La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y OSDE firmaron un convenio para la obtención de plasma de personas recuperadas de Coronavirus, también llamado “suero de convalecientes”, para el desarrollo de un tratamiento, aún en etapa experimental, para los pacientes COVID-19 positivos.

El plasma es la porción líquida de la sangre, lo que queda luego de remover las células de la misma. Contiene proteínas, sales, hormonas, entre otros componentes. Cuando se genera una infección en una persona, su organismo comienza a producir anticuerpos como mecanismo de defensa. Las personas que se recuperan de COVID-19 tienen muchos anticuerpos en el plasma. El tratamiento con plasma se basa en utilizar el mismo para aliviar los efectos de la enfermedad en otros pacientes infectados. Este tipo de terapia ha dado buenos resultados en el tratamiento de otros virus. Para el del Covid19, esta línea de investigación se encuentra en una etapa experimental, es decir, no hay ninguna evidencia científica firme, hasta el momento, que demuestre una recuperación en los pacientes con Coronavirus.

El convenio afirma que la UBA procederá a la obtención de plasma de donantes voluntarios, que serán previamente seleccionados y derivados por OSDE. El plasma obtenido será puesto a disposición de pacientes afectados por el COVID-19 registrados en entidades públicas y/o privadas.

OSDE es una de las principales empresas de salud de la Argentina. Según la revista Mercado, OSDE se posiciona en el puesto número 15 con sus ganancias, con 82.000 millones de pesos. Hoy junto a Swiss Medical, se reparte el 50% de los usuarios del sector privado. El 69% de las instituciones para internación en CABA son privadas, contando con 4 veces más de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que el sector público. Instituciones que no solamente amasan fortunas a costa de la salud y de la precarización de los trabajadores de sus clínicas, sino que reciben subsidios millonarios del Estado. Sin ir más lejos, el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quien cuenta con un patrimonio personal de US$ 1.000 millones, cobró el ATP. El mismo que advirtió un colapso en el sistema sanitario en las próximas semanas, pero dejando en claro que “la salud privada no se toca” para que “ninguna persona que pague servicio de salud privado termine en hospital público". Los números de ocupación de camas aumentan, llegando al límite de su capacidad. Es por eso que se hace urgente la necesidad de unificar el sistema de salud a nivel nacional, incluyendo la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de la Universidad, para lograr una más eficaz administración de los recursos disponibles y la tecnología para poder enfrentar la amenaza del colapso sanitario que está cada vez más cerca.

Del mismo modo, el convenio firmado entre el Decano de la Facultad de Medicina Ricardo Gelpi y el apoderado de OSDE, Nestor Marcelo Kamijo, deja abiertos varios interrogantes. En primer lugar, no queda claro quiénes son los beneficiados del tratamiento con plasma. Como venimos denunciando desde La Izquierda Diario, es urgente que las autoridades Nacionales sanitarias clarifiquen públicamente cuáles son los criterios para la aplicación de plasma entre los positivos de COVID-19. ¿En qué consiste el protocolo para tratar con plasma a pacientes? El infectólogo Fernando Polak indicó, hace poco en una entrevista, que “Hoy, hasta tanto se demuestre en un estudio formal la utilidad del plasma en alguna población y en alguna circunstancia, el único uso razonable es el uso compasivo”. El “tratamiento compasivo” refiere a una parte de un tratamiento que es más integral, como una de las cosas que los médicos pueden hacer para asistir al paciente. Encontramos quienes denunciaron que no se les está administrando el plasma por falta del mismo, pero a un político como a Insaurralde se lo dieron rápidamente. ¿Se trata este, verdaderamente de un “tratamiento compasivo”?

La cláusula número cinco del convenio establece que “la facultad pondrá el plasma obtenido a disposición de pacientes afectados por el COVID-19 registrados en entidades públicas y/o privadas” ¿cuáles son los criterios y quién decidirá esto? Ante una situación de crisis sanitaria, donde el sistema de salud público está en camino al colapso contando con la mayoría de los pacientes positivos de COVID-19, lo fijado por el convenio y las partes queda ambiguo. El tratamiento experimental con plasma podría aportar a descomprimir la demanda, evitando el uso de respiradores en algunos pacientes.

En la cláusula decimoquinta del convenio se deja expreso que “el presente acuerdo no implica desembolsos de dinero de parte de OSDE”. ¿Quién, entonces, va a asegurar la inversión tecnológica y de mano de obra? ¿la UBA? Algo que resulta raro, tratándose de una empresa que factura millones por año y que su rol en la salud no es más que el de mercantilizar un derecho elemental y hacer negociados para incrementar sus ganancias.

Por otro lado, es un acuerdo que se hizo a espaldas de los estudiantes, los docentes, no docentes y trabajadores de la salud. Esto no es nuevo en la Facultad de Medicina, como lo vimos con el llamado del GCBA, las autoridades de la facultad y el centro de estudiantes conducido por Nuevo Espacio, a los estudiantes que están en el último año de la carrera a hacer un voluntariado en el Plan DETeCTAr, sin capacitaciones ni la garantía de elementos de protección personal. El convenio con OSDE se decidió con el mismo método antidemocrático ¿Por qué antes de discutir con graduados, docentes, no docentes y estudiantes cuál es la mejor opción para aumentar la producción de plasma y que vaya a los lugares donde más se necesita, se prioriza acuerdos con empresas millonarias como OSDE?

Desde En Clave Roja y La Juventud del PTS venimos denunciando desde el comienzo de la pandemia que todos los recursos de la universidad como los laboratorios, tienen que estar puestos al servicio de combatir el Coronavirus. También, venimos exigiendo a las autoridades de la UBA capacitaciones masivas a los estudiantes para que los conocimientos estén a disposición de enfrentar la pandemia en curso, en primera línea con los trabajadores de la salud. Además, desde La Izquierda Diario venimos desarrollando un Observatorio de Salud para conocer la realidad en la que se encuentran los hospitales y sus trabajadores y mostrar lo que muchos ocultan.

Todo esto no lo proponemos como medidas aisladas. En los primeros 100 días de la cuarentena, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Salud de Nación Ginés García, amagaron con declarar los servicios de salud como utilidad pública y retrocedieron a chancletazos en pocas horas por la presión del lobby empresarial de salud. Es necesario que todos los recursos disponibles se distribuyan en función de las necesidades clínicas de los pacientes y no por su poder adquisitivo. Como lo expresamos en la Asamblea de Estudiantes de CABA queremos poner todo nuestro conocimiento al servicio de esta crisis sanitaria, en conjunto con los trabajadores. En ese sentido, creemos que una medida a tomar de manera urgente es la centralización del sistema de salud, tanto público como privado, bajo gestión de sus trabajadores y especialistas, para que el acceso a la salud sea realmente universal y deje de ser un negocio. Asi como también la declaración de interés público de todos los laboratorios medicinales y fábricas de insumos para hacer frente a la pandemia.