El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en el Museo de Malvinas en la ex Esma, en un evento en el que participaron Mario Volpe, el presidente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas, junto a otros ex soldados. En tal marco, solicitaron “se declare la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración del derecho de acceso a la Justicia y el derecho a la verdad porque lo que hizo la Corte con el fallo del 19 de febrero (de 2015) es convalidar la doctrina del punto final”. 

Silvio Katz, uno de los ex combatientes judíos, contó con lágrimas en los ojos: “A mí, por ser judío, me hicieron comer alimentos del piso mezclado con caca humana. Me estaquearon y obligaron a mis compañeros a orinarme encima”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas dependientes del Ministerio del Interior y Transporte, Ernesto Alonso, manifestó que “la Corte ha negado la posibilidad de tener justicia porque ninguno de los magistrados se ha tomado el tiempo de leer los expedientes”.

“Todos los días me levanto tratando de encontrar una explicación que pueda darle a mis hijos de por qué la justicia no quiere escuchar mi caso”, denunció Katz.

El Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas tiene alrededor de 150 quejas formales de abusos antisemitas durante la guerra por parte de los oficiales superiores.

Según el máximo tribunal de la Argentina, el caso expiró. “Si uno de esos jueces tiene la dignidad de escucharme y saber todo lo que sufrí, les aseguro que no dudas en que esos delitos deben ser juzgados”, reclamó Katz. 

Así, la presentación de los excombatientes ante la OEA se produjo luego de que la Corte Suprema ratificara el fallo que declaró “proscripta” la causa por torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la Guerra.