AMIA | Oficializan la designación de Cimadevilla en la Unidad Especial de Investigación, que no será secretaría

AMIA | Oficializan la designación de Cimadevilla en la Unidad Especial de Investigación, que no será secretaría

 Se publicó ayer, miércoles, en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto 108/2016, firmado por el Presidente, Mauricio Macri; el jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano, que oficializa la designación de Mario Cimadevilla (foto) al frente de la ya existente Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA, que finalmente no modificará su estatus ni denominación, como había trascendido, si bien su responsable detentará el rango de secretario.

Tampoco hay una referencia taxativa a un involucramiento en la investigación de la dudosa muerte del entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación Alberto Nisman, aunque entre los considerandos se especifica que “el gobierno tiene el máximo interés en el esclarecimiento” de un hecho “que tuvo un alto impacto en el seno de la sociedad argentina e incluso en el ámbito internacional”.

El texto explica que “en el marco de los compromisos asumidos por el Estado Argentino” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras una demanda internacional de la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa, “corresponde desplegar acciones concretas y efectivas para contribuir al esclarecimiento de quiénes fueron los autores y partícipes del atentado, como así también determinar los funcionarios públicos que al obstruir, entorpecer o desviar la investigación del mismo procuraron la impunidad de los responsables” es que “resulta prioritario fortalecer y jerarquizar” la citada Unidad, “redefiniendo el alcance de sus cometidos”.

En tal sentido, la misma “estará a cargo de un funcionario con rango y jerarquía de secretario”, que será Mario Cimadevilla, quien tendrá entre sus competencias “intervenir como querellante en las causas judiciales por encubrimiento, coordinando su accionar con la Oficina Anticorrupción”, que encabeza Laura Alonso; “monitorear el avance de la totalidad de las causas judiciales que guarden vinculación con el atentado”; proponer proyectos de ley y “establecer espacios de diálogo con las entidades de la comunidad judía y todas aquellas asociaciones comprometidas con el esclarecimiento” del ataque, en obvia referencia a las diversas agrupaciones de familiares de víctimas. 

También “establecer contacto con organismos nacionales e internacionales que puedan proporcionar aportes”, “recibir denuncias, informes y pruebas, debiendo remitirlos en forma inmediata al Ministerio Público Fiscal si resultasen relevantes”, “requerir la colaboración y asistencia de las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia para el más eficaz cumplimiento de las funciones” y “reunir la información que colecten las fuerzas de seguridad en las labores de pesquisa del atentado y causas judiciales conexas, remitiendo en forma inmediata tales novedades a la Unidad Fiscal”.

Asimismo, Cimadevilla deberá “actuar como auxiliar de la Unidad Fiscal, asistiéndola y coordinando a ese fin la labor de los organismos de seguridad e inteligencia”, “emitir informes periódicos sobre el estado de las investigaciones y la tramitación de las causas”, “proponer la designación de personal”, “propiciar las medidas necesarias para la protección de testigos cuando ésta sea solicitada por los magistrados intervinientes” y “solicitar todas las medidas que resulten necesarias y/o complementarias para el cumplimiento de los cometidos individualizados”.

El jueves, el flamante funcionario le dio la siguiente entrevista a la Agencia Judía de Noticias (AJN) en su despacho del Congreso Nacional. 

P- A estas horas se está hablando mucho sobre el juicio en ausencia, ¿cuál es su opinión al respecto?

MC- Dicen que no hay ningún impedimento en el derecho argentino para avanzar en juicios en ausencia. Es una costumbre, algo consuetudinario dentro del derecho argentino que paraliza los juicios. De hecho, hay antecedentes de que en Argentina se aceptan los juicios en ausencia. Yo estoy dispuesto a estudiar esto y a dar el debate que haya que dar, no cerrarnos en posiciones. Para el juicio en ausencia no se modifica el derecho de fondo, no se modifica la figura del Código Penal, sino que se modifican normas de procedimiento. ¿Pasó esto en Argentina? Sí. En el juicio a las juntas militares se pasó del procedimiento militar al procedimiento civil. Esto tiene que ser ley ya que puede servir para la causa AMIA pero no únicamente, porque en la Argentina hay muchos crímenes de lesa humanidad que están parados. Tenemos que discutir esto, todos podemos hacer aportes. Hay ocho imputados en el juicio por la AMIA y la pena tiene dos finalidades: que el que lo hizo pague y que la sociedad sepa si lo hizo. Es más, en los juicios en ausencia siempre se reglamenta que si hay una condena y el imputado volviera a aparecer se puede reabrir el procedimiento por si quiere aportar alguna nueva prueba. Lo del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, y lo de la AMIA me llevan a una reflexión más amplia y es un tema que este Gobierno también va a tener que encarar. La justicia en Argentina, ¿estuvo en condiciones de investigar al poder? Yo creo que no. Y tal como está, ¿está en condiciones de investigar al poder? Diría, por un montón de causas, que pongo en duda que estén en condiciones de hacerlo.

P- ¿Cree que hay un desafío? 

MC- La gente va a decir que la justicia argentina es lenta, mala y cara. La justicia tarde no es justicia. Creo que estas causas lo que ponen sobre el tapete son las limitaciones que tenemos en la Argentina para juzgar. ¿Por qué no podemos aspirar en la Argentina a una justicia y a unos servicios de inteligencia como tiene Francia? Este país tuvo un atentado y a las 24 horas sabía quiénes habían sido. Esto no va a pasar mientras se tengan servicios de inteligencia que están abocados a las internas del poder, a ver a qué juez apretamos o a ver qué operativo político hacemos con un candidato. Al servicio lo tienen que ayudar en estos casos y va a ser difícil. Más allá de lo que pasó en la AMIA o con Nisman esto pone a la vista una realidad, más allá de las necesidades de esclarecer los atentados. Hay una necesidad de un nuevo paradigma de jueces y de servicios de inteligencia.

P- Es una crítica al Gobierno que se retiró, claramente lo involucra.

MC- Claro. Los servicios de inteligencia tuvieron crisis por las internas del propio poder en el Gobierno de Cristina (Fernández). Esos servicios no te sirven.

P- ¿Y esto es una decisión política?

MC- Creo que hay que ir hasta el hueso. La justicia es un tema que nos atañe a la sociedad toda. El otro día la ministra de la Corte Suprema, Highton de Nolasco, brindó por Montesquieu, en la cena de los magistrados. Ese brindis tiene todo un mensaje para el presidente, que había nombrado dos jueces por decreto alegando la división de poderes que debe existir en una república. ¿Por qué el Poder Ejecutivo va a nombrar jueces si hay otro procedimiento? Yo brindaría por Jean-Jacques Rousseau. El que diseñó el contrato social. ¿Qué es? Todas las personas, individualmente, cedemos al Estado parte de nuestros poderes para que nos garantice la paz social. Nosotros cedemos el derecho de vengarnos del que nos hizo una macana a un juez para que lo juzgue. La gente hoy, ante cualquier ilícito, quiere linchar cuando agarra un tipo en infraganti. Esto está poniendo de manifiesto que estamos rompiendo el contrato social. Esto es grave. La gente advierte que uno de los poderes del Estado, a quien le delegamos la facultad para que nos cuide, no nos cuida.

P- Claramente, aquí entra el garantismo…

MC- Es algo que no está mal, pero lo que sí lo está es buscar impunidad desde el garantismo. Porque no está en defensa del imputado, está en defensa de la sociedad. Lo que pasa es que cuando uno lo desnaturaliza lo que hace es buscar impunidad. Ha habido en el país durante estos años una malversación del funcionamiento de todo.

P- ¿Tiene que ver con el ex juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni?

MC- A eso voy. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice él en este sentido. Hemos malversado el funcionamiento de todo en la Argentina. ¿Un ministro de economía puede tomar decisiones si no tiene datos certeros que los da el INDEC? Imposible. Esto no quiere decir que el INDEC sea malo. Es bueno, lo que pasa es que lo hacemos funcionar mal. El Congreso en una república es el organismo más político, el de mayor control y el de los grandes consensos. Terminó funcionando como una escribanía del poder. ¿Esto quiero decir que el Congreso está mal? No. Lo que pasa es que no podemos malversar el funcionamiento. Con el garantismo pasa lo mismo. No está puesto para el delincuente, está puesto para la sociedad.

P- En su futuro rol necesita una herramienta de justicia, no sólo para la AMIA y Nisman, sino para esta nueva etapa.

MC- La sociedad argentina necesita una mejor justicia. Por qué cada vez que se firma un contrato se ponen cláusulas de jurisdicción extranjera. ¿Uno se sometería a la jurisdicción del juez federal Norberto Oyarbide? Por decirte un juez que está estigmatizado como mal juez. ¿Por qué se piensa que los niveles de corrupción han sido tan grandes en Argentina? ¿Se piensa que la justicia no tiene nada que ver? Hemos visto como los jueces les cierran las causas con una premura extraordinaria a funcionarios enriquecidos ilícitamente. En la justicia hay muy buenos jueces. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura y sé lo que digo. Hay jueces que yo he defendido y jueces que yo he cuestionado. Pero creo que la causa AMIA y la causa Nisman lo que están poniendo en evidencia es que tenemos un mal funcionamiento de la justicia.

P- Lo que estamos viendo en estas horas respecto a los prófugos, ¿está mostrando la dificultad de que si el día de mañana algún funcionario tiene problemas con la justicia no se pueda resolver?

MC- Creo que el grado de descomposición durante estos años, las complicidades que ha habido entre la política, las mafias y la droga es un tema que hay que abordar y desarmarlo. Claro que va a costar, se han metido en las estructuras del Estado. Yo he escuchado hablar de la maldita policía. ¿Hace cuantos años? ¿Algo ha cambiado? En algún momento vamos a tener que cambiar. De lo contrario nos tenemos que resignar a que las mafias, el delito, manejen a los jueces, al poder político y al Poder Legislativo. Esto es lo que hay que terminar.

P- ¿Cómo tomará la unidad fiscal AMIA y la muerte de un fiscal argentino?

MC- Tiene que ver precisamente por la investigación que estaba haciendo. ¿Qué duda tengo yo? La que tienen los 40 millones de argentinos. ¿Nisman se suicidó, lo indujeron al suicidio o hubo un homicidio? Pasó un año y ni siquiera sabemos si la justicia está investigando una, dos, tres posibilidades o ninguna. Creo que los peritajes en el caso también hablan de un mal funcionamiento de la justicia. ¿Cómo puede ser que haya peritos que digan cosas tan contradictorias analizando los mismos hechos?

P- ¿Se refiere también al juez Daniel Rafecas?

MC- Es un juez que no está en condiciones de investigar al poder. Siempre ha sido funcional a él. Se habrá escuchado decir que los jueces no dictan sentencia entre los que están en el poder, y cuando se van recién los empiezan a citar. Esto está mal. Es más, una justicia eficiente tiene que condenar aun estando en funciones. Eso demuestra que la justicia funciona. Sino lo que demuestra es cierta complacencia de los jueces con el poder. Un problema que tienen los jueces en la Argentina, que constitucional y legal, es que tienen todas las garantías: no pagan impuestos, tienen estabilidad en los cargos, es terriblemente difícil echar a un juez. Pero hay muchos que están en condiciones de vulnerabilidad porque no pueden justificar su patrimonio. Y un juez en condiciones de vulnerabilidad no puede ser un juez.

P- ¿Por dónde empieza su futuro rol?

MC- Primero quiero asumir, porque todavía no lo hice. Creo que lo que más me entusiasma es el cambio de paradigma. Esto que estoy diciendo es compartido por todos que están con responsabilidades políticas. Por otro lado, lo que estoy haciendo es interiorizándome con la gente que ha estado trabajando estos años en la AMIA. Me queda charlar con muchos todavía. Porque, vuelvo a repetir, si esta causa no murió es gracias a los aportes que cada agrupación ha hecho. Lo que no queremos es hacer más de lo mismo. Queremos que adviertan que hay una voluntad de investigar. El ex presidente Carlos Menem, el juez Juan José Galeano y Hugo Anzorreguy, el jefe de la SIDE de ese entonces, fueron procesados por encubrimiento pero no hubo un Estado que investigara. Hubo un Estado que encubría. Pero esto se terminó. Yo creo que este nuevo paradigma va a dar lugar a que se colecten muchas pruebas que hoy no están. No sé si será igual o será procedente. Si abrimos un espacio en el que todos puedan colaborar podremos esclarecer muchos de los hechos que hoy no están esclarecidos. Más allá de los autores materiales del hecho, esos atentados no se hacen si no se tiene colaboración o logística local. Yo quiero saber quiénes son los argentinos que se prestan a que se maten otros argentinos.

P- ¿Qué considera que tendrá bajo su responsabilidad?

MC- Argentina tiene un compromiso tomado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que asume la responsabilidad por el atentado, tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA. Allí el país se comprometió a, desde el Poder Ejecutivo, hacer los esfuerzos necesarios para aportar todos los elementos que los jueces pidieran para esclarecer estos temas. Cuando vino el presidente Néstor Kirchner cambió la lógica esta y fue a través de la procuración que se siguió con esto. La idea es reflotar el compromiso. Hoy hay un Ejecutivo que desistió de un recurso de inconstitucionalidad con el tema de Memorándum de Entendimiento con Irán, que tiene otro paradigma, que cree que los servicios de inteligencia deben cumplir otra finalidad. Creo que los archivos que pueda haber en la SIDE deben conocerse porque está toda la sociedad afectada, tenemos derecho a saber qué pasó. Murieron más de 80 argentinos allí, afecta a la condición humana. Creo que se puede haber avances, que no pueden haber secretos en el Estado para esclarecer este tema. Una buena política del Estado es que si hubo complicidades gubernamentales decir cuáles fueron y quiénes fueron los responsables.

P- El 18 de julio en el calendario argentino, aniversario del atentado a la AMIA, es un tema sensible y dentro de poco, el 18 de enero, se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Nisman, ¿cuál es el mensaje a la sociedad desde este rol que le toca?

MC- He visto algunas medidas que ha tomado la jueza de la causa Nisman, Fabiana Emma Palmaghini. Apartó a la fiscal de la instrucción de la causa y tomó algunas medidas que indicarían que quiere trabajar en una línea determinada, según me parece. Creo que tiene una posición tomada y que va a trabajar sobre una de las alternativas (suicidio, suicidio inducido y asesinato) y no sobre las tres. En esto tenemos que ser prudentes y esperar estas medidas de prueba a ver qué resultados tienen. Daría la sensación de que se está acercando a la hipótesis de un homicidio. Sino esperamos entramos a presionar a los jueces, y no es bueno.

P- ¿Imagina al presidente Mauricio Macri en la ONU este año haciendo un reclamo por la AMIA?

MC- Es un foro apropiado por lo menos para plantear la falta de colaboración que hemos tenido de algunos países de la ONU para que esto se esclarezca.

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