Tres organizaciones cristianas nicaragüenses cerraron filas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al negar públicamente que exista una prohibición para ingresar Biblias al país, pese a las denuncias difundidas en redes sociales y medios independientes.

Estas denuncias previas contradicen la versión oficial. Antes de estas recientes declaraciones de los ministerios religiosos surgieron múltiples reportes que alertaban sobre restricciones al ingreso de materiales de lectura, incluidas Biblias, en fronteras y terminales de transporte internacional.

 La empresa Tica Bus colocó avisos en Costa Rica informando que no se permitía ingresar al país con Biblias, revistas ni periódicos, según reportes del medio Café con Voz. La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) también afirmó haber confirmado esta política con personal de Tica Bus en El Salvador y Honduras.

Los comunicados en favor del régimen

La Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua (Fienic), la Convención Bautista de Nicaragua y la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios emitieron comunicados divulgados por medios oficialistas en los que aseguran que en Nicaragua “se mantiene vigente el pleno ejercicio de la libertad religiosa” y que no hay restricciones para el uso, traslado o distribución de Biblias.

Fienic afirmó que “no existen prohibiciones que limiten el uso, traslado o entrega de la Biblia”, mientras que la Convención Bautista aseguró haber distribuido unas 20.000 Biblias entre 2024 y 2025 en centros penitenciarios, actividades juveniles y comunidades locales. Por su parte, Asambleas de Dios indicó haber importado más de 12.500 Biblias este año “con total normalidad” y con acompañamiento de instituciones estatales.

Contexto de creciente control y persecución religiosa

Desde la crisis sociopolítica de 2018, el régimen ha intensificado el control sobre las expresiones religiosas, encarcelando a pastores, sacerdotes y obispos, confiscando propiedades y bienes de entidades cristianas (evangélicas y católicas). También prohibiendo actividades masivas salvo las de iglesias o entidades afines al régimen.

Como muestra, en 2023 once miembros del Ministerio Puerta de la Montaña fueron detenidos y posteriormente condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión, además de multas millonarias y confiscación de bienes. Fueron excarcelados y desterrados en 2024.