Mauricio Macri y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina se vieron las caras ayer en Casa Rosada, en un encuentro que duró poco más de una hora. La reunión forma parte de la serie de entrevistas formales entre los obispos y el Presidente, esta vez con el fin de intercambiar saludos protocolares por la Navidad. Y si bien los voceros de ambas partes reafirmaron el clima de cordialidad y de “diálogo abierto” que primó en el encuentro, se supo también que quedaron expuestas las diferencias de análisis sobre la situación que atraviesa el país en términos sociales. Los obispos encabezados por su presidente, Oscar Ojea, le señalaron al presidente Macri su “inquietud” por lo que ellos calificaron de “nuevas divisiones en la sociedad argentina, atravesada por la brecha de la inequidad”.

El titular del Episcopado y obispo de San Isidro fue el principal vocero eclesiástico en la reunión y sus exposiciones e interrogantes recibieron respuestas o directamente réplicas ensayadas en la mayoría de los casos por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, también presente en el encuentro. 

Reafirmando la idea de que sus apreciaciones se hacen desde “su mirada de pastores”, los obispos fueron más allá de las cuestiones protocolares y aprovecharon la oportunidad para “expresar su preocupación por el aumento de la pobreza” que, según mediciones recientes de la Universidad Católica Argentina, alcanza al 33,6 por ciento de la población, mientras que la indigencia, según la misma fuente, trepa al 6,1 por ciento de quienes habitan en el país. 

Además de Marcos Peña, acompañaron a Macri en la reunión la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, el canciller Jorge Faurie y el secretario de Culto, Alfredo Abriani. Este último, un hombre de extrema confianza del jefe de Gabinete, fue el encargado de negociar con los obispos el retiro paulatino de los aportes del Estado a la Iglesia, información que fue difundida en días pasados. Dentro del gabinete, Stanley es la ministra que mantiene los contactos más asiduos con los obispos, en particular para atender cuestiones relacionadas con los temas sociales.

Por parte del Episcopado, además de Ojea participaron el cardenal porteño Mario Poli, vicepresidente primero, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, vicepresidente segundo, y el secretario general y obispo de Chascomús, Carlos Malfa.

En su análisis de la cuestión social, los obispos también expusieron su preocupación por “la baja del consumo, el aumento del desempleo y el aumento de la desnutrición infantil”, produciendo un intercambio entre Ojea y Macri que, sin perder el tono de cordialidad, dejó claras las distintas perspectivas. Presentando lo que vienen recogiendo en diferentes fuentes y en su trabajo territorial, los obispos hicieron una exposición acerca de la agenda social que les preocupa y que han dialogado con diferentes actores de la sociedad en los últimos meses.

Frente a estas cuestiones, el Presidente sostuvo que “todavía tenemos meses duros por delante” y argumentó que “no ignoramos los problemas” porque “estamos en el territorio y sabemos lo que pasa”. Los funcionarios presentes admitieron que existen problemas en materia de desnutrición infantil, en particular en primera infancia, y en cuanto al aumento de la droga-dependencia. En este sentido, los representantes del gobierno nacional expusieron sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico, en tanto que los obispos insistieron en la necesidad de atender la realidad de la droga-dependencia en los barrios marginales donde el problema crece “de modo más preocupante”. Para ello, la delegación episcopal solicitó un incremento del presupuesto para la Sedronar “ya que no solo es importante combatir la oferta de droga, sino también atender la demanda” de las víctimas.

En defensa de la gestión del gobierno, tanto Marcos Peña como Carolina Stanley señalaron que algunos de los problemas planteados por los obispos tienen que ser solucionados por las provincias porque “no son competencia del Estado nacional”.

Ampliando el abanico de los problemas, los obispos también expusieron acerca de las dificultades que se vienen planteando en los proyectos de agricultura familiar, en especial en el interior del país, por entender que de estos emprendimientos no solo dependen muchos puestos de trabajo, sino también la calidad alimentaria de gran parte de la población. La agricultura familiar ha sido una de las actividades más golpeadas por el recorte presupuestario decidido por el Gobierno.