por Andrea Bonzo

Los porqués del Sí, los porqués del No, la búsqueda de una razonable síntesis que amplíe la base de aprobación social de los Acuerdos de paz. Tal es el objetivo que los dos frentes se han propuesto desde el inesperado resultado del plebiscito del 2 de octubre que rechazó el Acuerdo laboriosamente alcanzado en La Habana tras cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Y tal vez no falta mucho para la fumata blanca.

Recientemente las principales organizaciones de la sociedad civil colombiana y destacados profesores universitarios han intentado aportar una colaboración, presentando su propia fórmula para conciliar las razones del No y las del Sí. El resultado ha sido un abultado documento de 21 puntos que “enfrentan razonablemente las principales críticas y temores de quienes votaron No en el plebiscito pero, a la vez, preservan la estructura y la esencia del Acuerdo Final”.

La línea de fondo es la continuidad respecto del Acuerdo firmado el 26 de septiembre en Cartagena, con algunas concesiones a la línea crítica. En general lo que se pide es que ya el texto del Acuerdo detalle con mayor precisión algunas cuestiones que podrían dar origen a controversias, como el juicio a los ex guerrilleros y su participación en política.

El documento está firmado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Instituto de Ciencia Política (ICP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y más de una decena de profesores de universidades de todo el país, entre muchos otros.

La revista colombiana Semana resumió los 21 puntos que deben tener en cuenta los nuevos Acuerdos de paz. Son los siguientes:

1) Diálogo entre todos los sectores políticos: La línea de diálogo en realidad ya fue adoptada por Santos, quien después del naufragio del referendo desarrolló una serie de consultas con todos los voceros del frente del No, comenzando por el principal opositor, Uribe. Lo que se pide es perseverar en esta línea de manera “permanente y continua”.

2) Medidas jurídicas urgentes en el Congreso. Los expertos piden adelantar cuanto antes la Ley de Amnistía para los guerrilleros, salvo cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, y condicionarla al desarme definitivo de las FARC.

3) Seguridad política y jurídica. El Acuerdo debe establecer las normas para su implementación y los criterios de interpretación de las mismas (para evitar controversias jurídicas).

4) Respaldar la Jurisdicción Especial para la Paz. Los firmantes piden que se preserve la jurisdicción especial e independiente que administre la justicia en los casos de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado, aunque debería fijar un límite “temporal y razonable” de la JEP. Es uno de los puntos con los que Uribe estaba en desacuerdo.

5) Jurisdicción Especial y terceros. El nuevo Acuerdo debería prever que la JEP también pueda juzgar a terceros, pero solo si tuvieron una participación determinante o habitual en los crímenes. Los otros terceros – la mayoría – quedan sujetos a la justicia ordinaria.

6) La responsabilidad de mando. El Acuerdo debería precisar la responsabilidad de los mandos de las FARC y de los agentes estatales por los actos de sus subordinados.

7)  La restricción de la libertad. El nuevo Acuerdo debería también fijar con mayor precisión las condiciones de cumplimiento de la restricción efectiva de la libertad. La condena podría cumplirse en zonas rurales bajo la supervisión de organizaciones internacionales como la ONU.

8) Participación política. Uno de los puntos del viejo Acuerdo más rechazado por el frente del No era la posibilidad de que los líderes de las FARC, que en algunos casos son responsables de crímenes internacionales y violaciones de los derechos humanos, puedan acceder a cargos electivos. La propuesta de las organizaciones firmantes es que esta transición de las armas a la política se pueda realizar, pero no inmediatamente. La solución propuesta es que los derechos políticos de los ex combatientes condenados por delitos que no se incluyen en la amnistía puedan ser recuperados progresivamente, cuando se hayan cumplido efectivamente las sanciones correspondientes.

9)  Narcotráfico. Es necesario precisar de manera explícita el compromiso de las FARC en el esclarecimiento de los vínculos con el narcotráfico y de la no repetición de tales prácticas.

10)  Tratamiento penal del narcotráfico. Los firmantes consideran que, vista la importancia de este crimen para la sociedad colombiana, el Acuerdo debería explicitar que el tratamiento penal especial sería otorgado a condición de que el involucramiento en el narcotráfico no haya buscado un provecho personal y haya colaboración efectiva en términos de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos y entrega de información y de bienes para reparar materialmente a las víctimas.

11)  Entrega de bienes. El Acuerdo debería explicitar el compromiso de las FARC de poner a disposición de la sociedad colombiana los bienes derivados de la denominada “economía de guerra”, para que estos contribuyan a la reparación de las víctimas.

12)  No persecución a pequeños cultivadores. El Acuerdo debería mantener la renuncia condicionada a la acción penal para pequeños cultivadores.

13)  Reforma rural para proteger a los campesinos. Este es uno de los puntos que está en la raíz del conflicto. La propuesta de las ONG sugiere que el nuevo Acuerdo establezca que se protege la propiedad privada, pero dentro de los límites y restricciones de su función social y ecológica, que por otra parte ya está fijada en la Constitución colombiana.

14)  Confiscación de tierras. El Acuerdo debería precisar que los procesos de extinción de dominio, por violación de la función social y ecológica de la propiedad, proceden en los términos consagrados en la Constitución y en las leyes vigentes.

15)  Fondo Nacional de Tierras. El Acuerdo debería fijar de manera explícita que la competencia para adjudicar terrenos del Fondo de Tierras le corresponde al Gobierno Nacional.

16)  Zonas de Reserva Campesina. El Acuerdo debería explicitar que uno de los criterios para la constitución de Zonas de Reserva Campesina es que los terrenos solicitados no se traslapen con títulos colectivos y que se le dé prioridad a los terrenos que estén libres de cultivos ilícitos.

17)  Participación ciudadana. El aporte para un nuevo Acuerdo sugiere que se abra la participación en el proceso de diseño e implementación a otros actores sociales, como gremios y empresarios.

18)  El umbral. El Acuerdo debería precisar que el umbral de votación dejará de ser un requisito únicamente para el reconocimiento de la existencia de una organización política, pero seguirá siéndolo para todos los demás efectos, como la financiación electoral.

19) Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz exclusivas. En nuevo Acuerdo debería especificar que el movimiento político que surja de las FARC no podrá inscribir candidatos para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (que son las zonas donde el conflicto se desarrolló con más violencia y donde la guerrilla tiene mayor influencia, ndr).

20) Derechos de las víctimas. No se pueden aceptar aquellas propuestas que buscan menguar los mecanismos existentes a favor de las víctimas, como la restitución de tierras. Los firmantes consideran que esta medida es un “pilar fundamental” de la Constitución que no puede ser modificado. El Acuerdo debería establecer explícitamente que los “terceros sin culpa” que demuestren haber sufrido un daño tienen el derecho legal a ser recompensados.

21) Género. El nuevo Acuerdo debería incorporar disposiciones que reconozcan y establezcan medidas de reparación a favor de quienes, por razón de sus creencias religiosas hayan sufrido violaciones de sus derechos.