Mariano De Vedia

En una carta enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la comisión ejecutiva del Episcopado pidió que el Senado trate con urgencia el proyecto que impone regulaciones y controles a las apuestas online. La iniciativa fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados y corre el riesgo de perder estado parlamentario si no es sancionada antes del cierre del período ordinario de sesiones.

El reclamo y la preocupación que la Iglesia transmitió también a los senadores del oficialismo y de la oposición, apunta a poner un freno al crecimiento de las apuestas en línea, que provocan un fuerte impacto en los jóvenes, niños y adolescentes.

“La ludopatía es un atentado contra la vida. Es urgente el tratamiento del proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados”, dice la nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con el vicepresidente primero y arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi; el vicepresidente segundo y obispo de Jujuy, monseñor Cesar Daniel Fernández, y el secretario general y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

El padre Munir Bracco, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, expone en el Senado , en una audiencia sobre el proyecto que regula las apuestas en líneaGentileza

Como en oportunidades anteriores, los obispos advirtieron que “la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un casino, incluso por niños y adolescentes”.

En julio de 2024, las comisiones de Pastoral Social de las distintas diócesis del país alertaron sobre “una realidad que no discrimina clase social, ni región geográfica” y “el daño social que se está ocasionando”. La Iglesia viene siguiendo atentamente el tema a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.

Ante el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario, la Iglesia expresó la necesidad de que “sea debatida y aprobada”.

“Fuertes presiones”

El miércoles pasado, el sacerdote cordobés Munir Bracco expuso en un plenario de las comisiones de Salud, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales del Senado y denunció “las fuertes presiones que ejercen los intereses económicos detrás de este negocio”. Ante los senadores, el vocero del cardenal Rossi en Córdoba dijo que “el punto central es si existe voluntad política para poner límite a esta peste que causa estragos en todos los rincones de nuestra patria y amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”.

“Asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”, señaló el sacerdote en su exposición.

En la nota a Villarruel y a los legisladores, los obispos recogen las expresiones del representante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y señalan que “la apuesta deportiva es todo lo contrario a lo que propone el deporte; por eso insistimos en que apostar no es jugar, no hablamos de juego. Jugar es otra cosa”.

La preocupación del Episcopado se conoce luego de recientes reclamos de obispos por “el retiro del Estado” ante el flagelo de las drogas y el avance del narcotráfico. “Lo reiteramos ahora ante esta otra adicción que atraviesa edades y clases sociales: si el Estado se corre o demora su respuesta, los daños serán cada vez más profundos y difíciles de revertir”, alertaron.

“Por eso consideramos −añaden los obispos− que el tratamiento de esta ley no puede demorarse más. Dejarla caer sin que haya sido debatida sería un gesto elocuente de desinterés e indiferencia ante un problema que afecta gravemente a miles de familias argentinas. La sociedad necesita ver que sus representantes están dispuestos a dar una respuesta responsable, más allá de presiones o conveniencias".

Y advierten que “la cuestión de fondo ya no pasa por reconocer los daños de la ludopatía −que son evidentes−, sino por saber si existe la voluntad política de dar el paso necesario para cuidar a los más vulnerables”. En este sentido, citan al papa Francisco, al recordar que “los gobiernos no pueden ser cómplices de instigación a la ludopatía”.

Desde que comenzó el debate sobre la prevención de la ludopatía en la Cámara de Diputados, la Iglesia insiste, entre otras medidas, en que se instrumenten impedimentos de medios de pago asociados a cuentas en las que se depositen los pagos de planes y programas sociales, el bloqueo de dominios de Internet de sitios ilegales, el cierre de cuentas bancarias utilizadas para realizar apuestas ilegales y la imposibilidad de realizar transferencias de divisas al exterior a cuentas de propietarios de sitios de juego ilegal.

También reclama el aumento de sanciones en el Código Penal para quienes permitan el acceso a actividades de juego de azar a menores; el diseño de un plan de acción para atender a las víctimas de la ludopatía por juegos y apuestas en línea, especialmente jóvenes y niños, y la decisión de prohibir a clubes deportivos y entidades de bien público que puedan ofrecer publicidad de apuestas, además de “fuertes sanciones para las empresas que violen la ley”.