Son el termómetro en los barrios más pobres. En la capital argentina y la Provincia de Buenos Aires. Caminan la calle, desde hace décadas. La gente los conoce, y los respeta. Son los sacerdotes de las villas. Los “curas villeros”. Del grupo destaca José María Di Paola, el padre Pepe. En las últimas semanas, él ha cuestionado duramente algunas medidas políticas concretas. Una de ellas, con una carta dirigida a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la más popular de la coalición oficialista Cambiemos. Pero su reclamo, aclara, no tiene nada de partidista. Porque los gobiernos cambian, el trabajo de los curas no. 

“Hace poco se habló de los curas villeros atacando al Papa, pero es fruto de la ignorancia”, precisó el sacerdote, en entrevista con el Vatican Insider. Él y otros miembros de su grupo han respondido, públicamente y en más de una ocasión, a las andanadas contra Francisco lanzadas desde algunas trincheras mediáticas argentinas. También han sido criticados por eso. Pero dicen tener claro cuál es su punto fuerte, y su misión.  

“El hecho de vivir en los barrios nos permite tener el pulso del día a día y darnos cuenta de las necesidades. Lamentablemente muchas veces a estos barrios se los mira desde afuera, con analistas que sacan porcentajes, establecen estadísticas y proyecciones pero que, en realidad, no están consustanciados con la problemática de la gente, ni siquiera con las capacidades y las potencialidades de las personas”, afirmó. 

Una reflexión nacida de un conflicto específico. A finales de 2017, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un cambio en los Centros de Formación Profesional (CFP), organismos destinados a la capacitación en los barrios. ¿El objetivo? Sacarlos del ámbito del Ministerio de Educación y ubicarlos en el Ministerio de Trabajo. En apariencia una simple reorganización estructural, pero que esconde una diferencia sustancial en las visiones de la sociedad. 

Si un centro depende de Educación, se puede impulsar una formación integral en un ambiente adecuado. Si depende de Trabajo, su impacto se reduce prácticamente a un dador de cursos. Dos miradas situadas en las antípodas, con consecuencias directas para los involucrados en el sistema. Entre ellos los maestros. No es lo mismo depender de un ministerio que de otro. Bajo el amparo de Educación, los instructores cuentan con mejores tutelas laborales en el marco de la carrera docente. Ubicados en otro ministerio, no sólo perderían esa protección y estabilidad, con toda seguridad estarían condenados a un régimen de flexibilidad precaria. La medida afecta incluso a los certificados, que no tienen el mismo valor avalados por un área que por la otra. 

La Iglesia católica ha visto en los Centros de Formación una alternativa allí donde el trabajo escasea y las posibilidades no existen. En su parroquia de la villa La Cárcova, el padre Pepe fundó el centro “San Romero de América”. Apenas cuenta con dos años de existencia y ya ofrece capacitaciones en gastronomía, electricidad, peluquería, cosmética y cuidado de personas.  

“Nuestra es una propuesta amplia y debe darse desde el ámbito de la escuela, con docentes que tengan una mirada que vaya mucho más allá del sólo el oficio. Se trata de impulsar la inclusión de personas con años de postergación, no de decir: pongo una escuela de oficios y que venga quien quiera. Nosotros estamos tratando de promover a la gente y para eso necesitamos un ámbito educativo. Con estos cambios se corre un riesgo muy grande de terminar atendiendo sólo a una población que tenga una organización de su vida diferente. Deja de tener ese sentido de promoción y de formación integral que nosotros queremos para la vida de los chicos”, insistió. 

También el obispado de San Justo tiene algunos centros en su demarcación. “San Isidro Labrador” y “El Buen Samaritano”. Por eso, el obispo local e histórico vicario general del arzobispo Bergoglio en Buenos Aires, Eduardo García, también le escribió a la gobernadora Vidal. En su carta dejó en claro que esos institutos ofrecen un aprendizaje que “va más allá de la adquisición de altas competencias tecnológicas”. 

“No se las segundas intenciones que tenga, pero para mí es una decisión totalmente equivocada de la gobernación. Nos ha sorprendido mucho porque es inconsulto, modificar el eje de los centros que ya existen me parece que está fuera de lugar. A nosotros nos trae problemas. Con todos los desafíos que tenemos en estos lugares, no fuimos ni siquiera consultados”, explicó Di Paola.  

“Hay una especie de tozudez, espero que haya una reflexión. Esta incomprensión no puede permanecer y menos en la Provincia de Buenos Aires, donde amplios sectores de la población están bajo el nivel de la pobreza. No solamente es una cuestión material, la marginalidad se perpetua por años de falta de trabajo. Hay que buscar modos para que la gente pueda trabajar, hay que formar en el trabajo y en la capacitación de las personas a nivel humano”, añadió sobre un contencioso todavía abierto, pese a algunos acercamientos institucionales. 

Este caso de los centros formativos parece un botón de muestra de una situación más extendida. En los últimos meses, la Iglesia se ha visto obligada a intervenir en debates públicos para salvaguardar instituciones argentinas que ya existen y son efectivas a la hora de atender a los más necesitada. Lo ha hecho respetuosamente, incluso con cartas públicas a los involucrados políticos. 

En noviembre último, un grupo de obispos debió intervenir con una misiva para defender las ATAJO, oficinas de acceso a la justicia que prestan servicio en los barrios pobres. La dirección que las coordina corría serio riesgo de desaparecer como parte de un radical proyecto de reforma judicial. En diciembre, el arzobispo de Buenos Aires Mario Aurelio Poli, pidió al jefe de Gobierno de esa ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que retirase su proyecto para el establecimiento de una Universidad de Formación Docente que pretendía monopolizar la preparación de los maestros en la capital. 

Además de solicitar el retiro de la iniciativa, el cardenal instó a la apertura “de un espacio de diálogo genuino y multisectorial para definir acciones que profundicen los procesos de mejora permanente que realizan las instituciones de formación docente”.  

Para Pepe Di Paola resulta claro que una de las claves para combatir de verdad la pobreza es la formación integral y asegura que la Iglesia, en eso, está comprometida a través de las capillas donde se ofrece a las personas “algo de lo que tienen otros en otros barrios”. Se trata de ampliar las oportunidades, cuando medidas como las mencionadas “corren el riesgo de marginar aún más a la gente que se quiere atender”. 

“Como curas villeros, el comprender las situaciones de marginación que padecieron segmentos enteros de la población nos permite ver su necesidad de trabajar con mayor paciencia y saber que los resultados no se consiguen de un día para otro, que no tuvieron las mismas posibilidades que la gente de otros barrios y eso significa trabajar con otro espíritu”, dijo.  

Y apuntó: “Nosotros seguimos en lo mismo, no tenemos un cambio de acuerdo a tal o cual gobierno, los que pueden cambiar son los gobiernos, sus miradas, pero nosotros tenemos una misma manera de trabajar y de pararnos frente a la realidad. Es algo que mantenemos década tras década, los curas que estamos dentro de los barrios”.