Por la mañana, las defensas del ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, Carlos Telleldín, plantearon hoy, jueves, sus cuestiones preliminares en la tercera audiencia del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, que pasó a un cuarto intermedio hasta las 15.30 hs. para dar lugar al comienzo de las respuestas de las partes.

Los abogados del ex magistrado, Daniel Rubinovich y Darío Vezzaro, reiteraron que el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que acusara a policías bonaerenses ya fue juzgado en 1997, pese a que su sobreseimiento fue anulado, y criticaron la “fundamentación arbitraria” de “vagas imputaciones” y la “falsa valoración de las pruebas”.

Además, aseguraron que un eventual encubrimiento estaría prescripto.

En tanto, Santiago Marino Aguirre, defensor oficial de los ex fiscales, señaló la “paradoja” de que la causa por “irregularidades” en la investigación del atentado tuviera irregularidades, que los jueces no solo dejaron pasar, sino que las generaron, mezcladas con demandas económicas contra el Estado, y exigió del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, “independencia y autonomía de las presiones”.

También se quejó porque los querellantes deberían ser víctimas del delito, y en ese sentido pidió la nulidad parcial de los requerimientos de los ex policías, 18J, el Ministerio de Justicia y Memoria Activa en los casos en que no hayan sido damnificados directos y aclaró que no se trata de un planteo dilatorio ya que ello haría más rápido el juicio.

Omar Daer, en nombre del ex mandatario, requirió la nulidad de las síntesis de los requerimientos de elevación a juicio y la lectura completa del de la Fiscalía como condición para que Menem declare, al igual que el levantamiento del secreto de Estado por parte del Congreso, ya que es senador, porque sus dichos “podrían afectar las relaciones y la convivencia pacífica con otros países”, en virtud de que oportunamente pidió la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros, como el MI6, la CIA, el Mossad y el de Brasil.

Más allá de que estaría prescripto, se le imputa el presunto encubrimiento de una persona, por Alberto Jacinto Kanoore Edul, que fue investigada nueve años y solo tiene falta de mérito, sostuvo el letrado, que vinculó la acusación a su defendido con el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en paralelo a la causa judicial y a la desestimada denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

A su turno, la defensa de Anzorreguy advirtió que los límites al levantamiento del secreto en lo que respecta a servicios de inteligencia extranjeros podría ser un obstáculo.

El patrocinante de Telleldín, Juan Martín Cerolini, subrayó que la “gran víctima” por la declaración paga de su defendido es Juan José Ribelli (omitió a los otros policías), precisamente el único que no lo acusó porque lo hizo privado de su libertad.

Las defensas del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y del abogado Víctor Stinfale no efectuaron planteos preliminares, y el resto lo había hecho la semana pasada.

Ya por la tarde, los acusadores coincidieron en que los planteos defensistas habían excedido el concepto de “cuestiones preliminares”, reiterado quejas ya desestimadas y criticado sin fundamentar, de modo que rechazaron unánimemente todas sus pretensiones y hasta algunos reclamaron que el tribunal les imponga el pago de las costas procesales.

En general, defendieron los resúmenes de sus requerimientos, tanto porque cumplieron con la normativa como porque las versiones sintetizadas y completas les fueron entregadas a las defensas; el nuevo juzgamiento de Galeano por el pago, ya que su sobreseimiento fue anulado; la imprescriptibilidad de todos los cargos como conexos a un delito de lesa humanidad; y la participación integral de las querellas porque todas las imputaciones conformaron una maniobra genérica de encubrimiento y por su derecho a la verdad.

También coincidieron en que, a diferencia de lo manifestado por su defensa, Menem no está obligado a guardar secretos de Estado por el mero hecho de haber sido Presidente.

“Si sabe mucho y lo calla hace 21 años, este juicio quizá sea el lugar para decirlo, en honor a las víctimas, sus familiares y la sociedad toda; que no se reprima más”, le recomendó un sarcástico Rodrigo Borda, letrado de Memoria Activa.

Culminadas las exposiciones, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 3 de septiembre para responder a todos los planteos y dar inicio a las indagatorias de los imputados.