Nuevos estatutos económicos del Vaticano: ni vencedores ni vencidos

Nuevos estatutos económicos del Vaticano: ni vencedores ni vencidos

El debate interno sobre los poderes de la Secretaría guiada por el cardenal Pell produjo un resultado equilibrado, pero todavía puede ser mejorado

La publicación de los nuevos estatutos que regulan las actividades de la Secretaría de Estado, del Consejo para la Economía y del Revisor General, publicados ayer en el sitio web de la Santa Sede, han dado pie a diferentes lecturas. 

La primera es la que reconoce en estos textos una victoria sustancial del cardenal australiano George Pell, prefecto de la Secretaría para la Economía: los poderes de su dicasterio son, efectivamente, considerables, tanto en relación con las facultades de vigilancia y control como en relación con la administración del personal. En realidad, nadie se imaginaba que el purpurado, lamado “ranger” e incluso “zar” de las finanzas vaticanas, viera disminuidos radicalmente sus poderes a doce meses de su nombramiento. 

La segunda lectura es la que percibe en los nuevos estatutos una derrota para el purpurado y sus colaboradores, pues en el documento aprobado por Papa Francisco se revoca el paso de la gestión de los inmuebles vaticanos, establecido en julio de 2014, de la Apsa a la Secretaría para la Economía. Y parece evidente la voluntad de mantener cierta distancia entre la vigilancia, el control de los gastos y la administración del personal y de los bienes (muebles o inmuebles) que el mismo Pell habría deseado incluir en la segunda sección de la Secretaría, definida “administrativa”. Incluso en vista del nacimiento del VAM (Vatican Asset Management), una estructura autónoma que se encargará de la gestión de todas las inversiones y que, según el proyecto que se está studiando, sería dirigida por el presidente del IOR Jean-Baptiste de Franssu, hombre de confianza del mismo cardenal Pell. 

Al leer los nuevos estatutos, promulgados “ad experimentum”, por lo que podrán ser modificados o ajustados (y por este motivo es imposible dar un parecer definitivo sobre la configuración de la cúpula de las estructuras económico-administrativas vaticanas), se comprende que la Secretaría para la Economía, a pesar de contar con nuevos poderes, no será un “súper-dicasterio” que se ocupará de todo por encima de todos. Se puede concluir que después de los nueve meses de “gestación” de los nuevos estatutos en el seno de la misma Secretaría, durante el último periodo ha surgido una confrontación interna (a veces áspera) que dio como resultado un trabajo colegial, con varios entes, instituciones y personas que contribuyeron con sus consejos, sugerencias y observaciones. En este sentido, tanto la primera como la segunda interpretaación parecen fuera de lugar: con la promulgación de los nuevos estatutos no hay vencedores ni vencidos. Lo único que hay es la intención de construir, más allá de las personas, un sistema de “check and balances” capaz de funcionar y de ofrecer una mayor transparencia y racionalización de los gastos. Un dato poco difundido de los nuevos estatutos es la mayor autonomía con respecto a las iniciativas de la Secretaría para la Economía de la que parece gozar el Gobernatorado de la Ciudad del Vaticano, sometido como el resto de las instituciones y entes de la Santa Sede al poder de vigilancia del nuevo dicasterio que dirige Pell, pero más libre en relación con la administración del personal y de los recursos. 

Desde los últimos meses de 2014, algunos presentaron la contraposición interna como el enfrentamiento entre dos mentalidades: la anglosajona, encarnada por Pell y su intención de introducir en el Vaticano las reglas de la buena administración y de la transparencia que no siempre han sido aplicadas; y la de los curiales italianos, que se opondrían a estas reglas de la buena administración , rememorando con nostalgia, en algunos casos, las operaciones opacas del pasado más o menos reciente. Lo que es cierto es que en los últimos tiempos los medios de comunicación han retomado e insistido en las historias poco edificantes y claras relacionadas con el IOR, la Apsa y, en general, con una cierta gestión “a la italiana”. Pero esta representación de la realidad es demasiado reductiva. No hay que olvidar que en las últimas décadas ha habido eclesiásticos no italianos en puestos clave para la administración de las finanzas del Vaticano, como el obispo Paul Marcinkus o el cardenal Edmund Casimir Szoka. Sería, pues, reductivo, considerar cualquier objeción a la creación del “súper-dicasterio” como una resistencia a las reglas de la buena administración. 

Con los tres nuevos estatutos, Francisco demuestra querer seguir con decisión por el camino de la transparencia, valiéndose de la ayuda de nuevos y viejos colaboradores en una Curia colegial, en la que el papel de la Secretaría de estado sigue siendo preponderante.

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