por Alver Metalli

Llegó la condena. Dura, como estaba previsto, considerando las disposiciones generales del Papa reinante. Fue notificada a los acusados y a la opinión pública de El Salvador por el arzobispo de la capital, José Luis Escobar Alas sin demasiadas vueltas: Jesús Delgado, Juan Francisco Gálvez y José Antonio Molina, tres sacerdotes del clero salvadoreño, “fueron encontrados culpables en sus respectivos juicios en el Vaticano, por lo que se les impuso la pena de dimisión del estado clerical, perdiendo total y definitivamente todas las facultades sacerdotales”. Por lo tanto, y ni siquiera esto se dejó implícito, “ellos no podrán ejercer ningún oficio ni función sacerdotal”.

Los primeros en ser informados sobre la severa sentenciaI fueron los interesados, después sus víctimas y por último, el domingo, todo el pueblo de Dios y la sociedad del país centroamericano, que sobre todo quedó impactada por el caso de Jesús Delgado, un respetado y conocido hombre de la Iglesia, nada menos que el secretario del hoy beato Romero, su principal biógrafo y gran promotor del proceso que llevó a los altares al obispo mártir. “Es duro, pero esto nos va a ayudar, nos hará madurar, nos hará crecer”, comentó Escobar Alas. “La Iglesia actúa así por el bien de todos, por el bien, en primer lugar, de las víctimas, y por supuesto de los victimarios, con el deseo de que se conviertan”.

Hasta el momento en que se difundió la noticia de la denuncia en su contra, en febrero de 2015, Jesús Delgado era vicario general de la arquidiócesis de San Salvador, y ocupaba el tercer cargo jerárquico después del arzobispo Escobar Alas y el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez. Estuvo en primera fila el 30 de octubre de 2015 en Roma, cuando una delegación de obispos, religiosos y laicos salvadoreños viajó al Vaticano para agradecerle al Papa por la beatificación de Romero en el mes de mayo y apoyar la causa de una pronta canonización. La reducción al estado laical “es una pena muy grave”, declaró Escobar Alas, ya que “la Iglesia no aplica penas que sancione con cárcel,  la más dura es ésta y es de carácter moral”.

Otro sacerdote salvadoreño muy conocido, Rafael Urrutia, canciller del arzobispado, había revelado en febrero de 2015 que la denuncia contra Delgado había sido presentada por una mujer de 42 años ante la Secretaría de inclusión social de San Salvador, un organismo que tutela los derechos de los menores. “Nunca daremos a conocer el nombre de la mujer ni tampoco divulgaremos el relato que nos hizo, que es confidencial”, afirmó Urrutia. “Porque seguramente hay otras víctimas y si los medios de comunicación quieren investigar sobre la víctima… las otras víctimas tendrán miedo de presentar una denuncia”.

En aquel momento comenzó una investigación que llevó a la suspensión de Jesús Delgado “de todas las funciones sacerdotales, pastorales y administrativas” en noviembre de 2015 después que el mismo acusado admitió haber abusado de una niña en los años ’80. La relación comenzó en 1982, dos años después del asesinato de monseñor Romero. Para la ley salvadoreña el delito de abuso contra menores cometido hace 34 años ya prescribió. Pero no para la Iglesia. “Nuestra Arquiodiócesis no va a encubrir ningún caso de abuso de menores” dijo en aquel momento Escobar Alas. “Al contrario, estará siempre en favor de la justicia y la verdad y en defensa de los niños”. Y así fue.

Los otros dos sacerdotes que primero fueron suspendidos de sus funciones sacerdotales y ahora han quedado reducidos al estado laical son un párroco, Juan Francisco Gálvez, denunciado por varias víctimas, y el sacerdote José Antonio Molina, involucrado en dos casos de abuso sexual.