La diócesis de Estelí (Nicaragua) confirmó el arresto, hace unos pocos días, de dos de sus sacerdotes por parte de la Policía Nacional, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un comunicado, la diócesis informó de la detención del padre Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y del padre Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de la catedral de Estelí.

Los sacerdotes, ambos nicaragüenses, fueron “requeridos por la Policía Nacional el sábado 20 y el lunes 22 de mayo, respectivamente”, agrega el texto.

“Luego, fueron trasladados a Managua, a una de las casas de formación de la Iglesia, mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas diocesana de Estelí” explicó la diócesis norteña.

El comunicado precisa  también que ambos sacerdotes se encuentran en buen estado de salud, pero “a la orden de las autoridades del país”.

Finalmente, la Iglesia aseguró que se encuentra preocupada por los feligreses de las parroquias donde oficiaban los presbíteros, que se verán afectados por la situación.

 

 

“La diócesis se preocupa por los fieles, que se verán impedidos de su vivencia sacramental en las parroquias afectadas mientras dure este proceso, y se compromete a asistirlos en la medida de que nuestras fuerzas lo permitan. Redoblamos nuestra oración y reafirmamos nuestra confianza en el Señor, que no desampara a sus hijos”, concluye el comunicado.

Por otra parte, la organización no gubernamental Cáritas Diocesana de Estelí fue cerrada el 2 de febrero de 2022 por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, que alegó un supuesto incumplimiento en relación con sus funciones. El mismo argumento ha sido utilizado para el cierre de otras casi 3.500 asociaciones sin fines de lucro, disueltas desde las protestas sociales que estallaron en el país en abril de 2018.

La organización era parte de una red de ocho filiales de Cáritas Nicaragua, de las que ya fueron cerradas la de Managua -la sede nacional-, la de León (en el occidente del país) y la de Jinotega (en el norte). El gobierno también clausuró varias universidades católicas y, al menos, seis radioemisoras de la Iglesia.

Ortega acusó a la Iglesia Católica de apoyar la revuelta social de 2018, que su gobierno calificó de fallido golpe de Estado. En marzo de 2022, el gobierno expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag y, un año más tarde, anunció la “suspensión de relaciones” con el Vaticano y el cierre de sus respectivas misiones diplomáticas, días después de que el papa Francisco calificara a su gobierno de “dictadura grosera”.

Como parte de su enfrentamiento con la Iglesia, Ortega mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse a ser deportado a  los Estados Unidos junto con otros 222 opositores, excarcelados y desterrados el 9 de febrero de este año.