La dramática encrucijada en la que se encuentra Líbano parece imposible de ser superada. Tras la tremenda explosión que destruyó el puerto de Beirut el 4 de agosto pasado, el panorama se ha vuelto especialmente sombrío, sin poderse vislumbrar todavía cómo podrá surgir un nuevo gobierno que sea capaz de funcionar sin las enormes cargas de corrupción que han pesado sobre la clase política libanesa desde hace décadas. En un contexto donde las pugnas e intereses sectarios han sido la norma, reconstruir al hoy desfalleciente Líbano es una tarea titánica dónde ni siquiera está claro por dónde comenzar.

Una de las pocas tablas de salvación para esta atribulada nación radica, quizá, en el hecho de que, a raíz de la magnitud de la reciente conflagración, los ojos del mundo voltearon al fin a verla tras meses y años en los que la población civil libanesa se fue hundiendo cada vez más en una crisis económica, de seguridad y de falta de servicios elementales, todo ello atribuible a gobiernos absolutamente disfuncionales y al hecho de que la agrupación militar y política Hezbolá, de identidad chiita, se fue apoderando cada vez de más espacios hasta convertirse en un Estado dentro del propio Estado libanés, con una agenda fundamentalmente ajena a los intereses de la mayor parte de la población libanesa.

Tras la ayuda internacional de emergencia en los días posteriores a la explosión, consistente en brindar atención médica a los afectados, remover escombros y proporcionar los mínimos elementos de subsistencia a quienes quedaron desamparados, han empezado a aparecer las iniciativas que apuntan a cuando menos paliar algunas de las otras necesidades que también han quedado pendientes de solución.

La Organización para la Educación y la Cultura de la ONU, la Unesco, mediante su representante Audrey Azoulay, acaba de anunciar en la misma Beirut, que están a punto de arrancar dos conferencias destinadas a recaudar fondos en beneficio de la educación en ese país árabe, el cual actualmente no sólo tiene que enfrentar los retos que significa para el sistema escolar nacional la pandemia del covid-19, sino también la destrucción de cerca de 160 escuelas que quedaron hechas polvo tras la explosión de las 2,750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas irresponsablemente en el puerto. Azoulay señaló que, en principio, serían necesarios 22 millones de dólares tan sólo para reconstruir las escuelas dañadas y que se requeriría un fondo adicional para recuperar el patrimonio cultural de la ciudad, cuyo corazón quedó en ruinas.

No hay que perder de vista que desde los primeros días posteriores al siniestro se gestó una conferencia internacional de donantes para el Líbano, encabezada por el presidente francés Macron, cuyo compromiso fue recaudar 250 millones de euros con el propósito de contribuir a la reconstrucción. Sin embargo, quedó muy claro desde el principio que la propia sociedad civil libanesa, alzada en indignadas protestas contra sus autoridades, exigió que esa ayuda de ninguna manera fuera entregada a los políticos que manejan el gobierno, cuya corrupción es tan evidente y tan de todos conocida, que el propio presidente, Michel Aoun, en su anuncio de disolución del gobierno tras la tragedia, reconoció que tal decisión derivaba fundamentalmente de que la monumental corrupción injertada en su gobierno hacía imposible pretender seguir a cargo del timón del país.

Es así que, si bien existe disposición de la comunidad internacional para aportar recursos millonarios como apoyo a Líbano, resulta sumamente problemático canalizarlos de tal forma que en efecto lleguen a su destino y no a los bolsillos de quienes desde la política han hecho de la riqueza nacional su botín particular. La tarea se complica aún más debido a la injerencia de Irán en el país, pues la república islámica maneja los hilos que mueven al Hezbolá, cuyos objetivos e intereses no tienen que ver con los de la nación de la que forma parte, sino con las directrices emanadas desde Teherán, cuya ambición es la de expandir su influencia regional aprovechando la conveniente ubicación geográfica de Líbano.

Todo esto forma un rompecabezas de casi imposible solución, el cual, de alguna manera, recuerda el caos que se vivió en el País de los Cedros durante su guerra civil que duró desde 1975 hasta 1990, periodo durante el cual el embrollo sectario y confesional, más las intervenciones extranjeras procedentes de diferentes latitudes, hicieron de este legendario país, un verdadero infierno sobre la Tierra.