En un país donde los abuelos y abuelas -que deberían ser cuidados y respetados- se ven obligados a salir a las calles para exigir lo mínimo (salarios dignos), la represión policial se ha convertido en una escena habitual y profundamente dolorosa en manos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y con la connivencia del presidente Javier Milei. 

Es en este contexto que la Comisión Nacional de Justicia y Paz junto con la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitieron un comunicado que refleja la tristeza y la indignación por los hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación, donde cada miércoles se reúnen decenas de jubilados para exigir mejoras en sus haberes.

Con palabras cargadas de preocupación y esperanza, los religiosos hicieron un llamado urgente al gobierno para que convoque a un diálogo con todos los sectores representativos de la comunidad: "El inicio de un diálogo es siempre la mejor respuesta ante un reclamo", subraya el comunicado, al tiempo que expresa su repudio a los actos de violencia ejercidos contra quienes se manifiestan pacíficamente. "La violencia nunca es la respuesta ante el ejercicio del derecho a reclamar que reconoce nuestra Constitución", enfatizan.

El escenario de estas manifestaciones, que debería ser un espacio para el diálogo y la escucha, se ha convertido en un campo de tensión y represión. La semana pasada, el padre Paco Olveira, conocido por su compromiso con los sectores más vulnerables, fue nuevamente víctima de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad: "Estábamos ahí en la primera fila dando la vuelta al Congreso como todos los miércoles y en un momento empezaron a empujarnos fuertes hacia la vereda, tiraron a una de las jubiladas", relató el sacerdote visiblemente afectado.  

El comunicado emitido por la Iglesia recuerda las palabras del papa Francisco: "Toda la sociedad debe apresurarse a atender a sus ancianos -¡son el tesoro!- cada vez más numerosos, y a menudo también más abandonados". Estas palabras resuenan como un llamado a la reflexión en un contexto donde los jubilados perciben haberes mínimos que rondan los $355 mil pesos, una cifra indigna para afrontar el costo de vida actual.

La indignación crece por un lado por la falta de respuestas concretas del gobierno, y por otra parte por el uso desmedido de la fuerza contra quienes ejercen su legítimo derecho a reclamar. El padre Paco, quien viene acompañando las últimas marchas marchas, expresó su dolor al recordar cómo intentaron detenerlo mientras ayudaba a una jubilada que había sido empujada al suelo: "Yo últimamente me agarro al que se quieren llevar preso y yo siempre salgo en libertad", dijo con resignación, consciente de que su presencia es una forma de protección para los más vulnerables.

Comunicado de la Iglesia católica

Desde este sector de la Iglesia reafirman: "El inicio de un diálogo es siempre la mejor respuesta ante un reclamo. Al mismo tiempo expresamos nuestro repudio a la represión de las fuerzas de seguridad sobre la multitud que se reúne frente al Congreso de la Nación cada miércoles, acompañando el legítimo reclamo de nuestros abuelos por la insuficiencia de sus haberes para afrontar el costo de la vida". 

El comunicado de la Iglesia cierra con una frase contundente del papa Francisco: "Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad". 

En este clima de tristeza e indignación, queda claro que no se trata solo de números ni de políticas económicas. Se trata de vidas, de historias, de personas que han trabajado toda su vida y hoy se ven obligadas a luchar por lo básico: una vida digna. La Iglesia católica levantó su voz para exigir justicia y respeto. Ahora es el turno del gobierno de Javier Milei de escuchar y actuar antes de que sea demasiado tarde.