La Corporación de Abogados Católicos difundió una declaración ante el proyecto que presentó el Frente de Todos para impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el incumplimientos de los fallos dictados por el máximo tribunal.

"El  juicio político que se intenta realizar a la totalidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene la exclusiva finalidad de avasallar al Poder Judicial, dada la manifiesta ilegitimidad de la causal que lo motiva, consistente en el  contenido de  sentencias dictadas por el tribunal en causas en las que la Constitución Nacional le atribuye indudable jurisdicción para su conocimiento y decisión, y que fueron precedidas de un procedimiento regular por el que se  garantizó a las partes el debido proceso y el derecho de defensa en juicio", advirtieron los abogados católicos.

"Este propósito destituyente, concomitante con la búsqueda de mecanismos espurios para incumplir los fallos, atentan contra instituciones básicas para el funcionamiento de la República, como la división de poderes y el respeto irrestricto de las resoluciones judiciales", agregaron.

La Corporación también custionó al Poder Legislativo por su "conducta facciosa y funcional a los lineamientos de quien ostenta el Poder Ejecutivo Nacional" y afirma que esta actitud se ha evidenciado en "la intención de hostigar y amedrentar a los jueces -con el objetivo de condicionar futuros pronunciamientos-, abusando de su condición de mayoría en la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación".

 

 

Texto de la declaración

La Corporación de Abogados Católicos advierte que el  juicio político que se intenta realizar a la totalidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene la exclusiva finalidad  de avasallar al Poder Judicial,  dada la manifiesta ilegitimidad de la causal que lo motiva, consistente en el  contenido de  sentencias dictadas por el tribunal en causas en las que la Constitución Nacional le atribuye indudable jurisdicción para su conocimiento y decisión,  y que fueron precedidas de un procedimiento regular por el que se  garantizó a las partes el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Este propósito destituyente, concomitante con la búsqueda de mecanismos espurios para incumplir los fallos, atentan contra instituciones básicas para el funcionamiento de la República, como la división de poderes y el respeto irrestricto de las resoluciones judiciales.

La situación se agrava en forma notoria, si se considera que parte de los miembros del Poder Legislativo, en conducta facciosa y funcional a los lineamientos de quien ostenta el Poder Ejecutivo Nacional, han evidenciado la intención de hostigar y amedrentar a los jueces -con el objetivo de condicionar futuros pronunciamientos-,   abusando de su condición de mayoría en la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación, a través del  indebido  inicio de una investigación  sobre los magistrados sin el previo tratamiento por ésta,  en clara violación a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional,   dado que corresponde al cuerpo en pleno, por mayoría de dos tercios, disponer no solo la eventual acusación posterior, sino también el inicio mismo del procedimiento. En consecuencia, los actos que se desarrollen sin cumplir este requisito deben ser calificados de verdaderas vías de hecho contra un poder legítimo del Estado, afectados de nulidad insanable de conformidad a la doctrina de los artículos 29, 33 y 36 de la Constitución Nacional.

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