Pronto entrará en vigencia la Ley que reivindica los derechos como españoles a todos aquellos Sefaradíes que fueron expulsados de la España de la inquisición, de su país de origen y de arraigo, en el que por siglos aportaron para su desarrollo.

La ley es todo un triunfo en lo que a Derechos Humanos se refiere, pues reconoce el carácter injusto de la expulsión de los judíos en 1492, las persecuciones y padecimientos sufridos y se abren las puertas de España a quienes nunca debieron dejar de ser españoles. 

Es una petición de disculpas que constituye una reparación moral de enorme valor simbólico.

Para hablar de esta Ley con trascendencia mundial llegará a Venezuela el abogado y profesor Luis Portero de la Torre, quien es hijo del recordado Luis Portero García, fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado en Granda el 9 de octubre de 2000, por la banda terrorista ETA. Desde entonces, Luis Portero se ha distinguido junto a su hermano Daniel por ser uno de los más comprometidos activistas en la lucha contra el terrorismo.

Luis Portero intervino activamente en la elaboración y aprobación de cuatro iniciativas legislativas en las Cortes Generales españolas: la Ley de ayuda a las víctimas del terrorismo (2011), la propuesta de reforma de la Ley de partidos políticos (2013), el reglamento de la Ley de víctimas del terrorismo (2013) y el Proyecto de Ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes (desde julio de 2014).

Portero fue junto a Alberto Ruiz-Gallardón, ex ministro de Justicia de España; Gabriel Elorriaga, ponente de la Ley en el Congreso de los Diputados; e Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), uno los grandes impulsores de la Ley de concesión de la nacionalidad española a sefardíes.

En la aprobación de la Ley ha sido decisivo el intenso trabajo realizado por Portero, presentando numerosas propuestas con enmiendas y cambios al Proyecto de Ley, reuniéndose y contactando con los portavoces de las distintas formaciones políticas en el Congreso de los Diputados, así como con altos cargos del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de los Registros y el Notariado. 

En Venezuela se estima que podría haber unas de 5 mil personas con opción para este proceso de nacionalización.