El clima entre algunos magistrados federales era de celebración porque entendían que la sentencia de la Corte volvió a poner en su lugar los avances que había hecho el kirchnerismo en algunas causas en que los intereses del oficialismo estaban afectados. Ya sea porque mediante esta ley el kirchnerismo diseñó tribunales para proteger a funcionarios en problemas, como en el caso Hotesur, que afecta directamente a la presidenta Cristina Kirchner y a su familia. O ya sea para cuidar políticas del Gobierno, como el memorándum con Irán, que el Gobierno intenta revivir a pesar de haber sido declarado inválido y que está apelado ante los jueces suplentes de la Casación.

El alivio en los tribunales fue a medias porque los abogados que se deben ir de la Casación lo harán recién dentro de tres meses. Se trata de los abogados nombrados como jueces Roberto Boico y Norberto Frontini. Tal vez puedan renunciar antes de ese plazo, dada la debilidad en la que quedaron.

Entre tanto, ambos pueden firmar sentencias, aunque de cuestionada legitimidad, pues la Corte ya los de-sautorizó como jueces suplentes.

Además, la Corte le dejó la facultad de designar a los nuevos jueces subrogantes al Consejo de la Magistratura, presidido hoy por la jueza Gabriela Vázquez, funcional al kirchnerismo. Sin embargo, no se sabe cuál será el equilibrio de poder en ese cuerpo el próximo año ni su futura integración tras las elecciones presidenciales del 22 del actual.

El fallo de la Corte de ayer tendrá consecuencias inmediatas en la causa en que se debe decidir la validez del memorándum con Irán.

Sobre todo por el fallo de ayer, en el que Boico y Frontini, dos jueces suplentes, removieron al juez Juan Carlos Gemignani, el juez natural del tribunal, de esa causa.

La Corte ya dijo que los fallos de los jueces subrogantes, incluidos Boico y Frontini, son válidos, pero eso no implica que en un recurso de apelación no pueda ser atacada la integración del tribunal, ya declarada viciada por la Corte.

De hecho, los que van a apelar que se hubiera aceptado la recusación de Gemignani y apartado a ese juez son la AMIA y la DAIA y el fiscal ante la Casación Raúl Pleé.

El funcionario anticipó ayer que va a recurrir la sentencia porque entiende que es arbitraria y denunció que "la Argentina también tiene un cepo a la justicia".

"Tengo 43 años de justicia y es la primera vez que veo un mamarracho así respecto de una resolución judicial, es inédito", dijo Pleé, que tildó de "abogados militantes" del kirchnerismo a los conjueces Boico y Frontini. "Estos dos abogados entraron por la ventana" al poder judicial, por lo que la designación, dijo, "es inconstitucional".

"Esto es una movida del Gobierno a través de jueces suplentes designados por un Consejo de la Magistratura oficialista, en una aplicación inconstitucional de la ley, para evitar que en poco tiempo pueda resolverse la cuestión del pacto con Irán (en Casación)", sostuvo el fiscal.

Pleé ya presentó 91 recursos de nulidad de sentencias firmadas por Boico y Frontini, pero la sala de sub-rogantes se las rechazó. Y lleva presentados 71 recursos extraordinarios ante la Corte y 16 recursos de queja.

El futuro del pacto con Irán

Si prospera el recurso de la DAIA y la AMIA y el de Pleé, la Corte Suprema podría reponer a Gemignani en el tribunal que debe decidir la constitucionalidad del pacto con Irán.

Mientras esto no suceda los jueces que deben resolver sobre la validez del pacto con Irán son hoy Angela Ledesma y Ana María Figueroa. El tercer integrante del tribunal debe ser designado por sorteo entre los jueces de la Casación, incluidos Boico y Frontini.