Así lo revela un análisis conjunto de Greenpeace MENA (Oriente Medio y Norte de África) y la Iniciativa Global de Finanzas Éticas.
Las proyecciones financieras son elocuentes: se espera que el sector de las finanzas islámicas movilice varios billones de dólares de aquí a 2027. Más precisamente, una asignación del 5% de estos activos a las energías renovables permitiría liberar cerca de 400 mil millones de dólares de aquí a 2030, una cantidad colosal para acelerar la transición energética.
Esta movilización responde a una necesidad acuciante. Las regiones de mayoría musulmana están soportando la peor parte del cambio climático: desastres naturales devastadores, creciente inseguridad alimentaria y alteración de las prácticas culturales y religiosas. El Ramadán, en particular, se vuelve especialmente difícil en zonas afectadas por sequías o inundaciones.
Frente a estos desafíos, varios países están liderando el camino. Malasia se destaca por su programa de bonos verdes que cumple con la sharia, mientras que los Emiratos Árabes Unidos están aumentando sus iniciativas ecológicas. Arabia Saudita, por su parte, está poniendo en marcha un ambicioso plan de desarrollo sostenible destinado a una reducción masiva de sus emisiones de carbono para 2030.
Más allá de los aspectos financieros, este enfoque se basa en una filosofía ancestral que combina la responsabilidad social y ambiental.
Los principios tradicionales de caridad e inversión ética encuentran así una nueva resonancia en la lucha contra el cambio climático. Iniciativas concretas, como la instalación de paneles solares en lugares de culto o la financiación de proyectos de adaptación climática, ilustran este potencial transformador.
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