La Santa Sede confirmó que el sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), cometió abusos contra varias personas.

El Vaticano llegó a esta conclusión luego del correspondiente proceso canónico y ordenó que esta realidad, que lleva más de siete años intervenida, sin gobierno propio, emprenda un camino de renovación.

La decisión fue comunicada durante una reunión celebrada en Roma el pasado 14 de septiembre entre los delegados pontificios de las ramas masculina y femenina de la congregación, los superiores provinciales de ambos institutos y representantes del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, pero fue hecha pública este martes 29 de septiembre. También figuraba en la página web del IVE desde el jueves pasado.

Según el comunicado difundido por el Vaticano, tanto el Tribunal Penal Especial de primera instancia como el Tribunal de Apelación, constituidos por la autoridad competente de la Iglesia, "alcanzaron la certeza moral sobre la responsabilidad del P. Carlos Miguel Buela, fundador de los dos Institutos, por la comisión de un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado con violencia contra varias personas", de conformidad con el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico.

La nota vaticana subraya que esta clarificación pretende "restablecer la verdad como un acto de justicia hacia aquellas personas que se han visto perjudicadas por el comportamiento" del fundador.

El comunicado enmarca esta decisión en el proceso de renovación que atraviesan actualmente tanto el Instituto del Verbo Encarnado como las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, ambas instituciones bajo intervención de la Santa Sede.

En este contexto, se destaca la necesidad de avanzar en un "camino de relectura del carisma y de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, de la formación y del apostolado propios de cada Instituto, distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o actuaciones personales del fundador".

En otras palabras, el objetivo es diferenciar el carisma recibido para el servicio de la Iglesia de las limitaciones y actuaciones personales del sacerdote Buela, cuya figura ha estado durante décadas rodeada de denuncias por abusos sexuales, manipulación y graves deficiencias en el gobierno interno de la congregación.

Las medidas promovidas por el Vaticano constituyen, de hecho, lo más parecido a un proceso de renovación de la institución. El camino emprendido recuerda en varios aspectos al que la Santa Sede impulsó con los Legionarios de Cristo y el Regnum Christi tras la confirmación de los abusos y delitos cometidos por su fundador, Marcial Maciel.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, dirigido por la prefecta sor Simona Brambilla, así como de los dos delegados pontificios designados inicialmente por el Papa Francisco y posteriormente confirmados por León XIV: el Obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, para la rama masculina, y la religiosa Clara Echarte, para la rama femenina.

La Familia Religiosa del Verbo Encarnado está presente en 45 países y reúne a más de 3.000 miembros entre religiosos, religiosas y laicos de la Tercera Orden Secular. Fundada en Argentina en 1984, experimentó una rápida expansión internacional durante las décadas siguientes.

Sin embargo, apenas once años después de su creación, la Santa Sede comenzó a intervenir la congregación ante las denuncias de abusos sexuales atribuidos a Buela y otras irregularidades relacionadas con el ejercicio de la autoridad y la vida comunitaria. Desde entonces, distintos comisarios y delegados pontificios han intentado encauzar la situación.

Uno de los hitos de ese proceso se produjo en diciembre de 2016, cuando el Obispado de San Rafael (Argentina) informó públicamente que el Vaticano había encontrado culpable a Buela de "comportamientos impropios con mayores de edad". En un comunicado leído entonces durante una rueda de prensa por el sacerdote José Antonio Álvarez, la diócesis señaló que habían surgido denuncias contra el fundador del IVE "sobre acciones en materia sexual que afectaron a religiosos y a seminaristas del Instituto".

En 2019, el Cardenal español Santos Abril y Castelló fue nombrado comisario, quien llegó a imponer restricciones a la expansión de la congregación y denunció públicamente las resistencias internas que encontró durante su misión.