Sergio Rubin

Uno de los comentarios más escuchados entre quienes están en contra de la legalización del aborto es que el Papa debería intervenir directamente, con mucha fuerza, para -supuestamente- evitar la aprobación del proyecto. A primera vista, el reclamo resulta atractivo para muchos celestes, especialmente para aquellos que consideran que Francisco es condescendiente con el kirchnerismo por su “simpatía” con el peronismo. Sin embargo, en una lectura más cuidadosa, saltan inconsistencias ante la demanda.

Ante todo, habría que ver si esa intervención sería efectiva. Por lo demás, nadie puede dudar de la condena de Jorge Bergoglio al aborto, en línea con la doctrina católica. Como pontífice lo hizo en numerosas ocasiones y de un modo contundente. Y en las últimas semanas refiriéndose a la Argentina, en sendas cartas que envió a mujeres de barrios populares y a ex alumnos suyos del colegio de la Inmaculada, de Santa Fe. “Es como contratar a un sicario para acabar con un problema”, les dijo.

Francisco fue más allá y, ante quienes dicen que ni el Papa, ni la Iglesia “deben imponer una cuestión religiosa a toda la sociedad”, replicó en esas cartas que “no se trata esencialmente de una problemática religiosa, sino moral” porque está en juego una vida en gestación. Pero siempre mostró una actitud comprensiva ante una mujer que aborta, muchas veces en medio de una gran angustia, y señaló la importancia de cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

¿Pero por qué no sale a la ventana del Palacio Apostólico y, de cara a la Plaza de San Pedro, ante a las cámaras de televisión, exhorta a los legisladores argentinos a votar en contra? Hay una respuesta si se quiere formal para ese interrogante: que Francisco es el jefe de un Estado y, por tanto, no puede inmiscuirse en otro Estado. Puede, por supuesto, expresar principios generales, pero no más. Son las iglesias de cada país las que deben involucrarse.

Hay otra respuesta más de fondo. Especialmente, a partir del Concilio Vaticano II –la magna asamblea que aggiornó al catolicismo en la década del ’60-,  la Iglesia reconoce la autonomía de la sociedad civil. Es decir, puede y debe proclamar sus principios, pero después son los ciudadanos a través de sus instituciones los que resuelven. No debe un Papa dejar de respetar esa autonomía, aunque sea en su país. Lo contrario sería una manifestación de clericalismo.

Durante siglos se criticó con razón a la Iglesia por gobernar lo temporal, por ejercer una teocracia. Aquella gravitación no fue buena para el propio catolicismo –lo ocurrido en España durante la dictadura de Francisco Franco es el ejemplo más cercano- y terminó provocando en no pocos casos una reacción virulenta. Costó mucho que lo religioso no quiera manejarle la vida a la gente y respete la libertad, que termina siendo lo más sano.

A veces hay cierta esquizofrenia en un sector de la sociedad que, por ejemplo, en la cuestión del aborto les pide al Papa y a la Iglesia que intervengan enérgicamente, pero cuando el pontífice o los obispos abogan por una economía más humana los acusan de populistas, estatistas, pobristas… O sea, quieren que critiquen cuando sus críticas coinciden con las de ellos y que callen cuando no. Quieren, en fin, una Iglesia a medida.

Los senadores que votarán el proyecto saben bien lo que piensa el Papa. Entre gente adulta no hace falta que un pontífice los llame al orden. Eso sí, ellos deben hacerlo a conciencia y libremente, sin presiones del presidente de la nación, ni de su sector político. Escuchando a la sociedad que –según casi todas las encuestas- está en contra de la legalización del aborto. Y los que son católicos, siendo coherentes con su doctrina.

Aunque la diferencia es apenas un acento, el Papa no es nuestro papá. Y vamos para cuatro décadas de democracia. Ya es tiempo de madurar.