Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, organismos que integran la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), difundieron una carta abierta dirigida a legisladores nacionales en relación con el proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil. Cuestionaron que el debate se desarrolle “en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático" y llamaron a un debate sin “oportunismo electoral ni manipulación del malestar social”.

El documento, titulado “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, dado a conocer este lunes, busca “contribuir a un debate serio y responsable” mediante el aporte de datos, estadísticas y la experiencia territorial del trabajo con niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, con eje en la prevención, la educación y la inclusión social.

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“Hacemos nuestro aporte con espíritu constructivo”, expresaron los organismos firmantes, al destacar la tarea cotidiana que desarrollan referentes y profesionales vinculados a la Iglesia en parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales y distintos espacios comunitarios, además del acompañamiento permanente a familias.

En la carta también señalaron haber asistido “a numerosas personas víctimas de delitos, especialmente en los barrios populares”, y subrayaron la necesidad de actuar para prevenir nuevas violencias, reducir el nivel de conflicto social y acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

Con palabras cordiales pero firmes, destacaron la falta de diálogo y escucha real sobre este tema: "Tanto nosotros como muchas de las instituciones mencionadas hemos sido “escuchados”; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes -ni los de dichas instituciones- en el contenido del proyecto de ley." También reclamaron que esta situación "impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes".

"Observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación", señalaron. Y subrayaron: "Lo que está en juego no es solo una ley, sino la concepción misma de persona y el modelo de sociedad que queremos construir".

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El corazón de la larga carta contiene una detallada enumeración de argumentos centrados en la diferencia neurobiológica entre niños y adultos, la obligación del Estado de dar respuesta a problemas estructurales como el hambre y la pobreza, la inconstitucionalidad de una baja de la imputabilidad penal (ya que va en contra de numerosos tratados internacionales firmados por la Argentina) y fundamentalmente la falta de sustento fáctico para afirmar que un endurecimiento penal reduciría el delito, ya que estudios comparativos entre distintos países de la región muestran que a menor edad de imputabilidad se registra más delito y reincidencia en menores.

Finalmente, los organismos concluyeron que “urge abandonar el falso dilema entre ‘hacer algo’ o ‘no hacer nada’”, y plantearon que la sociedad enfrenta una disyuntiva entre profundizar la “cultura del descarte” o avanzar hacia un entramado social que cuide, incluya y repare, abordando las causas estructurales de la violencia desde los ámbitos cotidianos.

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Un antecedente reciente: el mensaje invocando a Don Bosco

No es la primera vez que la Iglesia busca interceder ante los legisladores para profundizar y expandir el debate en torno al régimen penal juvenil. Hace apenas una semana, el 31 de enero, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina compartió un mensaje titulado "Para los jóvenes, más educación, más comunidad".

Amparados en la memoria de San Juan Bosco, quien dedicó su vida a la educación, expresaban: "Insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado". Y destacaban: "El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho."

En esta línea, postulaban la necesidad de "educar, acompañar y prevenir". Cerraban la carta con una declaración de principios: "Creemos y defendemos que la niñez y la juventud son tierra sagrada donde Dios sigue sembrando futuro."

Hasta ahora, ningún legislador ni funcionario público involucrado en el debate por las modificaciones en el régimen penal juvenil acusó recibo de estas comunicaciones, ni entabló un diálogo con los representantes eclesiásticos.