“Damos la bienvenida a la promesa del gobierno sudanés de eliminar la pena de muerte por apostasía y criminalizar a quienes hacen acusaciones de apostasía. Si se promulga, será un paso importante hacia la protección de la libertad de religión o creencias” dijo Mervyn Thomas, presidente ejecutivo de CSW.

El 8 de marzo, Mohamed Hassan Arabi, miembro del Consejo de Coordinación de las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), le dijo al Tribuna de Sudán que la pena de muerte sería eliminada bajo el Proyecto de Ley de Enmiendas Diversas de 2020 y reemplazada por una disposición que convierte en un delito penal, acusar a alguien de apostasía.

El artículo 126 del Código Penal de Sudán de 1991 estipula que los declarados culpables de apostasía deben ser condenados a muerte. El artículo se ha utilizado históricamente para atacar a las minorías religiosas y restringir la libertad de expresión. En  mayo de 2014,  el Tribunal de Orden Público de El Haj Yousif, Jartum, condenó a muerte a Meriam Ibrahim. Un tribunal de apelación revocó el fallo original en junio de 2014.

El Código Penal también contiene otras disposiciones que limitan las libertades personales y penalizan la blasfemia. No había indicios de que estos aspectos del Código Penal debían derogarse.

Los compromisos del gobierno de transición siguieron a días de una visita al país de dos comisionados de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USICRF) del 26 de febrero al 1 de marzo. Durante su visita, el presidente de USCIRF, Tony Perkins, y la comisionada Anurima Bhargava instaron al gobierno de transición a derogar formalmente el artículo 126. Los comisionados también reconocieron el desafío de convertir el optimismo renovado en reformas tangibles y significativas de libertad religiosa.

Estos desarrollos se producen semanas después de que tres iglesias en el estado del Nilo Azul fueran atacadas dos veces en menos de tres semanas. La Iglesia Interna de Sudán, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en Bout Town, estado del Nilo Azul, fueron atacadas el 28 de diciembre de 2019 y nuevamente el 16 de enero. A pesar de las garantías del gobierno federal y estatal de que las iglesias serían reconstruidas y los autores de los ataques serían llevados ante la justicia, las iglesias aún esperan una resolución. Fuentes locales informan que el gobierno ha ofrecido a las iglesias el equivalente a una compensación de US $ 900 para ayudar a reconstruir sus lugares de culto.  

“Sin embargo, seguimos preocupados de que el delito de apostasía permanezca en el Código Penal, junto con el artículo 125, que penaliza la blasfemia. CSW sigue pidiendo a Sudán que revoque toda legislación que impida el disfrute pleno por parte de cada ciudadano del derecho fundamental a la libertad de religión o de creencias. Alentamos al gobierno a que tome más medidas para garantizar que los ciudadanos sudaneses de todas las religiones y ninguno de ellos sean libres de practicar sus creencias de acuerdo con el derecho y las normas internacionales ", dijo Thomas, en un comunicado.