El ataque militar estadounidense a Venezuela, seguido del "arresto" del presidente Nicolás Maduro y su esposa, conmocionó al mundo. Presentada por Washington como una operación de "seguridad estratégica", la intervención plantea graves interrogantes legales y políticos. 

Desde la perspectiva del derecho internacional, el uso unilateral de la fuerza sin mandato de la ONU, sumado al secuestro de un jefe de Estado en funciones, constituye un desafío directo a los principios que rigen el orden mundial. Este es otro ejemplo de un sistema internacional con fronteras cambiantes, donde la legalidad desaparece en cuanto los intereses estratégicos estadounidenses están en juego. 

En el mundo musulmán, las reacciones reflejan una profunda fragmentación, revelando dinámicas de poder, alianzas regionales y cálculos diplomáticos deliberados.

Enérgicas condenas y muestras públicas de solidaridad

Entre las primeras reacciones, Irán denunció una flagrante "agresión militar" y una clara violación de la Carta de la ONU. Teherán instó a la comunidad internacional a condenar rotundamente el uso de la fuerza contra un Estado soberano, argumentando que el secuestro de un jefe de Estado sienta un precedente peligroso para el ya frágil equilibrio de las relaciones internacionales.

En Saná, las autoridades de facto vinculadas al movimiento Ansar Allah también condenaron la operación estadounidense, acusando a Washington de violar el derecho internacional y reafirmando su solidaridad con el pueblo venezolano ante lo que describieron como un acto de brutal hegemonía. 

En el Sudeste Asiático, Malasia se distinguió por la claridad de su postura. El primer ministro Anwar Ibrahim exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro, recordando que el secuestro de un presidente por una potencia extranjera debilita peligrosamente los mecanismos diseñados para prevenir la arbitrariedad y el poder del más fuerte.

En África, varios países de mayoría musulmana expresaron su apoyo a Caracas. Malí, Burkina Faso y Níger denunciaron los ataques ilegales contra instalaciones civiles y militares, calificándolos de graves violaciones de la soberanía venezolana. 

Nigeria también reiteró la importancia de respetar las normas internacionales y la integridad territorial de los Estados. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado una postura común. 

En el seno de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), no se ha emitido una declaración colectiva firme que establezca una postura unificada, lo que ilustra la persistente incapacidad del mundo musulmán institucional para responder de forma coordinada a las violaciones del derecho internacional cuando provienen de potencias occidentales.

Silencio árabe y cautela diplomática

Por el contrario, varios Estados optaron por una postura mesurada. Qatar expresó su "profunda preocupación", instando a la desescalada y ofreciendo su mediación. Indonesia y Turquía se limitaron a recordatorios generales sobre la necesidad de respetar el derecho internacional, sin señalar explícitamente la responsabilidad estadounidense. Pero es sobre todo el silencio del mundo árabe y del Magreb lo que llama la atención. Ni Arabia Saudí, ni los Emiratos Árabes Unidos, ni Egipto reaccionaron oficialmente. En el norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez guardaron silencio, a pesar de un discurso tradicionalmente vinculado a la soberanía de los Estados.

Este silencio no es insignificante. Refleja la aceptación tácita de un orden internacional dominado por Washington, ahora liderado por Donald Trump, donde el secuestro de un presidente en ejercicio puede relegarse a la categoría de daño colateral siempre que se alinee con las prioridades estratégicas estadounidenses. Esta realidad socava aún más la credibilidad del derecho internacional, que se invoca de forma selectiva y rara vez se aplica a las naciones poderosas, informó Oumma.