Por Nicolás de Cárdenas

En declaraciones a Radio Nacional de España, Mons. Omella ha explicado que se han remitido los datos de casos recabados por las diócesis españolas.

Además, en beneficio de la transparencia y la colaboración, la CEE ha ofrecido “todos los protocolos que tienen tanto los religiosos como las diócesis españolas” para la prevención de abusos. 

En total, el Defensor del Pueblo ha recibido “seis volúmenes de reflexión con todos los datos que hasta este momento tenemos”. Cone ello se hace explícito el compromiso de los prelados españoles de “poner todos los medios para erradicar” los abusos a menores. 

El Purpurado consideró, además, que estas situaciones provocan "un gran daño, no sólo a la Iglesia, sino a la sociedad”.

Hace un año, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo poner en marcha una comisión independiente para informar sobre las denuncias de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. 

Un mes antes, la CEE hizo público que encargaba al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría externa sobre la cuestión, cuyos trabajos tenían una duración prevista de un año. Aún no se han conocido sus conclusiones. 

En España existen más de 200 oficinas dedicadas a la protección de menores y la prevención de los abusos a cargo de diócesis, congregaciones religiosas y movimientos laicales. Según detalla la CEE, durante el año 2022 las oficinas diocesanas han formado a más de 150 mil personas, sobre todo niños y adolescentes. 

A lo largo de 2022, se han recibido 186 nuevos testimonios relacionados con casos ocurridos desde 1950. Respecto de los victimarios, se ha informado de que "hay 74 clérigos consagrados, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos y 27 laicos", todos varones. "De ellos han fallecido 90, 69 están vivos y no consta su situación en 27 casos", detalla la CEE.  

Respecto de las víctimas, 179 eran menores de edad en el momento en que se produjeron los hechos. 

Según un estudio de la Fundación ANAR publicado en 2021, los sacerdotes representan un total del 0,2% de los responsables de abusos a menores en España entre 2008 y 2019. La mayoría de estas situaciones se produjeron con adolescentes a partir de 16 años.