Por Julieta Villar

En 2021, el fiscal federal Matías Di Lello argumentó que hubo irregularidades en la investigación, y por ello solicitó la nulidad de la sentencia de 1978 que había determinado la causa de muerte del obispo como homicidio doloso por accidente de tránsito.

Pero el juez federal Marcelo Bailaque no aceptó el pedido, al considerar que no existían nuevas y contundentes pruebas para declarar la nulidad.

Sin embargo, la causa dio un giro este jueves 23 de febrero, cuando la Cámara Federal de Rosario revocó el fallo de Bailaque.

Esta decisión permitirá continuar la investigación por homicidio, debido a omisiones e irregularidades en la investigación previa, de acuerdo a lo consignado por el Ministerio Público Fiscal.

Al revocar el fallo, la Cámara argumentó que, mediante una investigación iniciada en 2004, se había conocido que “desde el año 1975 a Ponce de León se le realizaban tareas de inteligencia y que recibía constantes amenazas de muerte", informó la agencia Télam.

El siguiente paso es que el juez convoque a declarar a los acusados por el asesinato, según dijeron fuentes judiciales a dicho medio.

Por la muerte de Mons. Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional N°9, fue condenado en 1978 Luis Antonio Martínez.

Según la sentencia, Martínez conducía la camioneta Ford F-100 que se interpuso de manera transversal en la ruta y provocó el choque con el Renault 4 manejado por Mons. Ponce de León, quien estaba acompañado por el joven Víctor Martínez. 

En 2004, la causa fue reabierta a pedido del fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, para investigarse como posible crimen de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

En ese contexto, el fiscal Di Lello pidió que se llame a declaración indagatoria a Antonio Bossié, quien se desempeñaba como mayor del Ejército y jefe de Inteligencia del Área 132 en el momento de la muerte del obispo. También al entonces capitán Bernardo Landa; al mayor Omar Andrada; a Luis Martínez, único condenado en 1978; y a Carlos Bottini, directivo de la firma Agropolo SA y propietario de la Ford F-100.

Para poder tomar las declaraciones, era necesario que se determinara la nulidad “por cosa juzgada írrita” de la sentencia de 1978. De lo contrario, el entonces condenado Luis Martínez podría argumentar que es juzgado dos veces por el mismo hecho.