Cuántos curas abusadores como Nicola Corradi y Horacio Corbacho existen en la Argentina? ¿Cuántos continúan en funciones en parroquias o institutos educativos y nadie los denunció aún? Ambos religiosos, acusados a 42 y 45 años de cárcel, respectivamente, por los numerosos casos de abusos sexuales en el Provolo de Mendoza, se convirtieron en el paradigma de esta gran deuda histórica de la Iglesia argentina. Pero la Iglesia sabe que puede haber muchos casos más.

Para dar cuenta de esa problemática, en junio próximo la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el organismo permanente de la Iglesia católica en el país, deberá tener lista una actualización del Protocolo 2020 para erradicar y prevenir casos de abuso. El Equipo de Investigación de Perfil Educación accedió en exclusiva a sus principales lineamientos y en este informe se detallan todas las novedades.

En el documento elaborado por la CEA, que será presentado en pocos meses, se observan pocos avances significativos con el que se oficializó hace cinco años. Y, lo más preocupante, es que áun se mantiene lo que las víctimas califican como una “red de encubrimiento” en favor de los abusadores.

En el Protocolo que rige actualmente, la Iglesia realiza una defensa corporativa de los propios curas. “Proteger la buena fama del acusado” es una frase que se repite constantemente en las 26 páginas oficializadas en 2015. Allí, el principal obstáculo que atenta contra la transparencia y una acción eficaz y contundente contra los acusados es la lentitud del proceso canónico, que puede llevar años e incluso puede no coincidir con el judicial.

Por ejemplo, si ocurre una denuncia de abuso en una diócesis se comunica a la Iglesia y desde allí va al Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal Argentina para que el obispo pueda iniciar un expediente. Luego, las autoridades de la Iglesia elabora un dictamen y, si hay pruebas, desplazan al cura acusado y, en última instancia, el caso puede llegar a los vicasterios vaticanos como lo establece el Derecho Canónico. Allí el Papa tiene la última palabra sobre si decide relevar al denunciado del estado sacerdotal.

Pero suelen pasar muchos años hasta que pueda haber alguna definición. La práctica más común contra el acusado son los traslados, que terminan representando el mecanismo de encubrimiento más frecuente ya que al sacerdote no lo suspenden. Mientras, en paralelo, se le sugiere al denunciante que concurra a la justicia civil o penal. 

 El avance más importante con la actualización del nuevo Protocolo 2020 será que, por primera vez, se obliga a todos los religiosos a denunciar inmediatamente los casos de abusos, acosos e incluso los encubrimientos anteriores. Para ello tienen 48 horas a partir de que reciben la denuncia. En cambio, en la actualidad tienen hasta seis meses para hacerlo.

Según los lineamientos propuestos, a los que tuvo acceso el Equipo de Investigación, el obispo que dilata o encubra un proceso canónico, podría llegar a ser destituido. No obstante, para las organizaciones que se dedican a combatir el abuso sexual por parte de la iglesia, la destitución de un cura es prácticamente imposible.

“Un obispo no puede sancionar a un abusador si antes no lo amonestó. Es decir, desde que lo amonesta, hasta que termina el procedimiento de investigación con una sanción, si es que la hay, pueden pasar semanas, meses o hasta años y el cura puede seguir abusando tranquilamente. La violación de menores está protegida institucional y normativamente por una parte de la Iglesia”, dijo para esta investigación Carlos Lombardi, abogado y miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, el único actor colectivo en el país integrado por víctimas de abuso religioso. 

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Por otra parte, en el Protocolo 2020 no se observa la necesidad de lograr una mayor celeridad de la investigación y resolución eclesiástica. Tampoco se plantean penas más duras contra los sacerdotes acusados, ni se ordena que se los separa de su cargo anticipadamente. 

En cambio, en esta actualización elaborada por la Conferencia Episcopal Argentina sí se buscará la posibilidad de implementar en cada una de las diócesis una “mínima estructura capacitada para la recepción de consultas y otorgamiento de lineamientos y/o guía para el abordaje interdisciplinario de la problemática”. Esta estructura podría estar integrada por laicos y laicas. Y, según los lineamientos observados en el material que será oficializado en junio, estará integrada por psicólogos, sacerdotes, obispos y abogados, entre otros.

Por último, y no por eso menos importante, los nuevos linemientos pondrán el foco en el uso que tienen los curas de las nuevas plataformas tecnológicas, es decir la utilización de redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Las víctimas denuncian que, muchas veces, las redes sociales son la puerta de acceso a los casos de abuso sexual.

Monseñor  Oscar Vicente Ojea, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)

En cuanto a las víctimas, si bien adelantan en la Conferencia Episcopal que habrá algunas mejoras sustanciales, no se perciben fuertes cambios en la nueva guía para la Iglesia en casos de abuso sexual.

Por ejemplo, el actual Protocolo es arduo y riguroso para una persona que denuncia un presunto abuso sexual: además de quedar relegadas a un rol secundario, las víctimas deben exponerse pruebas para que la denuncia se impulse en el proceso canónico. Con la nueva guía la Iglesia buscará que entre las “modernizaciones” sugeridas se contemplen aspectos en donde se revalorice el rol de las víctimas a través de la necesidad de brindar apoyo y herramientas psicológicas. Además, en la CEA aseguran al Equipo de Investigación que se promoverá  la “escucha activa” a la víctima y la prestación de asistencia psicológica y acompañamiento terapéutico.

 

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La Iglesia tiene una estructura propia que se encarga de llevar la administración de justicia. En la Argentina hay 8 tribunales interdiocesanos de primera instancia y 1 tribunal nacional de segunda instancia. Están repartidos por todo el país en las siguientes zonas: Buenos Aires (Tribunal A); Córdoba (B); La Plata  (C); Tucumán (D); Santa Fe (E); Neuquén (F); Corrientes (G). El tribunal a nivel nacional (segunda instancia) lo conduce el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires.

Como se ha mencionado, el Papa tiene la última palabra sobre si decide relevar al acusado del estado sacerdotal. Pero no siempre sucede. Por caso, es posible citar dos ejemplos paradigmáticos de curas a los que jamás se los retiraron: Julio César Grassi, condenado por la Justicia argentina a 15 años de cárcel por abuso sexual infantil y corrupción de menores; y Christian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por su rol en las violaciones de derechos humanos en la última dictadura cívico-militar.

 

El máximo referente de este problema en la Iglesia es el obispo de San Francisco (Córdoba) Sergio Buenanueva, titular del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina.

Los abusos sexuales sacudieron los cimientos de varias iglesias en el mundo. Por ejemplo, en agosto de 2018 en Estados Unidos, la Corte Suprema de Pennsylvania elaboró la “más amplia y exhaustiva sobre el abuso sexual infantil dentro de la iglesia católica que se haya producido”, según el fiscal General de Pensilvania, Josh Shapiro. Allí se identificó a más de mil víctimas infantiles de abuso sexual cometidos por más de 300 sacerdotes.

En Irlanda se elaboraron los informes Murphy y Ryan, en donde se detalló como La Iglesia Católica irlandesa, en connivencia con las autoridades, ocultó durante décadas los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes de la Arquidiócesis de Dublín. Allí 320 personas acusaron a 46 sacerdotes, 11 de los cuales fueron condenados por abusos sexuales a menores, por hechos ocurridos entre 1975 y 2004. Mientras que en Alemania 3.677 niños, en su mayoría varones menores de 13 años, fueron víctimas entre 1946 y 2014 de abusos sexuales cometidos por 1670 miembros del clero. Y en Chile existen 158 casos acuales y 219 personas investigadas en procesos de abuso sexual que habrían sido cometidos por religiosos, según el último informe de la Fiscalía Nacional chilena.

El máximo referente de este problema en la Iglesia argentina es Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba. “Esta es una de la crisis más graves que tiene la Iglesia en mucho tiempo”, confesó al Equipo de Investigación.

“Me genera mucho dolor. Me pregunto cómo ha sido posible que los curas, que tenemos como vocación ayudar a las personas, nos convertimos en depredadores. Este tipo de delitos dejan huellas muy grandes”, completó Buenanueva, que también es titular del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina, que organización de la Iglesia argentina encargada de establecer los lineamientos principales para la confección del Protocolo 2020.

“A las víctimas hay que creerles siempre. La cultura acá era todo lo opuesto, de relativizarlo. Hoy estamos revisando esto. A la víctima hay que escucharla, acompañarla en el proceso”, reconoció Buenanueva y aseguró que en esta etapa se hará hincapié en la formación de las nuevas camadas de curas y obispos.

 

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“Hay una incompatibilidad entre lo que dice ahora la Iglesia y el Protocolo. Lo que se propone es: cuidemos al sacerdote pero escuchemos lo que están diciendo las víctimas. Hay que ponerse en el lugar del otro. En mayo habrá una Asamblea Plenaria, en donde estarán todos los obispos de Argentina y este tema será central”, adelantó al Equipo de Investigación el referente de Comunicación de la CEA, Gonzalo Moreira. 

Para dar cuenta de la problemática que enfrenta la Iglesia argentina en casos de abuso sexual, el Equipo de Investigación accedió en exclusiva al informe 2019 de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. Allí se releva el estado de situación pormenorizado tanto de casos y acusados como de “prebendas” y  acciones llevadas a cabo.

Según este informe, hay 36 casos en todo el país a los que la Red asesoró, ya sea sea a través del patrocinio letrado, articulación con otros profesionales o acompañamiento terapéutico, entre otros. “Las actualizaciones que pudimos averiguar que la Iglesia va a implementar son muy pobres. Ahora parece que se preocupan por las víctimas. El único avance fue el levantamiento del secreto pontificio que no fue mérito de Jorge Bergoglio, sino de las víctimas y por presión de la Justicia. Las demandas que ganaron nuestros representados fueron por haber negado información a las víctimas”, explicó Lombardi al Equipo de Investigación.

Cabe destacar que la propia Red tiene un protocolo propio en donde aconseja y brinda herramientas a quienes padecen estas situaciones. En ese marco, uno de los casos paradigmáticos de los últimos tiempos fue el de Valeria Zarza. Exmonja del Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista de Salta, vivió en carne propia el terror: denunció al padre Agustín Rosa por abuso de jóvenes. Allí comenzó su calvario: Zarza estuvo deprimida, quiso suicidarse y dejó los hábitos. La acusaron penalmente de ser abusadora sexual de una jovencita, caso en el que la Justicia la absolvió.

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Zarza reveló al Equipo de Investigación un dato impactante: solo en dos años mientras permaneció en la comunidad tomó conocimiento de casi 175 casos de abusos. “Pensé que la Iglesia nos iba a escuchar lo que estábamos viviendo. Nunca me ofrecieron acompañamiento espiritual. La Iglesia trata de desestimar lo que uno dice porque no quiere escándalos, porque no saben qué hacer con lo que se denuncia, porque se guardan secretos mutuos entre curas y obispos. Nos hacen jurar frente a la Biblia que nunca vamos a decir lo que escuchamos y decimos ahí dentro para que no se lo contemos a nadie. El padre Agustín Rosa no es una pieza suelta, un caso aislado. Él es la consecuencia de un sistema de encubrimiento”, dijo Zarza para esta investigación.

Los abusos sexuales en Argentina, lejos de detenerse, continúan. La pandemia mundial que heredó y que continúa bajo la era Francisco, tiene un correlato importante en el país. Sin embargo, tanto a nivel mundial como local, no existen datos oficiales que permitan dimensionar qué magnitud tiene.

El Equipo de Investigación consultó a la Conferencia Episcopal Argentina sobre si se conformó un mapa sistematizado acerca de los casos que brotan a lo largo y ancho del país. La respuesta fue: “Se está trabajando en el tema”. Y anunciaron el lanzamiento de la Página Web del Consejo de Protección de Menores y Adultos Vulnerables ([email protected]) el pasado 27 de septiembre de 2019. Desde entonces ya se recibieron 37 mails.

“Por el momento 2 consultas han resultado ser referidas a una gravedad cierta, también ya conocida y puesta a disposición de la justicia civil y por otro lado, canónica”, explicaron desde la Conferencia Episcopal Argentina para esta investigación.