Por Sergio Rubin

El cambio de la implementación del sistema de distribución de alimentos a los miles de comedores comunitarios se le está convirtiendo al gobierno en una quimera. La sustitución del envío de los productos no perecederos por la entrega a los comedores -previo reempadronamiento- de una tarjeta de compra de la mercadería con el proclamado fin de evitar la intermediación y hacer hacer más transparente y eficiente la ayuda, está provocando un conflicto no sólo con los movimientos sociales, sino con la Iglesia católica.

El conflicto comenzó a poco de la asunción del nuevo gobierno porque la decisión del ministro de Capital Humano de modificar el mecanismo derivó en los hechos en la suspensión de la entrega de alimentos, según denunció la propia Iglesia el lunes. Los obispos aclaraban que ellos no juzgaban la nueva modalidad, una decisión cuya efectividad se verá sobre la marcha, sino que los comedores no podían sufrir la falta de mercadería ante cada vez más gente que concurre y en época en que los comedores escolares están cerrados.

Paralelamente, el gobierno decidió entregarle dinero a la Iglesia católica -a través de Cáritas- y a los evangélicos -a través de su principal organización, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA)- para la compra de alimentos destinada a los comedores que gestionan en todo el país. Unos 310 millones para los católicos y unos 140 para los evangélicos a partir de un financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La movida, más que un reconocimiento a las instituciones religiosas, fue vista por los obispos como una manera de dejar de lado a los movimientos sociales, que también gestionan comedores. O sea, se sintieron en parte usados. Por eso, salieron este viernes a aclarar que el convenio firmado con el ministerio de Capital humano no los convierte en “interlocutores únicos” en la ayuda a los más pobres y que la pobreza “no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales”.

Más allá de aquellos dirigentes sociales que puedan estar buscando un rédito político o económico, la Iglesia considera que hay muchos movimientos sociales que cumplen bien su labor solidaria. Además, como dice en el comunicado, “nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los pobres y que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.

Habrá que ver si este roce aparece en la audiencia del presidente de la Nación con el Papa Francisco el lunes, a partir de la preocupación del pontífice por el peso del ajuste entre los que menos tienen y el deseo de Javier Milei de abordar la ayuda social -como lo hizo en la conversación telefónica con Jorge Bergoglio tras su triunfo electoral- porque, de hecho, sumó a la comitiva a la ministra del área, Sandra Petovello.