Los curas villeros emitieron este lunes un duro comunicado en el que cuestionan la decisión del Gobierno nacional de recortar drásticamente los fondos del Fondo de Inversión Social Urbano (FISU), que tiene al frente a Fernanda Miño, vinculaba al dirigente social Juan Grabois.

El texto, titulado "No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares", fue firmado por equipo de más de 50 sacerdotes de las villas y barrios populares de la Argentina. Allí advierten que esta decisión significa "un retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social".

Destacan las políticas públicas que en los últimos años permitieron que "muchos vecinos pudieran lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas".

"No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores", afirmó.

Y luego advirtieron que "la intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza".

En ese sentido, le pidieron al Gobierno nacional que "se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva".

El Gobierno nacional redujo este lunes de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios, a través del Decreto 193/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Lo confirmó el vocero presidencial en conferencia de prensa. "Buscamos la transparencia, no que se elimine la función que cumplía cada fondo, sino tener más transparencia y aquellos destinos que encontremos que efectivamente deben seguir existiendo tal vez que sigan existiendo muy transparentados, muy controlados", afirmó el pasado jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Estos fondos- indicó Adorni- representan un gasto "en torno a los US$ 2.000 millones".

La Ley 27.541 que creó el Impuesto País, estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Anses y el PAMI, y el 30% restante a obras, turismo y vivienda.

De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.

El decreto reduce el 30% del FISU a 1%, incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura.

En términos absolutos sobre el 100% de la recaudación del Impuesto, el fondo pasó hoy de recibir el 9% total del tributo al 0,3%

El FISU, creado en 2019, era uno de los fondos fiduciarios bajo evaluación, y se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Entre otras obras, se financia el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes.

Otro pedido por el FISU

El director ejecutivo de la Fundación Techo, Juan Maquieyra, pidió hoy la continuidad del financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y remarcó que se trata de una política de Estado que atravesó gobiernos nacionales de distinto signo político.

"El FISU viene de una política de Estado que lleva ya varios años en Argentina. En Techo empezamos relevando barrios populares en 2009. En el gobierno de Mauricio Macri, se hizo un relevamiento de barrios populares nacionales donde supimos por primera vez cuántos había en Argentina", explicó Maquieyra.

Según explicó en diálogo con C5N, en 2018 el Congreso vota con unanimidad la ley (27.453) en donde se crea el fideicomiso, y en 2020 el gobierno de (Alberto) Fernández financia la ley con el Impuesto País.

El director de Techo lamentó que el decreto "complejiza mucho el financiamiento".

"Si se sostiene la situación, baja muchísimo la cantidad de financiamiento orientado a estas obras para más de 6.000 barrios populares en Argentina que necesitan acceso a cloaca, electricidad y otras obras de infraestructura", remarcó.

Señaló también que, si no quiere financiar al FISU por el Impuesto PAÍS, se puede "poner otro impuesto con fuerza de ley para garantizar el financiamiento".

"No puede pasar que de un día para otro nos levantemos y una política queda desfinanciada, más cuando en el mismo gobierno había voces que habían hablado bien de esta política pública", indicó.

"Ojalá prime la mirada de continuar con las obras y de transparentar lo que haya que transparentar. No hay posibilidad de meritocracia si no hay como llegar a la escuela o donde trabajar. Hay que invertir en los más de 6.000 barrios populares", concluyó Maquieyra.