El organismo calificó como “inadmisible” la denuncia presentada por Cynthia Hotton contra su interventora, Victoria Donda, a raíz de que en el programa A Dos Voces, esta funcionaria descalificara por “fanátismo religioso” las opiniones sobre el proyecto de legalización del aborto de la economista y dijera que “si nos dejamos llevar por fanatismos religiosos, estamos en un problemón".

 

Para Hotton, “el problemón” es que el Inadi, “una institución con un presupuesto de más de 500 millones de pesos, haya dejado de cumplir su finalidad de proteger a los argentinos y se lo haya instrumentado para atacar a la oposición, defender a los amigos del Gobierno y pagar militancia partidaria”. El último presupuesto publicado asignaba en 2019 al instituto, 6.000.000 de dólares para 358 cargos y Donda a inicios de 2020 cobraba más de 300.000 pesos por mes.

 

El texto de la “Resolución de Inadmisibilidad” del organismo intentó quitar gravedad a las expresiones de su interventora resignificando los términos utilizados, argumentando que “existen fanáticos/as de equipos de fútbol, fanáticos/as de la música clásica, fanáticos/as de partidos políticos…” y que “en sí el fanatismo, incluso el fanatismo religioso, no es estigmatizante, ni denigrante, ni discriminatorio”. Sin embargo, luego advirtió contradictoriamente que “la referencia al fanatismo religioso en el programa de televisión estaba referido a que dicha lente ideológica no le permitía entender correctamente el texto del proyecto”.

 

Según Hotton, “el Inadi, con tal de defender a su jefa, llegó al absurdo de discriminar a todos los que no piensan como ella. No sólo las personas de fe, sino también todos los fans de cualquier persona, equipo o causa, no estarían capacitados para opinar sobre una ley”. Es por eso que “o su Directora debería renunciar, o el Presidente, que la designó, le debería pedir su renuncia, o debería cerrar sus puertas porque está discriminando a cada vez más argentinos y se están malgastando fondos que se necesitan para combatir los problemas reales de la gente”.

 

Hotton aclaró, por último, que “quien no supo interpretar el texto del proyecto de ley es la misma Donda, porque efectivamente, el proyecto aprobado no establece límites de tiempo, entre otros casos, “si estuviese en peligro (...) la salud integral de la persona gestante”. También el diputado Fernando Iglesias, declaradamente abortista, advirtió en el recinto que debía determinarse un límite claro porque  “no es posible que la ley permita que haya abortos al séptimo, noveno, mes".