillos destinados al nivel primario que actualmente reparte la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, en los que se afirma que el sexo no está dado por la biología, sino por la autopercepción.

Más allá de estas diferencias, está claro que todos los sectores involucrados deberían aunar esfuerzos ante el enorme desafío que plantea la situación de la educación en un país -incluyendo el financiamiento-, que llegó a estar a la cabeza en la región por la elevada alfabetización y su calidad.

Acaso su inclusión en una declaración firmada por el presidente y los gobernadores no implica que vaya a significar una sensible mejora en la educación, pero constituirá una buena señal de cara a un futuro mejor para todos los argentinos.

Presidente: aún está a tiempo.