Por GIORGIO BERNARDELLI

Una denuncia por incitar al odio en contra del rabino Bentzi Gopstein, líder de Lehava, uno de los movimientos más extremistas de la derecha religiosa hebraica. Frente a la espiral de violencia de las últimas semanas y a las promesas del gobierno de Netanyahu, los líderes de las Iglesias católicas de Jerusalén pasaron de los llamados a las vías legales. Y pusieron explícitamente bajo acusación no solo a los que incendian las iglesias y las mezquitas, sino también a quienes con sus enseñanzas impulsan a los jóvenes a llevar a cabo estos actos violentos.

Un episodio específico desencadenó esta decisión: hace algunos días, en Jerusalén, durante una mesa redonda que se llevó a cabo frente a numerosos estudiantes de las ‘yeshiva’, las escuelas rabínicas, el rabino Gopstein avaló explícitamente los incendios. Cuando le preguntaron su opinión sobre las «Iglesias quemadas en la tierra de Israel», Gopstein respondió: «¿Maimónides (el gran filósofo hebraico del siglo XII, considerado un punto de referencia en la interpretación de la Torá, ndr.) estableció o no que los lugares idólatras deben ser destruidos? Deben ser destruidos, es simple. ¿Qué tipo de pregunta es?». Y al moderador, que le advertía al recordarle que la mesa redonda estaba siendo grabada, y que, por lo tanto, habría podido ser arrestado por estas afirmaciones, el líder de Lehava replicó: «Es la última de mis preocupaciones. En nombre de la verdad, estoy dispuesto a permanecer en la cárcel hasta cincuenta años».

El viernes por la mañana, la asamblea de los Ordinarios católicos de la Tierra Santa, que engloba a los obispos de diferentes ritos, había presentado una denuncia por instigación al odio en contra de Gopstein. «Estas afirmaciones, pronunciadas después de alarmantes actos de vandalismo en contra de los lugares santos de Israel, son inaceptables -se explicaba en una nota. Incitan al odio y representan una verdadera amenaza para los edificios de culto cristianos en el país. La comunidad católica en la Tierra Santa tiene miedo y se siente en peligro. La asamblea pide a las autoridades israelíes que garanticen una real tutela de los ciudadanos cristianos en este país y de sus lugares de culto».

Y ayer, frente a la falta de procedimientos en contra de Lehava, el abogado de la Custodia de la Tierra Santa, Farid Joubran, dio un paso más al escribir una carta al abogado general de Yehuda, Weinstein, y al procurador del Estado Shai Nitzan. En la carta se denuncia el hecho de que todavía no haya sido tomada ninguna medida pertinente: «Este retraso -escribe el abogado Joubran- podría ser interpretado por algunos como una debilidad por parte de los que deben hacer respetar la ley, cuando no como un sigilo de aprobación para las provocaciones racistas de Lehava. No es el momento adecuado para reenvíos, retrasos ni omisiones».

Por su parte, Gopstein se defendió criticando lo que definió intromisión en una discusión sobre la ‘halakha’, la ley hebraica. «Es hora de recordar al Vaticano que el tiempo de la censura de los libros hebraicos ya ha pasado. Que no toquen la Torá», escribió en su perfil de Facebook. La iniciativa de los ordinarios católicos de la Tierra Santa es una prueba importante para medir la real determinación de las autoridades israelíes en el combate contra la raíz del terrorismo hebraico. Desde hace tiempo, de hecho, los obispos indicaron que algunas ‘yeshiva’ en las que se instiga al odio contra los cristianos son el verdadero motivo de la oleada de violencia que culminó en las últimas semanas con el incendio de la Iglesia de la multiplicación de los Panes en Tabgha y en la de la casa de la localidad palestina de Duma, en la que murieron el pequeño Alí, de 18 meses, y su padre. Después de estos hechos violentos, el gobierno de Netanyahu prometió puño duro, y justamente en las últimas horas arrestó a los que habrían sido autores materiales de los incendios. Pero sigue intacto el problema de los religiosos que, con sus lecturas extremistas de la Torá, crean el contexto en el que maduran estos actos de violencia. El martes pasado, el Shin Bet, servicio de seguridad interna israelí, declaró que no son suficientes las evidencias para declarar fuera de la ley las acitvidades de Lehava, la organización guiada por Gopstein.