El conocido padre José María Di Paola explicó las razones por las cuáles la institución que lidera, Familia Grande Hogar de Cristo -que en sus casi 200 sedes en todo el país atiende a adictos carecientes en zonas populosas, presentó un habeas corpus que llevó a la jueza Marta Pascual a suspender en la provincia de Buenos Aires por 60 días la aplicación de la ley que estableció la baja de la edad de imputabilidad. Y en ese sentido aclaró que apuntó a su implementacion, no a la la ley en sí misma. 

Di Paola aclaró que el planteo no discute el debate legislativo ya saldado, sino una pregunta concreta y previa: si existe la infraestructura necesaria para que, al ampliarse la cantidad de adolescentes bajo el régimen penal juvenil, haya lugares adecuados que permitan una salida mejor y no peor a la sociedad. Insistió en que aprobar una ley sin presupuesto para personal preparado, educación, formación y atención psicológica o psiquiátrica es una medida vacía de contenido.

“Cuando entra un adolescente, que no salga peor. Para eso hace falta un trabajo con gente preparada, lugares que sean adecuados”, puntualizó en declaraciones a Radio Mitre el padre Pepe, que en 2009 cuando se desempeñaba en el barrio porteño de Barracas fue amenazado por narcos y trasladado a Campo Gallo, Santiago del Estero por el entonces arzobispo de Buenos Aires, carenal Jorge Bergoglio. Y que actualmente se desempeña en la localidad santiagueña de La Banda.

Frente a preguntas sobre las víctimas de los delitos, sostuvo que él y su organización conviven a diario con ese dolor en los barrios populares, donde muchas veces la justicia no llega y son los propios chicos los usados por el narcotráfico y la violencia. Por eso remarcó que la ley debe ir acompañada de recursos reales, y no discutirse solo en clave de “mano dura” versus “garantismo”, disputa que atribuye en parte a intereses electorales de cara a los comicios del año próximo.

En esa línea, sobre la ley aprobada, manifestó que es fundamental que vaya acompañada del presupuesto necesario para aplicarla, desde personal preparado, espacios, educación, hasta atención psicológica y psiquiátrica. “Es fácil aprobar una ley... pero hay que aprobarlo con un presupuesto, para que ese presupuesto sea aplicado justamente a esa idea que se propone”, señaló. 

Explicó que el recurso busca prevenir el riesgo de que un adolescente detenido pueda “salir peor” de lo que entró a los lugares de detención, lo contrario del objetivo de reinserción. “Si no estamos dispuestos a preparar esos lugares, nos estamos convirtiendo en algo muy distinto a lo que queremos”, afirmó. 

Para argumentar estos puntos resaltó que la organización convive a diario con el dolor de las víctimas en los barrios populares y las contiene mediante la amistad y el acompañamiento sostenido, no desde la distancia de las redes sociales. Señalando la situación de vulnerabilidad de estos lugares “donde la justicia no impera muchas veces”. 

Señaló también que justamente en esos territorios son los propios chicos los utilizados por el narcotráfico y la violencia. “Si alguien tiene 15 años y va preso con la nueva ley juvenil, pero en un lugar donde no recibe ningún tipo de formación, contención ni tratamiento, va a salir peor. ¿Qué es lo que quiere nuestra sociedad?”, planteó. 

Explicó que el planteo de fondo no es suspender la ley, sino exigir que las provincias cumplan con generar la infraestructura y las medidas alternativas a la reclusión que la propia ley contempla.

También detalló que los datos estadísticos citados muestran una incidencia baja de menores de 16 años en delitos graves, lo que interpela sobre el sentido de “llenar institutos” sin un plan de fondo.

En su opinión, resta un plan de aplicación para la ley y los resultados esperados como sociedad: “Lo que veo es que hay poca atención a resolver los problemas como corresponde”.  

Finalmente, a modo de ejemplo, destacó el programa "Nexo" que se implementa en Santiago del Estero.