En una fuerte jugada para llevar la muerte de Alberto Nisman y la causa AMIA al plano internacional, las entidades judías argentinas preparan en estos días una batería de iniciativas que presentarán en la ONU, la OEA y en otros foros mundiales con el mismo objetivo: intentar que los cinco iraníes acusados por el atentado a la mutual judía puedan ser juzgados en un tercer país.
Las gestiones que se realizan en el exterior y la evaluación técnica que se hace aquí de estas iniciativas están promovidas por la DAIA en su gran mayoría, aunque también cuentan con el aval de las autoridades de la AMIA.
"Hemos comenzado a realizar acciones internacionales y a evaluar alternativas jurídicas para presentar en órganos de derechos humanos de la OEA, de la ONU y en otros foros con la intención de que en el caso de que si alguno de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA es detenido en algún país pueda ser juzgado de inmediato en ese lugar", confirmó a LA NACION el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, que la semana pasada viajó a Miami y Nueva York precisamente para darle visibilidad internacional a la causa AMIA.
La propuesta que se maneja ahora en términos jurídicos es que en aquellas convenciones internacionales de las que Irán forma parte haya un compromiso de los países miembros para eventualmente juzgar a los iraníes acusados por la justicia argentina. Además, entre los otros foros a los que también se evalúa llevar el tema están el Mercosur, la Unasur y el G-20.
En rigor, Knoblovits confirmó que ésa era una propuesta que trabajaba el fiscal Nisman unos meses antes de su muerte y la había conversado con algunos miembros de la DAIA y de la AMIA ante la imposibilidad de la Argentina de juzgar en Teherán a los iraníes con circulares rojas de Interpol.
Este planteo de Nisman se condice con el escrito que el mismo fiscal había presentado ante el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, para llevar un pedido de la Argentina por la causa AMIA ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como informó ayer LA NACION.
El pedido que presentarán las entidades judías en los diversos foros internacionales está siendo evaluado en estas horas por abogados y juristas para darle forma. La idea es buscar un camino alternativo al intento de juzgamiento de los acusados en Irán, ya que eso no podrá ocurrir porque el memorándum sellado entre Buenos Aires y Teherán no fue avalado por el gobierno de Hassan Rohani y porque fue declarado "inconstitucional" por la justicia argentina.
A su vez, la posibilidad de hacer un reclamo en foros internacionales para el juzgamiento en un tercer país de los iraníes acusados contrasta con la idea del juicio en ausencia que promueven algunos sectores de la oposición y que en Israel se concretó en algunos casos, pero que despierta mucha polémica en el plano jurídico mundial.
APERTURA DE INFORMACIÓN
En paralelo a la propuesta jurídica que se llevará en la OEA y la ONU, están tramitando en Estados Unidos diversos pedidos con organizaciones de derechos humanos para que se aplique la apertura de toda la información relacionada con la causa AMIA.
En esta línea, Knoblovits se reunió la semana pasada en Nueva York con los directivos de la Antidifamation League. Allí solicitó acompañamiento para que la entidad pueda ampararse en la ley que permite el acceso a información clasificada (Freedom of Information Act, en inglés). La intención es pedir la desclasificación de todos los documentos que se tenga en Estados Unidos sobre la causa AMIA, una iniciativa que aquí vienen sosteniendo en el país agrupaciones como Apemia (de Laura Ginsberg), o dirigentes de la oposición como Margarita Stolbizer o Víctor De Gennaro.
La estrategia de la DAIA en Estados Unidos coincide con la línea que marcó el embajador norteamericano en Buenos Aires, Noah Mamet, quien expresó: "Nisman dedicó gran parte de su vida profesional a investigar el horrendo ataque terrorista contra la AMIA. En el gobierno de los Estados Unidos creemos que su muerte no debe detener la búsqueda de justicia para las víctimas de ese brutal atentado".
Al parecer, ese planteo de Mamet fue el detonante que llevó al canciller Héctor Timerman a lanzar una fuerte advertencia a los gobiernos de Estados Unidos y de Israel. "Como canciller considero importante solicitar que el personal diplomático acreditado en nuestro país observe las normas y conductas estipuladas en la Convención de Viena o el derecho local en los casos no regidos por dicho acuerdo internacional, en especial sobre la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde prestan servicios", dijo Timerman..
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