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Ricardo Carpena

El papa Francisco está preocupado por la situación económica en la Argentina y por la falta de consenso político, pero también por “la anomia que existe en la juventud”. Por eso alentó la convocatoria en 2023 a un congreso destinado a los jóvenes con el fin de que se comprometan a un “contrato social” para “trabajar contra la pobreza, por la paz en el mundo y un sistema más justo”.

Así surgió de un encuentro de más de dos horas que Francisco mantuvo este viernes con Eduardo Murúa, director de Políticas de Inclusión Económica del gobierno nacional y titular del Movimiento de Empresas Recuperadas (MNER), en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano.

Murúa conoce a Jorge Bergoglio desde hace 20 años, cuando el Papa era arzobispo de Buenos Aires y el actual funcionario comenzaba con su tarea de recuperar empresas que bajaban sus persianas para tratar de mantener el empleo de sus trabajadores. El balance del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es impactante: desde el año 2000 fueron recuperadas 416 empresas que fueron cerradas por sus dueños y se pudo mantener las fuentes de trabajo de unas 17.000 personas.

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El papa Bergoglio, con Eduardo Murúa y Clelia Isasmendi, en la residencia de Santa Marta

La relación nunca se interrumpió, pese al nombramiento de Bergoglio como líder espiritual del catolicismo. Murúa lo visitó dos veces en el Vaticano y se mantiene en contacto con él. Ahora, el titular del MNER fue a verlo para conocer su opinión acerca de un “plan de acción para la unidad nacional”, cuyo eje es la participación de jóvenes de todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, profesionales, eclesiásticas y de ONG en el llamado “Congreso del Unido”, con la idea de “romper las falsas grietas y superar la problemática de las peleas internas”, según lo definió Murúa, quien visitó al Papa acompañado por la referente social Clelia Isasmendi.

La iniciativa del líder de las empresas recuperadas, según consta en un documento entregado al Papa, apunta a que “todas las partes firmen públicamente un contrato social en el que se comprometerán a trabajar para acabar con la pobreza, trabajar para la paz en el mundo y trabajar por un sistema más justo, dejando de lado sus intereses personales, sectoriales y reivindicativos”.

En la propuesta de Murúa se contempla también que “los discursos se conviertan en acción y trabajo” que se concentrarán en los barrios donde más se lo necesite y para lo cual “todos los jóvenes generarán un banco de horas para disponer de su trabajo comunitario organizadamente”.

Eduardo Murúa lidera desde hace 20 años el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas

Para este proyecto, que tendrá una forma de organización horizontal, se prevé aceptar donaciones, pero “sólo en productos y materiales”, en un esquema transparente que tendrá una rendición de cuentas trimestrales y públicas con las construcciones realizadas.

De esta forma, la iniciativa “sería uno de los mecanismos para sacar de la anomia a la juventud y para que pueda dar, aprender y compartir con los más humildes, teniendo a la empatía y la conciencia social como protagonistas y entendiendo que la cooperación supera la competencia”.

El pontífice avaló la propuesta efectuada por Murúa y se comprometió a pedirle a la Iglesia argentina que participe y tenga un rol activo en la convocatoria al Congreso del Unido, e incluso grabará un “mensaje de buenos augurios” para que sea difundido entre los jóvenes participantes.

Lula Da Silva, con Eduardo Murúa y Clelia Isasmendi

“Pusimos objetivos de mínima que deberían tener todos los argentinos, nada que incentive la división, e incluso para evitar problemas de dirigentes pensamos en que participen los jóvenes -sostuvo Murúa a Infobae-. Sin un marco de mayor unidad y consenso, cualquier gobierno será débil”.

Además, Francisco escuchó otras ideas que le planteó el funcionario: una es la creación de un Instituto de Auditoría sobre el Banco Central para “auditar diariamente el flujo de entrada y salida de dólares y para qué fueron utilizados”. Esa información será pública y cada ciudadano tendrá los datos actualizados por medio de una aplicación “para que nuestras reservas de dólares no sean saqueadas”.

La otra idea, vinculada con la inflación, apunta a “crear una institución que elabore la matriz de insumo-producto para determinar cuál es el costo de la cadena de valor y quiénes se quedan con los excedentes extraordinarios”. El objetivo es determinar el nombre y apellido de quienes “abusan de su poder diariamente” y que “le sirva al Estado y al pueblo para determinar cuál es el precio justo”.

El papa Francisco

Murúa es un militante del peronismo combativo que trabajó en la industria metalúrgica y que a fines de los años ochenta armó una agrupación opositora para disputarle el poder al líder de la UOM, Lorenzo Miguel. Durante el gobierno menemista, interpretó que la forma de salvar los empleos era ocupar las empresas que eran cerradas por sus dueños y que sus trabajadores se pusieran al frente mediante cooperativas. La primera fue IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argentina), que entró en convocatoria de acreedores en 1997, con una deuda de 8 millones de dólares y que, ante el riesgo de quiebra, sus 40 empleados tomaron las instalaciones y retomaron la producción.

“Nuestro movimiento no tiene una presencia muy fuerte en las calles, sino que su trabajo lo hace para adentro porque si salimos perdemos plata -confesó Murúa en una entrevista con Infobae-. Estamos todo el día tratando de sostener nuestras fábricas. Igual hago una autocrítica porque no pudimos torcer de alguna manera el brazo del Estado, que todavía no entendió la importancia de que nuestro país tenga una política para que no se pierdan estas unidades productivas. Y si bien somos críticos del sistema, trabajamos con todas las empresas y, de hecho, tuvimos más apoyo de las empresas privadas, sean proveedores o clientes, que del propio Estado”.

Para avanzar con su tarea, Murúa se enfrentó a varios gobiernos, incluso al kirchnerismo, y se desempeña desde 2020 como director de Políticas de Inclusión Económica dentro de la Secretaría de Economía Social, conducida por Emilio Pérsico, en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, un cargo que no existía en el Estado y desde donde se administran programas que incluyen líneas de créditos y subsidios para ayudar a las empresas recuperadas.