Por Washington Uranga

“No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos” afirman los sacerdotes católicos de villas y barrios populares y del Hogar de Cristo en un documento público en el que rechazan el recorte de las políticas públicas en villas y asentamientos en directa alusión de la decisión del Poder Ejecutivo de bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) que permitió avanzar en mejoras en materia de vivienda e infraestructura en los barrios. La medida dispuesta por el presidente Javier Milei se concretó mediante un decreto que estuvo antecedido por una campaña mediática destinada a descalificar la importancia del Fondo y denunciar supuesta corrupción y mala administración que luego fue desmentida por evaluaciones hechas por los propios organismos oficiales.

Durante el gobierno de Alberto Fernández la gestión de los fondos del FISU estuvo a cargo del ex Ministerio de Desarrollo Social y ahora los ataques desde el gobierno tuvieron como directo destinatario a Juan Grabois bajo la acusación de que se trataba de una “caja” controlada por el dirigente peronista a través de personas vinculadas con él.

En su documento los sacerdotes católicos sostienen que “una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados” y subrayan que “el preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son: afianzar la justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar general”.

Haciendo historia los curas recuerdan que “antiguamente, las villas no figuraban en los mapas”, sino que “aparecían como espacios verdes" hasta que “en un momento dado, la sociedad ‘se desayunó’ con la existencia de las villas” y, entonces, “se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana”.

Afirman también los sacerdotes que se dieron pasos y “gracias al relevamiento que nos permitió llegar al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad”.

Por eso, señalan, “en medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares” que “las mismas posibilitaron crecer en inclusión” y “así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios” y “otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas”.

Siguiendo con su razonamiento los curas afirman que “la intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer” porque “no es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos” porque es “es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores”.

Por eso ante la decisión del Ejecutivo de restringir sustancialmente el FISU el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares y Hogar de Cristo de la Argentina sostiene que “bajar el presupuesto Fondo de Integración Socio-Urbana sería volver para atrás”, y afirma que “no podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social” dado que se trata de “prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.

El texto finaliza con un pedido al Gobierno Nacional para que “se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva” y expresa su confianza “en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió”.