Ni la Iglesia ni nadie puede ignorar que gran parte de las dificultades socioeconómicas que atraviesa hoy la Argentina encuentran su raíz en una colosal corrupción que la asoló por mucho tiempo.

Al margen de que la búsqueda de la unidad entre los argentinos, la pacificación de los espíritus y la paz social son objetivos centrales de la Iglesia, no puede ser bueno para el país ni para la propia jerarquía eclesiástica que esta quede envuelta, como ha ocurrido en los últimos días, en actos reprochables. No puede ser positivo que la opinión pública termine discutiendo si las autoridades de la Iglesia están apañando a dirigentes políticos o sindicales acusados de gravísimos hechos de corrupción ante la Justicia.

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La controversia creció luego de la misa oficiada por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, frente a la Basílica de Luján, a la cual convocaron algunos de los dirigentes de los gremios más combativos, encabezados por los camioneros Hugo y Pablo Moyano, a quienes se vio sentados en la primera fila durante la celebración religiosa, junto a otros sindicalistas y dirigentes del peronismo bonaerense que son responsables directos de la delicada situación socioeconómica que sufre la mayor provincia del país.

Desde distintos sectores se escucharon críticas a monseñor Radrizzani, por cuanto se juzgó imprudente su actitud, que dejó a la Iglesia asociada con un sector fuertemente enfrentado con el gobierno nacional, que además afronta severas denuncias en la Justicia. No les falta razón a los críticos de Radrizzani, si se analizan algunas de las palabras pronunciadas por el arzobispo en aquella misa.

En lo que se asemejó a una defensa de los Moyano frente a los problemas sobre los que deben rendir cuentas en los tribunales, Radrizzani expresó: "Sufrimos un Poder Judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia".

La misa de Luján, que lamentablemente tuvo algunos condimentos propios de un acto político opositor, fue el corolario de una serie de hechos que marcaron un intento de acercamiento a la jerarquía eclesiástica de parte de sindicalistas enfrentados con el gobierno nacional.

Una semana atrás, el obispo Jorge Lugones, presidente de la Comisión de Pastoral Social, recibió a Hugo Moyano, justo en momentos en que un fiscal pedía la detención de Pablo Moyano por el presunto delito de asociación ilícita en una causa judicial vinculada con el club Independiente, del que este es vicepresidente.

La citada comisión negó que aquella reunión hubiese constituido un apoyo eclesiástico a los Moyano y aclaró que el encuentro se hallaba previsto desde hacía tiempo. Sin embargo, la oportunidad y el tono no pueden pasar inadvertidos.

Debe quedar claro que hasta personajes asociados con prácticas delictivas tienen derecho a asistir a misa y a reunirse con representantes de la jerarquía religiosa. Lo que no se puede permitir es que busquen colgarse de una sotana para presionar al poder político, ni mucho menos a la Justicia, frente a las gravísimas denuncias que sobre ellos pesan. Hay que recordar que Pablo Moyano afirmó que la misa en Luján "no se podría haber realizado sin la venia del Papa".

Cabe preguntarse si todas las autoridades de la Iglesia poseen plena conciencia sobre lo que debe entenderse por la ejemplaridad de sus conductas y sobre la necesaria prudencia que debe exhibir en todo momento una institución fundamental en la estructura social de la Argentina.

Podría señalarse en defensa de la equivocada actitud de algunos miembros de la jerarquía católica que Jesucristo también se solazó en compañía de los desposeídos y rezagados de la Tierra. Dejando de lado el indiscutible hecho de que ninguno de los políticos o gremialistas presentes en los mencionados encuentros de la Iglesia es precisamente un desposeído, es cierto que el fundador del cristianismo se juntaba con ellos para hacerles llegar su propio mensaje y no para difundir, amparado por una posición de privilegio, lo que esos marginales tuvieran para decir sobre sus modos de pensar o su particular interpretación de la moral.

Durante una entrevista que se publica hoy en LA NACION, Eduardo García, obispo de San Justo y prelado cercano a Jorge Bergoglio, expresó desde Roma su malestar por el debate surgido en nuestro país en torno de la polémica misa. "No podemos seguir involucrando al Papa en nuestras pequeñeces [...] Él no se va a poner a desmentir, esta no es una feria de barrio", dijo.

 

 

Tristemente, y por exclusivo mérito de algunos pocos de sus representantes, la Iglesia ha quedado abrazada en estas horas a uno de los sectores más oscuros y corruptos de la vida argentina. Los esfuerzos posteriores para darles interpretaciones ingenuas o poco creíbles, antes que servir como ejemplo constructivo para la concordia y la paz, han constituido una patética contribución a la confusión y al acentuamiento de la grieta social.