Por: Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

Un vademécum operativo, elaborado a partir de la escucha activa de quienes han sufrido abusos en primera persona. Se trata de unas directrices destinadas a ayudar a las comunidades eclesiales en la aplicación de "medidas reparadoras", siguiendo paso a paso el proceso de denuncia y esperando su agilización general. Las directrices incluyen: "escucha informada" inicial, acceso a la información sobre el propio caso y apoyo económico, psicológico y espiritual. Todo ello asistido por declaraciones oficiales transparentes que "reconozcan el daño causado" y asuman públicamente la responsabilidad. Una "peregrinación perpetua", así definió el arzobispo Thibault Verny -presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, nombrada por el Papa León XIV el pasado mes de julio- la misión que se plasma en el II Informe anual sobre las políticas de protección en la Iglesia católica, publicado hoy, 16 de octubre.

Escucha directa a las víctimas y a las organizaciones no eclesiales

Como en el caso del 1er Informe Anual, el estudio también se ha elaborado mediante la consulta al Grupo de Escucha de Víctimas y Supervivientes y al Grupo de Enfoque del Informe Anual de la Comisión. Compuesto de forma voluntaria, fue seleccionado con criterios de diversidad en cuanto a edad, sexo y origen étnico, incluyendo cuatro regiones mundiales. Además de estos datos, se recogieron encuestas de organizaciones no eclesiásticas. Entre las cuestiones críticas que surgieron estaban la "necesidad de una Iglesia que escuche más" y la "falta de estructuras de clarificación y de información y denuncia".

Medidas reparadoras

Una primera parte del Informe está dedicada a las medidas reparadoras para las víctimas de abusos, basadas en la "escucha informada" y proporcionales al daño sufrido. El vademécum destinado a las comunidades locales prevé en primer lugar la creación de "espacios seguros" donde las víctimas/sobrevivientes puedan compartir sus experiencias, también directamente con las autoridades eclesiásticas. Se analiza el concepto de "reparación", que la encíclica Dilexit nos subraya no sólo como "un deber individual, sino como una responsabilidad compartida de toda la comunidad -con excepción únicamente de las víctimas/sobrevivientes- para promover un ambiente de atención y respeto mutuo". A continuación, se pide a la Iglesia que emita declaraciones oficiales "reconociendo el daño causado" y asumiendo públicamente su responsabilidad.

Apoyo integral

Luego se aborda el tema del apoyo, articulado en varios ámbitos, con el fin de garantizar un asesoramiento profesional y un acompañamiento espiritual a las víctimas/sobrevivientes, "con un enfoque a largo plazo". Se añade una ayuda económica adecuada para sufragar los gastos ocasionados por los abusos, incluida la atención médica y psicológica. El vademécum también prevé reforzar la protección de las víctimas mediante la imposición de sanciones significativas contra quienes hayan cometido o facilitado abusos. Las víctimas "no deben quedar en la incertidumbre sobre la responsabilidad de los autores y de quienes facilitaron o encubrieron los abusos".

Transparencia y sensibilización

A continuación, el Informe subraya la necesidad "fundamental" de acceder a la información sobre el propio caso, elemento esencial en el proceso de curación, y pide programas de sensibilización dirigidos al clero, los religiosos y los fieles laicos para promover "un proceso de curación colectivo".

Procedimientos simplificados y comunicación clara

Entre otras conclusiones más significativas, la Comisión reitera la importancia de desarrollar un "procedimiento simplificado" para la destitución de los líderes eclesiásticos implicados en "acciones y/o inacciones administrativas pasadas que hayan sido fuente de nuevos daños para las víctimas/sobrevivientes". También se recomienda "comunicar claramente" las razones de las dimisiones o destituciones y una evaluación efectiva de los progresos realizados por las iglesias locales y las órdenes religiosas en la aplicación concreta de las políticas de protección. Para ello, se propone la creación de una "red académica internacional" en la que participen centros universitarios católicos especializados en derechos humanos, prevención de abusos y protección, con el fin de recopilar datos relevantes en los países que abarca el Informe.

Acompañando al Ministerio de salvaguardia

También se sugiere la creación de un "mecanismo de denuncia/notificación sistémico y obligatorio", que sea utilizado por los distintos organismos de protección a nivel local. La comunidad eclesial, señala el Informe, tiene la capacidad de "promover una mayor transparencia y el ejercicio de la responsabilidad institucional", en línea con la petición del Papa Francisco de ofrecer "un informe fiable sobre lo que está sucediendo y lo que aún debe cambiar, para que las autoridades competentes puedan actuar". Por último, se reafirma el papel clave de los nuncios apostólicos dentro de las Iglesias locales, como apoyo y acompañamiento en el "ministerio de la protección".

Las Iglesias locales examinadas

En la sección 1, el Informe examina la labor de tutela en las Iglesias locales de varios países, como Italia, Gabón, Japón, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Guinea (Conakry), Bosnia-Herzegovina, Portugal, Eslovaquia, Malta, Corea, Mozambique, Lesotho, Namibia, Malí, Kenia, Grecia y la Conferencia Episcopal Regional del Norte de África (que incluye Argelia, Marruecos, Sáhara Occidental, Libia y Túnez). Los datos se basan en el análisis de la información recogida a través del proceso ad limina de la Comisión y se complementan con fuentes adicionales.

El caso italiano

Por lo que respecta a Italia, se visitaron las diócesis de Lacio, Liguria, Lombardía, Cerdeña, Sicilia, Emilia-Romaña y Toscana. A lo largo de los años, señala el Informe, se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de "instrumentos y políticas integrales" de prevención y protección. La Comisión reconoce el trabajo realizado por la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) en la creación de un sistema multinivel (nacional, regional, diocesano e interdiocesano) de "coordinación, formación y supervisión", destinado a apoyar a las Iglesias locales con personal profesional y adecuadamente formado. La Conferencia informa de la existencia de 16 servicios regionales de tutela, 226 servicios diocesanos e interdiocesanos y 108 centros de escucha. Ofrecen un servicio pastoral de acogida y recepción de denuncias. Sin embargo, siguen existiendo algunos retos: la Comisión señala que, aunque algunas iglesias locales han puesto en marcha iniciativas pioneras y colaboraciones con la sociedad civil, persisten "disparidades entre las distintas regiones" y la falta de una oficina centralizada para recibir y analizar las denuncias, necesaria para garantizar una gestión uniforme y eficaz de los casos.

Iglesias continentales y buenas prácticas

A nivel mundial, señala el documento, aunque algunas Iglesias de América, Europa y Oceanía muestran un fuerte compromiso con las reparaciones, existe una "excesiva dependencia" de la compensación económica, que corre el riesgo de limitar una "comprensión integral" del proceso de sanación. Además, muchas zonas de América Central y Latina, África y Asia siguen careciendo de recursos adecuados para el acompañamiento de víctimas y supervivientes. Sin embargo, se informa de prácticas ejemplares como: la práctica tradicional de curación comunitaria Hu Louifi en Tonga; el informe anual sobre los servicios de acompañamiento a las víctimas en los Estados Unidos; los procesos de revisión de directrices en curso en Kenia, Malawi y Ghana; y el proyecto de búsqueda de la verdad The Courage to Look, en la diócesis de Bolzano-Bressanone.

Curia Romana y colaboración interdicasterial

La tercera sección del documento explora las competencias de la Curia Romana en materia de protección, promoviendo un enfoque interdicasterial. En particular, el Informe analiza la contribución del Dicasterio para la Evangelización - Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares, que apoya a las comunidades eclesiásticas locales en los diversos territorios, supervisando no sólo la administración general, sino también las iniciativas de salvaguardia. Esta Sección asiste a unos 1.200 distritos eclesiásticos y ha participado activamente en la elaboración del Informe.

Ministerios sociales y protección

La Sección 4 del documento está dedicada a analizar las diversas dimensiones de la Iglesia en la sociedad, destacando las realidades que promueven los derechos de los menores y los adultos vulnerables. La edición de este año presenta una metodología piloto, aplicada a la asociación laica Opera di Maria - Movimiento de los Focolares. Acoge con satisfacción las reformas adoptadas recientemente por el Movimiento, tales como: la creación de una Comisión Central independiente para el tratamiento de los casos de abusos; una política de información sobre los abusos sexuales; y directrices para el apoyo y la reparación económica de las víctimas.

La Iniciativa Memorare

La última parte del documento está dedicada a los avances de la Iniciativa Memorare: creada por la Comisión en 2022, ha recaudado fondos restringidos de conferencias episcopales, órdenes religiosas y fundaciones filantrópicas para apoyar a las Iglesias con menos recursos del Sur Global. En la actualidad, existen 20 acuerdos para apoyar Iniciativas Memorare locales en todo el mundo, y una docena están en proceso de negociación. Entre los implicados se encuentran: Ruanda, Venezuela, Archidiócesis de Ciudad de México (México), AMECEA - Asociación de Miembros de Conferencias Episcopales de África Oriental, Provincia Eclesiástica de Chubut (Argentina), Honduras, Uruguay, Haití, Provincia Eclesiástica de Mombasa (Kenia), provincia eclesiástica de San Luis Potosí (México), Tonga, República Centroafricana, Malawi, provincia eclesiástica de Paraná (Argentina), Paraguay, IMBISA - Reunión Interregional de Obispos de África Austral, Panamá, provincia eclesiástica de Santa Fe (Argentina), Costa Rica y Zimbabue