La activista Sayragul Sauytbal pasó cinco meses en uno de los llamados “Centros de Educación y Formación Vocacional” (VETC, en sus siglas en inglés) que China construyó a mediados de la pasada década para reprimir a la población uigur y a otras minorías étnicas musulmanas en la provincia de Xinjiang, en el extremo occidental del país. 

Como profesora, fue obligada a reeducar a los detenidos y a participar en la campaña orquestada por Pekín para forzar la asimilación cultural de los habitantes de esta región con los Han, la etnia mayoritaria en el gigante asiático, a base de detenciones arbitrarias, encarcelamientos y torturas físicas y psicológicas. 

Ocho años después de su huida del país, Sauytbal ejerce como vicepresidenta del Gobierno en el exilio de Turkistán Oriental —el término con el que estas minorías se refieren a Xinjiang— desde Suecia, donde recibió asilo junto a su marido y sus hijos. 

En una entrevista con EL PERIÓDICO, la activista, de etnia kazaja, alerta de que China está a punto de lograr su objetivo de acabar con el legado de los uigures, de los kazajos y de otros grupos musulmanes minoritarios y lanza un mensaje a la comunidad internacional para que vuelva a poner el foco en una situación que ha quedado relegada a un segundo plano en los últimos años. 

“China afirma haber cerrado los campos, pero siguen en funcionamiento”, denuncia por videollamada. “Lo único que ha cambiado es que se han retirado las torres de vigilancia, pero siguen funcionando y se han construido enormes instalaciones industriales a su alrededor, por lo que el Gobierno chino afirma ahora que se trata de centros de formación profesional en los que se imparte formación laboral a los reclusos y se les proporcionan puestos de trabajo”, añade.

En un informe de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, en sus siglas en inglés) indicó que más de un millón de personas podrían haber pasado por estos campos, aunque se desconocen las cifras oficiales. Los internos, desde adolescentes hasta ancianos, pasaron meses e incluso años en estas instalaciones por motivos tan arbitrarios como tener “demasiados hijos”, llevar velo o barba o haber solicitado un pasaporte extranjero. 

“El Gobierno chino ha logrado alcanzar el 90% de sus objetivos. El 10% restante pretende completarlo acabando por completo con nuestro pueblo y legalizando y normalizando su política genocida. Si nada cambia, lo conseguirán en el plazo de una o dos décadas”, afirma la activista, quien pone como ejemplo la reciente aprobación de una nueva ley de “unidad étnica” en la Asamblea Popular Nacional de China. Esta norma establece que el mandarín sea la lengua de enseñanza en las escuelas y en la comunicación oficial; exige a los padres que “eduquen y orienten” a los niños para que amen al PPCh; y criminaliza la oposición a matrimonios mixtos por motivos étnicos o religiosos, entre otras medidas. 

Para Sayragul, este es un paso más en lo que considera un “genocidio” de las minorías musulmanas. “China sigue trasladando colonos chinos a Turkistán Oriental, mientras que más de un millón de niños han sido separados de sus familias y enviados a orfanatos e internados con el objetivo de lavarles el cerebro y de erradicar su identidad y su cultura, poniendo en riesgo el futuro de nuestros pueblos”, afirma. 

La única posibilidad para parar la asimilación forzosa de estos grupos es que la comunidad internacional vuelva a poner el foco en esta región del mundo, asegura la activista. Algo que se presenta muy complicado en el que la atención está puesta en otros escenarios de conflicto, informó Diario Córdoba.