La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió en un comunicado la liberación de ocho personas vinculadas con iglesias evangélicas que podrían estar en manos de un grupo ilegal en el departamento del Guaviare, exactamente en el municipio de Calamar.

“Entre el 4 y 5 de abril pasado, ocho personas fueron privadas de la libertad en la vereda Agua Bonita Media... Hasta el momento no se tiene certeza del grupo armado responsable de los hechos y tampoco se cuenta con pruebas de supervivencia de estas personas” expone el organismo.

“La Defensoría del Pueblo respalda la solicitud de las familias y recuerda a los grupos armados el derecho que tienen los seres queridos a conocer el paradero y la suerte de quienes fueron privados de la libertad. Los grupos armados deben dar información a sus familiares. A su turno, @FiscaliaCol (Fiscalía General de la Nación) debe activar el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas" destacaron.

También hicieron un llamado al gobierno colombiano: “Instamos al Gobierno nacional, a la Oficina del consejero Comisionado para la Paz y a los delegados en los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y el Frente, revisar este hecho y a proporcionar la información disponible para que tomen las acciones que permitan su esclarecimiento”.

Entre el 4 y 5 de abril pasado, ocho personas fueron privadas de la libertad en la vereda Agua Bonita Media del municipio de Calamar, Guaviare.

Hasta el momento no se tiene certeza del grupo armado responsable de los hechos y tampoco se cuenta con pruebas de supervivencia de…

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 29, 2025

Las víctimas

La organización internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW) denunció en abril este hecho, identificando a los desaparecidos como Isaíd Gómez, Maribel Silva, Carlos Valero, James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Oscar García, todos vinculados a las denominaciones Alianza Evangélica de Colombia (DEAC) y la Iglesia Cuadrangular (ICCG).

Nixon Peñalosa, por ejemplo, era presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Bonita y tesorero de la DEAC. Isaíd Gómez y su esposa Maribel Silva, ambos predicadores y James Caicedo, ex pastor de la ICCG y líder espiritual en la zona.

En su momento, Scot Bower, director ejecutivo de CSW, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que estas personas sean localizadas sanas y salvas; también denunció una “…violencia creciente en Guaviare y otras zonas” que, según el vocero, “afecta gravemente los derechos humanos, incluida la libertad religiosa".

El medio Semana reseñó que el alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, ha sido amenazado por parte de estos grupos ilegales tras intentar mediar en la desaparición de estas personas. Hasta los momentos se denunció que los desaparecidos acudieron a una cita a inicios de abril tras recibir llamadas telefónicas para asistir a una reunión y desde entonces se desconoce su paradero y estado de salud.

Según esta revista, la persona que pidió el encuentro no se identificó, pero se presume que podría estar vinculada a las disidencias de las Farc.

Las disidencias son clasificadas por el gobierno de Colombia como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que inicialmente fue conformado por algunos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyos miembros no se acogieron al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP y se dedican a realizar actividades ilegales en la zona.

¿Los secuestros tienen que ver con la fe de las víctimas?

La organización Puertas Abiertas está investigando si la fe de los afectados tiene relación con el motivo de su desaparición. Reseñaron que siete de estas personas son cristianas, incluyendo al líder de la iglesia local.

“Las incertidumbres son una carga cada vez más pesada… A pesar del refuerzo de tres batallones del ejército, las búsquedas no han tenido ningún avance, lo que hace que la comunidad se sienta vulnerable y con miedo de nuevos casos de desaparición” resaltaron, al tiempo que pidieron oración por los desaparecidos, sus familias y su comunidad.

Anteriormente, CSW denunció que las personas desaparecidas se habían establecido en Guaviare después de ser desplazadas del departamento de Arauca debido a la violencia y las graves violaciones de la libertad de religión o creencias, incluido el cierre de iglesias y los ataques a pastores protestantes por parte de grupos armados y criminales ilegales durante la última década.