El 19 de febrero de 2009 el gobierno argentino, una vez más a lo largo de su vida independiente, en particular en los últimos 135 años y, más recientemente, durante la etapa iniciada en 2003 por el ex presidente Néstor Raúl Kirchner y continuada en 2007 por su esposa Cristina Elisabet Fernández, debió tomar el toro por las astas y ratificar el espíritu mayoritariamente abierto a etnias, creencias o nacionalidades por parte de la sociedad argentina frente a los desbordes de sectores del extremismo católico. Así fue como se decidió la expulsión del obispo Richard Nelson Williamson, uno de los cuatro hace muy poco rehabilitados por el papa alemán, Joseph Ratzinger, quién adoptó al ser designado la denominación de Benedicto XVI, luego de haber encabezado durante años el tribunal de la vieja Inquisición, y que, previamente, en su juventud, integró las juventudes hitlerianas.

Onganía

La expulsión de Williamson, próximo a cumplir 69 años, nacido en Londres, Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el marco del anglicanismo inglés, fue adoptada, formalmente, por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que dependía del ministro del Interior, Aníbal Florencio Randazzo, por las falsedades registradas en la documentación oficialmente presentada por aquél para justificar su presencia en la Argentina. Pero esas formalidades son irrelevantes a la hora de adoptar la decisión de indicarle al obispo ultramontano el camino del exterior. En el fondo de esta decisión de la administración argentina está la defensa indeclinable de la tolerancia religiosa y la defensa de la verdad histórica, ambas gravemente vulneradas por el religioso británico en sus prédicas cotidianas, pero puestas brutalmente a la luz para los más de 6.000 millones de terraqueos y no sólo para un grupo de seguidores al conceder una entrevista a un programa sueco de televisión.

Hace 40 años Richardson se sumó a las huestes de la congregación fundada por el obispo francés Marcel François Lefevbre quién después de misionar en el África francófona fundó la “Fraternidad Sacerdotal San Pio X” cuyo eje es el rechazo a las reformas litúrgicas y teológicas adoptadas por el “Concilio Vaticano II” convocado por el papa veneciano Juan XXIII (Ángelo Roncalli). Curiosamente Lefebvre había sido ordenado sacerdote por el luego cardenal Achille Lienart, uno de los hombres claves del “Concilio Vaticano II” y conocido en Francia, en su sede de Lille, como el “obispo rojo”, por su participación en las cuestiones sociales. Pero su giro fue radical, al estilo de “Il Duce” Benito Amilcare Andrea Mussolini, quién de hijo de un trabajador izquierdista y de ahí su nombre en homenaje al aborigen mexicano, y luego el mismo líder del maximalismo socialista, se convirtió durante cuatro décadas en el jefe de la extrema derecha italiana y socio del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Ratzinger joven

Lefebvre y los suyos, incluido Richardson, fueron expulsados por el anterior papa, el polaco Karol Wojtyla (Juan Pablo II), paradójicamente, presionado éste por Ratzinger, porque el francés, después de firmar un acuerdo con El Vaticano se echó atrás. La cuestión no giraba ni alrededor de las cuestiones litúrgicas como la misa en latín ni sobre la libertad religiosa, temas modificados en dicho Concilio, sino sobre la cuestión de la sucesión del propio Lefevbvre en la sede episcopal, y uno de los postulados por éste era nada menos que el mismo ahora expulsado de la Argentina.

Este sector cismático, luego rehabilitado por Ratzinger, entre sus sedes cuenta con la existente en la población de La Reja, en el Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, a unos 40 kilómetros de la capital argentina. Allí pasó largo tiempo casi inadvertido. Su nombre reapareció públicamente con su reivindicación reciente por el papado y estalló a nivel mundial cuando dijo durante la referida entrevista que no existió el “holocausto”, las matanzas realizadas por el hitlerismo entre 1933 y 1945, básicamente contra judíos, pero también contra gitanos y otros. En todo caso hizo un desagregado numérico y dijo que no se trató de varios millones sino de algunos cientos de miles, lo cual además de negar la realidad también quita valor a la vida humana al trasuntar que cientos de miles no es algo tan grave, con lo cual se puede colegir que lo hecho por las dictaduras terroristas del Cono Sur, entre ellas la Argentina, no cometieron hechos condenables. Y, además, planteó que no hubo cámaras de gas, cosa archí reconocida mundialmente, como si ello cambiara la esencia de los asesinatos masivos, tan condenables por una u otra forma de practicarlos. Total esas cosas se pueden tomar hasta a broma como hiciera en su momento el primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Richard Willamson

Este agravio a las víctimas del nazismo y la burla a la conciencia histórica de la mayor parte de la humanidad, reflotó lo sucedido pocos años atrás cuando el gobierno argentino se vio en otro entredicho con Ratzinger a raíz de los dichos del religioso argentino cuando propuso al entonces ministro de Salud, Ginés González García, atar algunas personas a piedras y lanzarlas al mar, aludiendo a presuntos dichos de Jesús. Ya antes, en 1986, había señalado que el interés por los negocios de los judíos hace que éstos se involucren en cuestiones tales como el narcotráfico y la pornografía. Todo ello hizo que el presidente Kirchner lo relevase en 2005 de su cargo de obispo castrense, lo que no fue aceptado por el papado que lo siguió reconociendo como tal.

Pero cabe consignar que los conflictos entre el estado argentino y la curia romana vienen de larga data y diferentes presidentes adoptaron drásticas medidas como cuando Julio Argentino Roca en 1884 expulsó al nuncio por reclamar la clausura de una publicación y cortó las relaciones con el papado las que recién se reanudaron en 1900 o cuando Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, 80 años atrás, también expulsó al nuncio y a su secretario y cortó los salarios a los prelados por tratar de imponer la Iglesia Católica un arzobispo de Buenos Aires rechazado por el gobierno nacional.

En ambos casos se generaron fuertes complicaciones políticas, como cuando durante el gobierno de Juan Domingo Perón se cortaron los pagos de salarios a los religiosos en el marco de una ampliación de las libertades de conciencia al tenderse a la igualación de los derechos de los diferentes cultos, lo que motivó que la jerarquía católica se sumara, casi explícitamente, a los complots golpistas que concluyeron por derrocar al gobierno constitucional en septiembre de 1955.

Baseotto

El último de los enfrentamientos, en este caso manejado en silencio por la jerarquía religiosa, que logró sus propósitos, fue cuando en octubre de 2002 el Congreso de la Nación sancionó una ley anulando la jubilación de privilegio que beneficia a los obispos, quiénes sin aportar, al pasar a retiro, perciben un haber equivalente al 75 por ciento móvil del sueldo del presidente de la República. El obispado logró que pocos días después, silenciosamente, el entonces presidente Eduardo Alberto Duhalde vetase la referida ley.

Frente al nuevo conflicto generado por el obispo castrense Antonio Baseotto al agraviar a la sociedad argentina, y en particular a la colectividad judía, como lo hizo notar la DAIA , el gobierno del presidente Néstor Kirchner adoptó similares criterios a los de Roca y Alvear de firmeza en la defensa de la autoridad nacional, aún en circunstancias más desfavorables ya que desde el 10 de octubre de 1966, por un acuerdo firmado con El Vaticano por el gobierno del entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía, que había sido elaborado meses antes y que fuera acordado por el ex presidente Arturo Umberto Illia, se pasó del sistema de Patronato al de Concordato, figura ésta que rechaza la interferencia del poder civil.

El Concordato, a partir de la reforma constitucional de 1994, impulsada por los ex presidentes Carlos Saúl Menem y Raúl Ricardo Alfonsín, en virtud del inciso 22 del artículo 75, adquiere el carácter de tratado internacional y presume una condición superior a la ley argentina.

Julio Roca

Este conflicto con El Vaticano, que resistió los reclamos del gobierno argentino, se inscribe en una política de cuestionamiento a los derechos de los gobernantes por parte de la autoridad papal, como sucediera pocos años atrás con el caso de España cuando se fustigaron los avances en cuanto a las reformas del Código Civil de ese país. Los dichos de Juan Pablo II merecieron el rechazo desde la Argentina del jefe de gobierno de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, y una convocatoria por parte de las autoridades españolas al nuncio en ese país, Manuel Monteiro, a los efectos de expresarle su rechazo a los dichos del pontífice.

En el caso argentino, del nuevo conflicto creado por Baseotto, que sucedió a otro por una exposición plástica del artista León Ferrari, también tuvo como sinuoso intermediario al nuncio Adriano Bernardini. Cabe señalar que la figura de la nunciatura se encuentra cuestionada en la propia jerarquía católica, como que su supresión fuera propuesta ya en el Concilio Vaticano II por el obispo alemán Joachim Ammann.

Los primeros problemas entre la Argentina y la jerarquía católica se originaron a poco de la Independencia cuando el papado no quiso reconocer el patronato a los nuevos gobiernos ya que lo consideraba un privilegio de la corona española. Luego se produjeron algunos incidentes parciales como la expulsión de los jesuitas por Juan Manuel de Rosas por negarse aquellos a utilizar la iconografía oficial. Superado ello un grave conflicto se desató durante la primera presidencia de Roca. El mismo tuvo que ver con la creación del Registro Civil en 1884 y se agravó en 1888 con la sanción de la Ley N* 2393 del Matrimonio Civil.

Florencio Randazzo

El nuncio Luis Matera recibió cuestionamientos públicos por su intromisión en las políticas internas, frente a lo cual reaccionó solicitando la clausura del diario “Tribuna Popular”. El presidente respondió ordenándole que se retirase del país. Desde entonces se cortaron las relaciones hasta que en 1900 fueron restablecidas durante la segunda Presidencia de Roca. La oposición del clero al roquismo hizo que, aún con posiciones diferenciadas en lo político y social, apoyara la Revolución de 1890 encabezada por Leandro Nicéforo Alem.

Lo sucedido con Alvear fue más parecido al caso Baseotto. Había fallecido el arzobispo de Buenos Aires y el gobierno, en función del patronato, envió su terna, señalando que veía con mejores ojos al obispo Miguel De Andrea, con el que tenía mayor afinidad social. El 31 de octubre de 1923 el nuncio Juan Beda Cardinale comunicó que desde Roma no se compartía ese criterio. De Andrea renunció a la postulación y el nuncio designó interinamente al obispo Juan Agustín Boneo. Tras una serie de idas y venidas Alvear expulsó del país a Beda Cardinale y a su secretario y suprimió el salario que se abonaba a los clérigos en 1925, 94 años atrás.

Un verso se difundió en Buenos Aires con motivo de la aparición de una nueva publicación. Puesto en boca del propio presidente decía: “¡Ajá! ¿Conque tenemos una nueva revista?/¿Será personalista/ o antipersonalista?../ No quiero averiguarlo; a esta labor renuncio,/ pues tengo mala pata./ ¡Que lo averigüe el nuncio!../ Mas no, no lo averigüe, que no es persona grata”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la ilegalidad del nombramiento de Boneo y finalmente desde Roma se debió designar, a propuesta de Alvear, al obispo José María Bottaro. El nuevo nuncio, Felipe Cortesi, entendió que no había lugar para más maniobras, sobre todo después de que Alvear rechazara una mediación de Itamaraty, la cancillería brasilera.

La última gran confrontación, de signo similar a la de tiempos de Roca fue en 1955. La jerarquía católica se opuso a las reformas civiles propuestas por el peronismo. El 23 de mayo se promulgó una ley de reforma de la Constitución Nacional para equilibrar los derechos de todos los cultos. En 180 días debía haber elecciones para ello. En el ínterin se avanzó en temas como el divorcio vincular y la sanción del impuesto a las propiedades religiosas. Ya en junio hubo una intentona golpista que se repitió con una masacre de asistentes a un acto en la Plaza de Mayo, y en septiembre, desde Córdoba, se lanzó el movimiento “Viva Cristo Rey”, clave en el derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón.