Luis Felipe Utrera-Molina es el abogado de la familia Franco que ha hecho lo imposible tanto desde el punto de vista jurídico y humano para que evitar la exhumación de Franco. "He vivido lo que parecía que era imposible jurídicamente que pudiera ocurrir", comenta a Religión Confidencial. 

Por esta razón, aunque el Gobierno no tiene autoridad para desacralizar el Valle de los Caídos, no le extraña que lo hagan cueste lo que cueste, afirma en referencia al anteproyecto de Ley sobre Memoria Democrática aprobada por el Gobierno. 

Una de las pretensiones de esta normativa es extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos pero para que esto se produzca, el Gobierno debe denunciar el convenio suscrito en agosto de 1957 entre la entidad y la Orden Benedictina que atiende la Abadía. Patrimonio, por su parte, se encarga de la administración del Valle. 

La Basílica continuará siendo lugar de culto

"Una vez denunciado este convenio habrá que ver si la Orden benedictina acepta o no la resolución del convenio, pues en caso de negarse, el Estado se vería obligado a acudir a los tribunales de justicia para expulsar a los monjes benedictinos", explica el abogado a RC.  

En cualquier caso, la Basílica continuaría siendo un lugar de culto por lo que, en caso de que la Orden Benedictina abandonase su custodia, pasaría a ser responsabilidad de la diócesis de Madrid. 

El abogado insiste en que para desacralizar todo el Valle y hacer un cementerio civil "el Gobierno necesita la autorización del Vaticano, puesto que la Basílica es Menor y Pontificia. La  Abadía Benedictina depende de la Abadía de Solesmes y por encima de esta sólo depende jerárquicamente del Papa". 

La Iglesia Católica debería pronunciarse 

"Desacralizar el Valle de los Caídos son palabras mayores y la Iglesia Católica debería pronunciarse. Ningún gobierno tiene competencia para hacer lo que le venga en gana en un lugar sagrado, como tampoco la tienen en un lugar de culto judío o musulmán", subraya Luis Felipe Utrera-Molina. 

Además, no hay que olvidar que convertir el Valle en un cementerio civil, privaría del derecho de estar enterrados en un lugar sagrado "no sólo a los 52 mártires beatificados por el Papa (monjes, religiosos y laicos) sino también a los restos de cerca de 40.000 católicos, cuyas familias solicitaron fueran enterrados en lugar sagrado católico. Es conculcar los derechos de libertad religiosa", asevera el abogado. 

En cualquier caso, y a pesar de las trabas legales, al exhumar a Franco se ha creado un precedente: que una autoridad civil de un Estado pueda decidir lo que se puede o no puede hacer en un lugar sagrado "conculcando gravemente los acuerdos entre la Iglesia y el Estado Español de 1979 que garantizan la inviolabilidad de los lugares de culto", concluye Utrera-Molina. 

Deshacer la bendición del panteón de hombres ilustres 

Otra de las medidas de esta nueva ley sobre Memoria Democrática es denominar el "Panteón de hombres ilustres" en "Panteón de España", para incluir a los hombres y a las mujeres que hayan destacado por sus aportaciones al país.

Según ha podido saber Religión Confidencial por otras fuentes, miembros del Gobierno pidieron por escrito a autoridades de la Iglesia Católica en España que deshicieran la bendición que existe en el panteón de los hombres ilustres, panteón donde hay enterrados algún masón. La Iglesia Católica respondió que no se puede deshacer una bendición desde el punto de vista canónico. Sorprende que este tipo de petición no es propia de agnósticos, sino de ateos militantes.