La Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos, un centro de debate sobre Derechos Humanos y discriminación, realizó en noviembre su Congreso anual en Israel, donde el juez Marcos Grabivker fue reelegido por tres años más como vicepresidente para Latinoamérica.

“La conducción de la Asociación está a cargo de una Junta de Gobernadores integrada por 40 miembros, que elige entre ellos un Comité Ejecutivo con ocho integrantes, de los cuales cinco son israelíes  y tres son no israelíes: uno representa a Latinoamérica, otro a Europa y el tercero a Estados Unidos. El Comité Ejecutivo se reúne periódicamente en Israel y los integrantes no israelíes participamos vía teleconferencia. La Junta de Gobernadores también se reúne vía teleconferencia. Estamos en permanente contacto”, especificó a AJN Grabivker.

Los temas principalmente de la conferencia están relacionados con los Derechos Humanos y la discriminación. La entidad se creó en 1969 y entre los fundadores más importantes estuvo René Cassin, que fue el redactor más importante, según algunos, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. René Cassin era un juez Contencioso Administrativo francés y fue Premio Nobel de la Paz. 

La entidad es una asociación y una federación a la vez, porque es una asociación de miembros individuales, personas físicas, y es una federación debido a que nuclea a asociaciones locales de abogados y juristas judíos. Hay asociaciones locales de abogados y juristas judíos en casi todos los países donde hay Estado de Derecho real.

En esta oportunidad, el eje central fue del Congreso fue “la situación que se produce en el estado de guerra de Israel y los Derechos Humanos, y también las denuncias que se hacen contra Israel por supuestas violaciones de los Derechos Humanos de palestinos o de no judíos en general”. 

“También se analizó el boicot a académicos y profesores universitarios en distintos países del mundo, particularmente en Europa. En temas de esta naturaleza desde Israel nos dirigimos a las autoridades del país, previa consulta y consenso, fijando posición”, contó Grabivker.

Nacido en Argentina, Grabivker se graduó de abogado y escribano en la UBA, en 1973 y 1974 respectivamente, donde cursó el Doctorado en Derecho. Después de casi 15 años de ejercicio de la profesión de abogado, en 1988 fue designado Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en 1994, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (cuya presidencia desempeñó en tres ocasiones), cargo que ocupa hasta hoy. 

A fines de 2010, fue designado presidente de la Sección de Administración de Justicia de la Federación Interamericana de Abogados en la reunión del Consejo Directivo de la institución, realizada en Costa Rica.

En relación al atentado a la AMIA ocurrido en 1994, donde murieron 85 personas, el juez aseguró a AJN que en la Asociación “hay mucho interés sobre estos temas, a punto tal que cuando se firmó el Memorándum entre Argentina e Irán, al instante tomaron contacto conmigo con muchísima preocupación”. 

“Cuando los anoticié de la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum por parte de la Cámara Federal, pidieron el fallo. Mi esposa (la jueza de la Cámara Contenciosa Administrativo Federal, Claudia Caputi) hizo un trabajo importante porque sintetizó la sentencia de la Cámara Federal y la tradujo, y esto fue distribuido a todos los miembros de la Asociación, trabajo que fue agradecido especialmente por la presidente de la Asociación, Irit Kohn, que está retirada después de haber sido funcionaria del ministerio de Justicia israelí y es una especialista en lo relacionado a extradiciones en Israel”, agregó.

Consultado sobre cómo amalgama su cargo de vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados con su labor diaria en la justicia argentina, respondió que no tiene problemas, porque su tarea judicial diaria “sigue por su carril y el cargo internacional no interfiere para nada”. Los jueces, para formar parte de los órganos de conducción de asociaciones civiles, tienen que pedir autorización al Consejo de la Magistratura y hasta ahora no ha tenido inconvenientes en obtenerla.

Por último, aclaró que como juez no está inhibido de participar en las instituciones locales de la comunidad judía: “Lo que los jueces no podemos hacer es tener afiliación política, pensando en función de la política partidaria argentina. La gran mayoría de las entidades judías no son de política partidaria alguna, sino que son entidades asistenciales, educativas, sociodeportivas, religiosas. En realidad, la entidad política por antonomasia es la DAIA. La AMIA tampoco en su sentido estricto es una entidad política, es una mutual que tiene un perfil muy alto en función de su actividad, pero no habría un impedimento formal para integrar su Comisión Directiva. Lo que no podría integrar es el Consejo Directivo de la DAIA, que se define como representante político de la comunidad judía de Argentina. Además, hay otra situación, que es muy concreta y que hace a las incumbencias de la DAIA, que en teoría y en la práctica tiene que tener, a veces, confrontación con los poderes públicos. Incluyen causas judiciales y un juez no puede estar confrontando con uno de los poderes del Estado, siendo un buen ejemplo lo ocurrido con el Memorándum”.