Dos audiencias del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se llevaron a cabo esta semana con el alegato de los imputados Eamon Mullen y José Barbaccia, ex fiscales del caso, para quienes, en un acto desprolijo y falto de argumentos, la querella del Estado argentino -representada por el Ministerio de Justicia- pidió absolución. Por este motivo no sorprende ver cada tanto, y esta semana en especial, a asesores del ministro Garavano en la sala del juicio hundiéndose en cálidos abrazos con los ex fiscales.

En su presentación, lo defensores oficiales de Mullen y Barbaccia volvieron a insistir en que los ex fiscales, quienes comparten el banquillo de los acusados con Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el ex juez federal Juan José Galeano, entre otros, son inocentes y no participaron de las irregularidades que plagaron la investigación judicial del atentado. Según ellos, no sabían del pago ilegal a Telleldín y sus pedidos de prisión para los ex policías de la provincia de Buenos Aires fueron legítimos.

En primer lugar, la defensa demostró un claro cambio de postura respecto de las recientes declaraciones indagatorias de Mullen y Barbaccia, quienes sostuvieron que en la sala “está presente la conexión local del atentado”, en referencia a los ex policías. Ahora, por el contrario, los abogados reiteraron que “no estamos cuestionando la inocencia de los ex policías. Ellos ya fueron absueltos y somos respetuoso de los fallos judiciales”.

Luego, se centraron en el rechazo a la participación de los ex fiscales en el delito de privación ilegítima de la libertad de los entonces policías bonaerenses, involucrados en el atentado por una declaración comprada con 400 mil dólares de la SIDE al doblador de autos Carlos Telleldín, quien dijo que les entregó la trafic usada como coche bomba a un grupo de policías de las brigadas de Lanús y Vicente López que lo extorsionaban.

Al respecto, sostuvieron que los agentes policiales merecían estar procesados y en prisión por los delitos comunes que habían cometido (extorsiones, coacción, etc) y, más tarde, también por el atentado ya que la fiscalía de Mullen y Barbaccia logró supuestamente probar que fue la banda liderada por el ex comisario Juan José Ribelli la que se llevó la camioneta trafic de la casa de Telleldín el 10 de julio de 1994.

Aclararon con énfasis, incluso, que la declaración comprada a Telleldín en la que involucró a los ex policías no era necesaria para imputarles el atentado porque la “prueba exterior” era suficiente para confirmar su culpabilidad. “Sin la declaración de Telleldín, el resultado hubiera sido el mismo porque la prueba así lo indicaba”, dijeron y, ante esto, surge nuevamente la pregunta de por qué no incluyeron toda esa supuesta prueba en sus pedidos de detención.

Finalmente, como no podía faltar, volvieron a criticar a las querellas insinuando que, si al momento de la investigación, Memoria Activa no denunció irregularidades en la causa, por qué lo hace ahora: “Si el procesamiento era un mamarracho, ¿Por qué no lo plantearon en ese momento? Ahora con los mismos elementos, dicen que hubo encubrimiento”, expresó la defensa, como si veinte años, acceso limitado a la causa, dos juicios orales, una sentencia confirmada y una destitución de un juez después, los elementos para denunciar un claro encubrimiento del atentado fuesen “los mismos”. Esto sin siquiera mencionar las denuncias públicas realizadas por los familiares en cada acto y comunicado a lo largo de los años.

Su exposición, y seguramente las infundadas críticas a los familiares que hablan más de ellos que de nosotros, continúa el próximo jueves 23 de agosto a las 10.