Por Tyler Arnold.

Los obispos presentaron el comentario público a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) el 8 de julio. El cambio propuesto regula las actividades de las organizaciones que reciben ciertas formas de asistencia federal, incluidas las organizaciones benéficas católicas, las escuelas y los proveedores de atención médica.

Los obispos apoyan una disposición que prohíbe el uso de fondos federales para iniciativas que nieguen “la dicotomía sexual en los seres humanos” o que expresen la idea de que “el sexo es una característica elegida o mutable”.

“Apoyamos plenamente esta disposición, que está diseñada prudentemente como una restricción al alcance de las actividades que pueden ser financiadas con fondos federales, en lugar de una prohibición de la libertad de expresión o de conducta fuera del ámbito de la subvención”, indicaron los obispos en su comentario.

Los obispos también apoyan una disposición que prohíbe a las organizaciones cobrar fondos federales por costos “asociados con abortos electivos… salvo que la ley federal lo autorice expresamente”.

Sin embargo, también señalaron que la norma debería ser “aún más estricta en la protección de la vida humana inocente”, al menos alineándose plenamente con la Enmienda Hyde, que prohíbe el uso de fondos para abortos, con la excepción de los niños no nacidos concebidos en violación o incesto, o cuando la vida de la madre esté en peligro.

Asimismo, indicaron que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) debería aclarar el significado de “asociados con”, advirtiendo que la redacción no parece tan contundente como la disposición sobre ideología de género.

Los obispos también apoyan una propuesta para prohibir que las agencias federales discriminen o favorezcan a las organizaciones religiosas en las solicitudes de subvención, pero instaron a la OMB a reforzar esta redacción aplicando expresamente la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA).

“Incluso cuando la ley equipara a las entidades religiosas y seculares, la RFRA prohíbe al gobierno federal imponer cargas sustanciales al ejercicio religioso, a menos que ello responda a un interés gubernamental imperioso y sea la forma menos restrictiva de dicho ejercicio”, añade el comentario.

También insta a revisar la redacción para garantizar que las organizaciones religiosas no sean acusadas de parcialidad contra otras religiones.

Puntos de desacuerdo

La disposición que recibe la mayor oposición de los obispos es la que prohíbe el uso de fondos para fomentar o facilitar la “inmigración ilegal”, señalando que grupos caritativos católicos han sido acusados ​​de ello.

“Atender las necesidades humanas básicas de los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, es fundamental para la misión de la Iglesia Católica y sus ministerios”, afirma el comentario.

“Las entidades religiosas que proporcionan alimentos, alojamiento u otra ayuda humanitaria a los inmigrantes, o transporte relacionado con dicha ayuda, pueden temer razonablemente que sus ministerios habituales se caractericen como una facilitación de la inmigración ilegal o como una iniciativa que compromete la seguridad pública”, añade.

“Bajo estas mismas interpretaciones, incluso garantizar la plena inclusión de los inmigrantes indocumentados en la vida sacramental de la Iglesia o proveer para la educación de niños indocumentados podría malinterpretarse como ‘fomentar’ su presencia en Estados Unidos sin autorización”, continuaba el comentario.

Los obispos también se oponen a la prohibición de financiar iniciativas que promuevan “valores antiamericanos”, advirtiendo que no está claro qué significa esto.

En su comentario, también se opusieron a la verificación electrónica obligatoria, afirmando que “podría desalentar la contratación legal, sobrecargar a las organizaciones sin fines de lucro y religiosas, generar confusión sobre contratistas y empleados con costos indirectos, y fomentar la selección discriminatoria excesiva”.