Sergio Rubin

El populoso partido de La Matanza se convirtió en los últimos meses en escenario de malas noticias para los curas villeros, más allá de la situación social agravada por la cuarentena. Primero fue la falta de testeos y la deficiente asistencia sanitaria en los barrios populares que los obligó a reclamar “una presencia inteligente del Estado”, en un duro comunicado. Después, ocurrió la muerte del padre Basilicio “Bachi” Brítez tras contraer el COVID por ayudar a los vecinos de su populoso barrio. Y en los últimos días el padre Nicolás “Tano” Angelotti -a cargo de una enorme obra religiosa y social en los barrios San Petersburgo y Puerta de Hierro- sufrió un violento robo que para sus colegas se trató, en realidad, de “un amedrentamiento”.

El último domingo a la noche cuando regresaba a su parroquia San José, Angelotti fue rodeado por ocho personas que se deslazaban en cuatro motos, le dieron un culatazo, hicieron seis disparos apuntando al piso y se llevaron su celular y su camioneta que luego apareció intacta en Merlo. El miércoles varios de los curas villeros lo visitaron en su parroquia con motivo de su cumpleaños número 36 y leyeron en la ocasión un comunicado subido a las redes sociales en el que -en nombre del Equipo de Curas de las Villas y Barrios Populares de Buenos Aires y del GBA- repudian “enérgicamente el robo violento y la intimidación que sufrió el domingo a la noche el padre Tano” y manifiestan su “gran preocupación”.

La primera sospecha que surge en estos casos es que la intimidación provendría del narcotráfico porque los curas villeros son en cierta forma una barrera de contención en las barrriadas populares y asisten a muchos adictos, particularmente a través de los llamados Hogares de Cristo. De hecho, el padre Angelotti cuenta en su jurisdicción con varios de estos hogares. Además, uno de los firmantes del comunicado es el conocido padre José María “Pepe” Di Paola, quien hace una década, siendo párroco en la villa 21 del barrio porteño de Barracas, fue amenazado y el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, para protegerlo decidió  su traslado por dos años a la localidad de Campo Galo, en Santiago del Estero.

Sin embargo, en los medios eclesiásticos vinculan esta vez el amedrentamiento a las “mafias que promueven la toma de tierras fiscales y su explotación” en La Matanza y se oponen a un tratamiento legal de la carencia de viviendas que propician los curas villeros. En junio, el obispo de San Justo, Eduardo García, y sus curas villeros denunciaron que “junto con las necesidades, muchos utilizan a los vecinos como punta de lanza y, una vez que los terrenos están ocupados, los desalojan e inescrupulosamente los venden ante la vista gorda de muchos". Fue luego de que se echara a rodar que promovían las tomas. "Los curas de barriadas vulnerables no organizan tomas como algunos andan diciendo”, aclararon.

En aquel pronunciamiento decían que "es una vergüenza que existan terrenos abandonados y convertidos en basurales, junto a barrios populares en los que conviven hacinadas hasta 3 familias en un mismo terreno, con viviendas precarias y sin acceso al agua". Pero expresaban su “total repudio a los inescrupulosos oportunistas que aprovechan estos legítimos reclamos para realizar negocios turbios. La tierra –añadían- es para quien la necesita y no tiene medios para adquirirla, no para quienes pretendan lucrar con la necesidad de los pobres".

A raíz de la prolongada situación en el predio de Guernica, diversas instancias de la Iglesia rechazaron la toma de tierras, pidieron que el conflicto se supere a través del diálogo y reclamaron que se atienda el déficit habitacional.