Por CARLOS ZAPATA*

En las últimas horas se desató una nueva “cacería de brujas” que intensificó los “tratos crueles” en su contra. Son más de 600 y están sometidos a condiciones inhumanas. Lo afirma la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en un comunicado a favor de los “presos políticos del país". El escrito de la Comisión de Justicia y Paz, emitido el 10 de agosto, exige conocer el paradero del general Raúl Isaías Baduel, quien fue “secuestrado” por la Dirección General de Contrainteligencia (DGCIM) cuando se encontraba en la cárcel militar de Ramo Verde. 

Uniformados de ese organismo lo sacaron “de manera violenta. Lo esposaron, lo amordazaron y le taparon la cara” en un “secuestro por parte del Estado”. Lo denunció en entrevista con el Vatican Insider, Adolfo Baduel, hijo del ex ministro de Defensa. 

El pedido de la Iglesia -firmado por el arzobispo Roberto Lückert- coincide con el llamado de la Santa Sede; que además ha mediado por vías diplomáticas para lograr mejores tratos hacia los prisioneros de conciencia en la nación sudamericana. 

La solicitud se basa en las denuncias de familiares y del Observatorio Venezolano de Prisiones, en las cuales se describen: “Tratos crueles e inhumanos en las detenciones, en traslados y en los mismos centros de reclusión”. También se cuestiona la “alimentación precaria y la falta de medicamentos” que sufre toda la población carcelaria del país, y se reclama contra la ausencia de una asistencia jurídica, amén de las graves fallas en el debido proceso. 

Cada caso es distinto, pero hay muchos elementos comunes: el maltrato y las vejaciones a los familiares es uno de ellos. Para ver a su papá los días de visita, Adolfo debe desnudarse frente a una cámara, previo a la requisa. Y no hay distinción de género, pues con las mujeres ocurre lo mismo. Ahora no tiene ni eso: la posibilidad de verlo. Porque tras la desaparición forzosa del ex máximo jefe de las fuerzas armadas venezolanas, aún desconocen su paradero "y no hay ningún tipo de información emanada de algún ente oficial sobre el caso”. 

El traslado ocurrió, aunque “no hubo orden formal del Tribunal para materializarlo”. La angustia por no saber de su situación se extendió a toda la familia, como explicó su hijo: “El domingo fue la última visita en la cárcel de Ramo Verde. Hemos recibido muchas llamadas telefónicas con graves denuncias, y hay miles de mensajes circulando en las redes sociales acerca de que lo están torturando”. 

“Hemos acudido a los organismos de justicia y de derechos humanos, y aún no saben nada de mi padre. Teníamos previsto visitar la Nunciatura Apostólica, porque siempre nos ayuda, pero se nos adelantó el comunicado de la CEV y estamos agradecidos con los obispos. Esas posiciones nos ayudan a mostrar la verdad y a que nos den garantías de vida”, agregó. 

Y denunció “tortura psicológica” contra él y sus familiares. “Primero nos dicen que está en Ramo Verde y cuando acudimos verificamos que no es cierto. Fuimos al SEBIN y nos mandan de nuevo a Ramo Verde. Marchamos al CONAS, pero nadie nos da respuesta. Es un juego sádico de ellos que nos mantienen en incertidumbre”, señaló. 

La de Baduel es una situación particular pero no la única, como ocurre con quienes fueron sometidos a un encierro en “La Tumba”, y los centenares que continúan tras las rejas por cometer “el peculiar crimen de pensar distinto”. Aunque pagó su condena completa, algo que casi nunca ocurre en Venezuela, le imputaron los delitos de rebelión y traición a la Patria un día antes de obtener la libertad.  

Lo más rudo, confesó Adolfo, es que “aunque es él quien está encerrado, nosotros estamos encerrados con él; porque uno no deja de pensar en eso. Uno nunca deja de pensar cómo están sus familiares. Y sé bien que ese drama no lo sufrimos solamente nosotros… Es un sentimiento en el que estamos unidos todos los que tenemos un preso político”. 

No obstante, tras ocho años de prisión han aprendido a sobrellevar la situación en familia, con un mensaje cargado de esperanza: “Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe y confiando en Dios, cuyos tiempos son perfectos. Y estamos seguros de que vamos a salir tarde o temprano de esto. Esta situación, lejos de doblegarnos, nos fortalece; pues nos une más como familia”. 

Es un drama que conoce bien la Iglesia, que al amparo de la Virgen de las Mercedes, vela por un trato digno para los presos. Aunque “negado desde hace tiempo en Venezuela”, reclamó el arzobispo Roberto Lückert. Él mismo sufrió represalias. Un día antes de la Semana Santa, cuando llevaba comida a los presos, constató que le fueron prohibidas las visitas, en un hecho inédito que hoy sigue vigente. 

“Son órdenes superiores: por decisión caprichosa de la ministra Iris Varela, se me impide cumplir la obra de misericordia y labor pastoral de visitar a los encarcelados”, le contó al Vatican Insider. Sin embargo, no se amilana. Lo asume, dijo, como parte de la cruz en los que Dios le ayuda a cargar dolores propios y ajenos.  

Lejos del odio, añadió, lo que alimentan los obispos en su comunicado es el perdón reservado a los mártires que interceden por sus verdugos. En él, instaron “no solo a orar por los que sufren, sino por los que vulneran estos derechos humanos”. Y pidieron denunciar públicamente a los funcionarios que violen tales derechos, “exigiendo el restablecimiento de un Estado equilibrado que restaure con urgencia la justicia y la democracia en Venezuela”. 

* Periodista y ex editor del Diario Católico de Venezuela