Tras cuatro años de trabajo compartido entre diversos entes vaticanos, se dio a conocer hoy el decreto firmado por el papa Francisco que concentra las “Nomas sobre la transparencia, el control y la competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano”.

 

“Para permitir una gestión más eficaz de los recursos consideré aprobar un conjunto de reglas destinadas a promover la transparencia, el control y la competencia en adjudicación de contratos públicos celebrados en nombre de la Santa Sede y la Ciudad de Vaticano”, plantea el Papa en la introducción de la nueva legislación, divulgada este lunes por el Vaticano.

 

La legislación explicita que serán excluidos de las compras los proveedores “residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales según lo dispuesto por las instituciones internacionales, de acuerdo a lo definido por la secretaría para la Economía, o si tienen participación directa o indirecta de sujetos residentes o establecido en los Estados o territorios antes mencionados”.

A través de casi 100 artículos, la legislación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y sustituye y reemplaza a todas las normas sobre la materia vigentes en modo disperso entre la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación del Vaticano, y será válida para todos los entes de la Santa Sede.

 

El fin de la nueva norma es el uso sostenible de los fondos internos, así como la transparencia de los procesos de adjudicación, según plantea el artículo 1.

 

El artículo 5 de la nueva ley plantea la búsqueda de la “eticidad en el orientamiento de las elecciones económicas y de los interlocutores sobre parámetros de respeto de la Doctrina Social de la Iglesia”.