El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 2007. El Papa Francisco asegura que “no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza”.

Este año, concretamente se enmarca en un crisis mundial sin precedentes causada por la pandemia ha generado importantes desafíos sociales, políticos y legales a nivel mundial. De ahí, la importancia de que los estados, a medida que adoptan medidas de emergencia para abordar la crisis, “sigan defendiendo el estado de derecho, protegiendo y respetando las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso”.

Así lo ratificó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en unas declaraciones en las que instaba a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta a la COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria.

“La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho”, explicó hace unos meses coincidiento con la publicación de un informe de la ONU sobre los Derechos Humanos durante la COVID-19.

¿Qué dice el Papa de la democracia?

El Papa Francisco afirmó el 4 de junio de 2019 que “no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad”, durante un discurso que ofreció con motivo de la clausura de la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, celebrada en el Vaticano.

“Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres”, argumentó Jorge Bergoglio.

“Ello exige los esfuerzos de las máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo”, añadió.