La iglesia transmitió su profunda preocupación por recientes "expresiones discriminatorias y xenófobas", entre las que sobresalen las desafortunadas declaraciones del senador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien había señalado que la Argentina "siempre funciona como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú".

"Migrar no es un delito", afirmó la Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo, que preside el obispo de Azul, Hugo Salaberry, al citar un mensaje del papa Francisco y rechazar "recientes expresiones y posturas que van tomando estado público en torno de los migrantes".

El pronunciamiento se conoció en el cierre de la asamblea del Episcopado. Su presidente, monseñor José María Arancedo, renovó el llamado a dirigentes políticos, sociales, gremiales y empresarios para que "dejen de lado intereses particulares" y contribuyan a que el pais viva una "Navidad en paz".

"Cada funcionario público y dirigente de la sociedad debería ser quien vele por el respeto de la dignidad de todos los habitantes de la República Argentina evitando palabras que alienten posiciones discriminatorias y xenófobas", sostuvo el documento de la Comisión Episcopal de Migraciones.

El pronunciamiento de la Iglesia adquiere relevancia en momentos en que la Argentina se apresta a recibir a unos 3000 refugiados sirios y, especialmente, cuando en el mundo se reactiva el debate por las restricciones que podría imponer en la política migratoria de Estados Unidos el flamante presidente electo, Donald Trump.

Reiteradamente, el papa Francisco alertó sobre las prácticas discriminatorias contra los flujos migratorios. "Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta", declaró el Pontífice en su último mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2016.

Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), unos 65,3 millones de personas eran desplazadas a fines de 2015. La cifra creció en casi seis millones de personas en un año.

En el plano local, Pichetto había llamado a "dejar de ser tontos" y se preguntó "¿cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo inmigrantes pobres?" Expresó su malestar porque el país "tiene universidades públicas a las que acceden los extranjeros" y dijo que "debería haber un mecanismo de compensación", lo que generó el rechazo de su bloque de senadores.

Los obispos que integran la Comisión de Migraciones recordaron ayer que ya en el tedeum del año 2000, el entonces cardenal Jorge Bergoglio llamó a "dar respuestas solidarias e integradoras hacia los migrantes desposeídos y de buena voluntad, que llegan y deben seguir llegando a nuestro país".

En esa línea, el pronunciamiento episcopal advierte acerca de un cuadro significativo de prejuicios y actos de discriminación. "Reconocemos distintos rostros de pobres y excluidos en nuestra nación, entre ellos el de los migrantes, quienes en muchas ocasiones son acusados de los males de nuestra sociedad", señala el documento. Y añade que "en algunos otros casos viven en la pobreza y en la marginación".

Los obispos explicaron que la comisión "intenta sensibilizar y concientizar a la población sobre el fenómeno de las migraciones y su incidencia en la sociedad".

Procuran, así, favorecer "el desarrollo de una cultura de respeto y solidaridad con el migrante, para convertir hostilidad en hospitalidad y rechazo en acogida, mediante diversas propuestas e iniciativas a nivel local, regional y nacional".

Control migratorio

La Iglesia formuló la advertencia en momentos en que el Gobierno busca endurecer la política migratoria y reforzar los controles en la frontera, como parte de la estrategia destinada a profundizar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el trabajo en negro de los inmigrantes.

Las últimas cifras oficiales revelan que unos 28 millones de extranjeros ingresaron a la Argentina entre 2014 y 2015. Encabezan las listas de radicaciones definitivas los ciudadanos de Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia.

La Iglesia recuerda que la nueva ley de migraciones, sancionada en 2004, garantiza "el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección y amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales y bienes públicos".