Representantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y de Cáritas Nacional llevaron este jueves al Congreso Nacional una postura crítica frente al proyecto que propone modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad.

Durante la reunión, expusieron los ejes de la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, documento en el que plantean que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil. Según señalaron, la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina —con un piso de 16 años— mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región.

Los representantes de la CEPAS y de Cáritas sostuvieron que el Estado no cuenta hoy con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias necesarias para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos efectivos de reinserción social. En ese marco, advirtieron que, en un contexto de desfinanciamiento de políticas sociales, la ampliación de la respuesta penal recaería principalmente sobre los sectores más vulnerables sin atacar las causas estructurales de la violencia.

También subrayaron que los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos. Por ello, consideraron que los conflictos que involucren a menores de 16 años deben continuar siendo abordados por el sistema de protección de derechos y los juzgados de familia, dejando al sistema penal como última instancia.

Respecto de los mayores de 16 años que cometan delitos graves, propusieron fortalecer mecanismos de justicia restaurativa, al afirmar que estos modelos contribuyen a reducir la reincidencia y a promover instancias de reparación hacia las víctimas y la comunidad.

Finalmente, alertaron sobre posibles cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto en debate, al entender que podría implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

“La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, expresaron, y reiteraron su disposición a continuar el diálogo para una reforma integral del Régimen Penal Juvenil.